Otro actor se sumó al idea y vuelta de cruces discursivos que desató la decisión del fiscal Marcelo Leguizamón, de citar a ediles de Banda del Río Salí que habían autorizado el funcionamiento de actividades no esenciales en esa ciudad del este tucumano, mientras regían las restricciones decretadas por los Gobiernos nacional y provincial.
El abogado Mario Mirra fustigó con dureza al intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, debido a las declaraciones de este contra el magistrado. Monteros había dicho que se trataba de un avasallamiento contra la autonomía municipal, y aunque no había afirmado de manera contundente que el involucramiento del fiscal responda a la interna desatada dentro del oficialismo, esa idea había quedado sobrevolando en el aire, al menos para Mirra.
"Las declaraciones de Monteros constituyen una grave afrenta al Poder Judicial. Decir que ese poder del Estado estaría influenciado por cumplir con la ley es realmente un despropósito canallesco. Y referir que la tarea de un fiscal, que representa los intereses de toda la sociedad, está influenciada por una interna política no solo significa un supino desconocimiento del sistema representativo de Gobierno y la división de poderes, sino también un total, artero y solapado ataque al sistema democrático", afirmó Mirra.
Según el abogado, las declaraciones del intendente bandeño constituyen una gravedad institucional que no tienen parangón y que provocan el total descreimiento de la sociedad en el Poder Judicial.
"(Si cada) vez que a Monteros no le guste las determinaciones o resoluciones de un fiscal o de juez va a fomentar un pedido de juicio político, sabiendo que la comisión que debe revisar estos pedidos esta conducida por legisladores jaldistas, nos constituiría en rehenes de un sistema perverso de presión institucional", destacó Mirra, en referencia al anuncio de que los concejales presentarían tal planteo ante la comisión de Juicio Político.
"Lejos de buscar justicia independiente, Monteros quiere una Justicia a su medida, constituyendo presión sobre los funcionarios del poder judicial. Como profesional independiente insto a rever este tipo de comportamientos y declaraciones, que destruyen la institucionalidad de la provincia y profundizan el descreimiento de la sociedad toda en los poderes constituidos democráticamente", finalizó Mirra.