Una ministra pide a Jiménez que investigue el caso Tacacho

El Gobierno del presidente Alberto Fernández se implicó en el caso de Paola Tacacho para solicitar el esclarecimiento de las responsabilidades atinentes al Ministerio Público Fiscal de Tucumán. Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, pidió al titular de aquel órgano, Edmundo Jiménez, que investigue “el accionar” de los funcionarios que manejaron las 13 causas penales promovidas por la víctima. “La integridad de Tacacho estaba amenazada desde 2015 y, pese a los pedidos de asistencia y de tutela judicial, el 30 de octubre fue asesinada”, dijo la ministra a Jiménez, quien está de licencia desde hace más de un año.

La integrante del Gabinete de la Nación expresó al jefe de los fiscales provinciales que la profesora de Inglés, quien tenía 32 años cuando su ex alumno Mauricio Parada Parejas la apuñaló en pleno Barrio Norte de San Miguel de Tucumán, había iniciado al menos 13 causas penales contra su victimario entre 2016 y 2020 (acabaron acumuladas en 10). “Se desprende de la gran cantidad de procesos originados por las denuncias de Paola que, pese a las pruebas aportadas, el servicio de justicia resultó indiferente a los riesgos a la vida que aquella señalaba. Las respuestas estatales proporcionadas por quienes debían velar por la integridad física de la víctima en ningún momento pusieron fin al acoso y a las amenazas de muerte que sufrió durante los últimos cinco años de su vida, que fueron la antesala del femicidio”, dijo.

Gómez Alcorta enumeró los casos, y precisó que en ellos habían intervenido los fiscales Adriana Reinoso Cuello, Diego López Ávila, Mariana Rivadeneira, María del Carmen Reuter, Washington Navarro Dávila (jefe de los defensores oficiales desde octubre de 2018), Ignacio López Bustos y Claudio Bonari -a ellos se suma el auxiliar Fernando Isa-.

Posibles faltas o delitos

La ministra de la Nación incluso advirtió que en el proceso que archivó López Bustos en 2020, meses antes del crimen, había un registro de las 13 denuncias previas que Tacacho había radicado contra Parada Parejas: “a pesar de esto, los hechos no fueron debidamente investigados. Se dispusieron un sinnúmero de medidas de prohibición de acercamiento que fueron sistemáticamente violadas por el agresor sin consecuencia alguna. Esto generó la desprotección que terminó en el femicidio de Paola”.

El 17 de mayo, Gómez Alcorta y su subsecretaria Carolina Varsky se encontraron en Salta con la madre y con la prima de la víctima, Mariela Tacacho y Nilda Zerpa. La ministra tuiteó una foto de la reunión, y consignó que acompañaban a las familiares en el proceso que enfrentaban por los delitos cometidos contra Tacacho, y que trabajaban para garantizar intervenciones justas y con perspectiva de género por parte de los poderes judiciales.

Diez días después de esa entrevista, la funcionaria formalizó la petición ante Jiménez para que el Ministerio Público Fiscal dilucide qué pasó. Gómez Alcorta argumentó que fundaba su pedido en los tratados internacionales que el Estado argentino se había comprometido a cumplir.

“En virtud de las obligaciones contraídas es de interés de mi Ministerio que las investigaciones sobre violencias extremas por motivos de género se lleven adelante de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos y la legislación específica”, dijo Gómez Alcorta. Y agregó que Jiménez, en tanto ministro fiscal, tenía como función legal “vigilar la conducta de los funcionarios constitucionales y de ley; auxiliares y empleados” de su institución.

“Asimismo, el artículo 129 de la Constitución de Tucumán faculta al ministro fiscal a denunciar la falta de cumplimiento de los deberes de funcionarios del organismo a su cargo ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura”, aseguró la ministra. Según su criterio, resultaba imperioso determinar si algún miembro del Ministerio Público Fiscal había omitido llevar adelante actos que debía practicar, o si había tenido un desempeño abusivo, arbitrario o negligente. Gómez Alcorta sugirió que podría haber faltas administrativas o comisión de delitos, como el retardo de justicia o el encubrimiento.

A siete meses del femicidio no ha habido sanciones para los miembros del sistema judicial que recibieron sus por lo menos 22 pedidos de ayuda (entre denuncias y declaraciones testimoniales). El jueves trascendió que el 24 de febrero la mayoría de la comisión de Juicio Político dio por jubilado al juez que sobreseyó a Parada Parejas, Juan Francisco Pisa, quien sigue en funciones, aunque la Ley 8.934 obligaba a suspender las actuaciones. Este mes, los bloques peronistas que integran el comité se unieron para archivar una denuncia respecto de Rivadeneira. La Corte, por su lado, dispuso la apertura de un sumario administrativo en el ex juzgado de Pisa y en otra unidad judicial mediante una acordada en la que admitió que el Ministerio Público Fiscal le había impedido el acceso a las causas penales de Tacacho.