Salvataje salvaje para el más polémico de los jueces

En “Poderes salvajes”, el jurista italiano Luigi Ferrajoli alertó que “una democracia puede quebrar” aún sin golpes de estado en sentido propio si las violaciones a sus principios eran naturalizadas por la ciudadanía. “Como escribió Montesquieu, es un dato de la ‘experiencia eterna’ que los poderes libres de límites y de controles tienden a concentrarse y a acumularse en formas absolutas, y a convertirse, a falta de reglas, en poderes salvajes”, recordó Ferrajoli en el ensayo que publicó hace 10 años. El libro parte de la observación del rechazo no ya de la Constitución, sino del constitucionalismo, por parte del Gobierno italiano que entonces lideraba el magnate Silvio Berlusconi. La descripción de ese “proceso deconstituyente” tiene actualidad y validez plena en “Trucumán”, donde un órgano legislativo otorgó al más polémico de los jueces, Juan Francisco Pisa, una inmunidad total no estatuida en el orden jurídico. Mediante una resolución secreta, la comisión de Juicio Político de la Legislatura colocó a Pisa por encima del Estado de derecho, es decir, fuera de la obligación republicana de rendir cuentas.

El juez que brindó servicios invaluables para el poder político desde que el ex gobernador José Alperovich lo designara a dedo en 2004 recibió un privilegio único: haga lo que haga, no podrá ser destituido. Dicho en otros términos: ocho legisladores peronistas y un bussista declinaron sus facultades de control respecto de Pisa, y le garantizaron que nada podrá privarlo del acceso a una jubilación excepcional que posiblemente ronde ya los $ 400.000. La lectura de la Resolución 528 del 24 de febrero de 2020, donde consta este blindaje inédito, evidencia que los representantes del pueblo actuaron a sabiendas en contra de la Ley 8.934 dictada por el propio poder que integran. ¿Por qué? Porque citaron el artículo 30 que otorga un plazo de 60 días hábiles para jubilarse a los jueces que logran detener sus procedimientos de destitución mediante la aceptación por parte del Gobierno de una renuncia condicionada, y, acto seguido, dejaron de lado la norma; clausuraron el procedimiento y archivaron siete impugnaciones. ¿Con qué argumento? Los legisladores dieron por hecho, a partir del decreto del gobernador Juan Manzur y de la ministra Carolina Vargas Aignasse, y del descargo de Pisa, que este iba a jubilarse. Pero hete aquí que el pronóstico previsional falló y que el juez está haciendo el máximo honor a su apodo: sigue más “pancho” que nunca.

En Tucumán se habían visto casos de fiscales acorralados por las denuncias a quienes el ex gobernador Alperovich había salvado con oportunas aceptaciones de dimisiones, que sin embargo tuvieron que sudar la gota gorda para superar a tiempo la burocracia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como Carlos Albaca y Guillermo Herrera. Pero nunca se vio algo como lo de Pisa. No sólo por el contenido de la Resolución 528 que firmaron Sergio Mansilla, Gonzalo Monteros, Reneé Ramírez, Adriana Najar, Enrique Bethencourt, Carlos Gómez, Mariela Reyes Elías, Julio Silman y Mario Casali, sino también por el oscurantismo. Entre el 24 de febrero y el 27 de mayo, cuando finalmente apareció la decisión, los legisladores que la rubricaron permanecieron en silencio: implícitamente dejaron correr la idea de que las actuaciones contra Pisa por haber sobreseído al femicida de Paola Tacacho, Mauricio Parada Parejas, estaban suspendidas como mandaba la ley, cuando ellos se habían encargado de cancelarlas para siempre.

La comisión de Juicio Político de la Legislatura se está erigiendo en el exponente número uno de la ausencia de transparencia institucional en la provincia. También de la incoherencia y la contradicción. Sólo unas semanas antes de colocar a Pisa fuera del sistema constitucional de pesos y contrapesos, el peronista que entonces presidía el comité, Zacarías Khoder, había ofrendado la destitución de Enrique Pedicone, el camarista que había denunciado al vocal Daniel Leiva, “a la memoria de las víctimas de delitos”. Le tocó a Tacacho demostrar que ese discurso sólo valía para acusar a los que se atrevían a desafiar al oficialismo. La violencia con la que autoridades de los tres poderes del Estado trataron a esta mujer parece no tener límites: cómo serán las transgresiones a los tratados internacionales detectadas que hasta una ministra de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, pidió al jefe de los fiscales (con licencia hace más de un año), Edmundo Jiménez, que investigue e impida la impunidad del caso.

A un príncipe del foro le llama la atención que ni siquiera quienes tocaron las puertas de Juicio Político hayan accedido a la respuesta formal respecto de Pisa. El nivel de secretismo es tal que hasta los legisladores de la oposición desconocerían qué pasa allí adentro, como lo acredita el hecho de que, transcurrido el término del artículo 30, el radical José María Canelada se haya puesto al frente del reclamo para la reanudación de las actuaciones. Este “sótano” plagado de enigmas consiguió desviar la atención hacia Manzur y Vargas Aignasse, y que sólo ellos pagaran el precio de inmunizar políticamente a Pisa. Pero no pudieron esconder eternamente la verdad, que es hija del tiempo, como dicen los griegos, y ahora enfrentan presiones recargadas. Hoy, por lo pronto, el comité tiene previsto reunirse de nuevo -siempre a puertas cerradas- para analizar el tercer pedido de destitución articulado por el abogado Gustavo Morales contra Jiménez por “inhabilidad física sobreviniente” y otra impugnación referida a la fiscala Mariana Rivadeneira por haber desestimado sin investigar denuncias de Tacacho, incluida la causa sexta donde Parada Parejas llegó a estar detenido y fue liberado con la intervención de su hermano Ronald Parada Parejas, que se presentó como asesor legislativo.

¿Hasta cuándo Juicio Político podrá desafiar los límites constitucionales sin que ello se le vuelva en contra? ¿O será que sus mayorías también están exentas de responsabilidades? ¿Profundizará la nueva conducción del cuerpo afín al vicegobernador Osvaldo Jaldo el perfil disciplinador de la magistratura cultivado de manera implacable desde 2006? Son preguntas que tal vez sea ocioso formular. El salvataje salvaje de Pisa vuelve a corroborar la existencia de un poder militante del paradigma decadente que enunció Ferrajoli, que no reconocería fronteras tanto para proteger como para destruir.