Arrecian los planteos contra Pisa en la Legislatura

Los planteos para que la comisión de Juicio Político de la Legislatura reabra el proceso de destitución contra el juez penal Juan Francisco Pisa arreciaron ayer.

El magistrado sobreseyó en junio de 2017 a Mauricio Parada Parejas, cuando el fiscal Diego López Ávila pidió elevar a juicio la causa por la violación de la orden de restricción de acercamiento por parte del acosador, medida que había solicitado la docente Paola Tacacho. El 30 de octubre de 2020, Parada Parejas asesinó a Tacacho y luego se suicidó.

Se presentaron siete pedidos de destitución contra el juez, pero el jueves se conoció que el 24 de febrero la comisión parlamentaria no sólo había suspendido los plazos del proceso de Pisa por 60 días hábiles, dado que él había presentado la renuncia condicionada a la obtención de la jubilación, dimisión que había sido aceptada por el gobernador Juan Manzur. Los miembros de Juicio Político (con la sola excepción del alfarista Raúl Pellegrini) también “clausuraron” ese día “las actuaciones” contra el juez.

Esta semana vencieron los plazos para que Pisa pueda ser acusado por la comisión de Juicio Político ante el Jurado de Enjuiciamiento. Y Pisa sigue siendo juez en ejercicio, porque no obtuvo el beneficio previsional.

El legislador radical José María Canelada, quien promovió el primer pedido de destitución de Pisa por presunto mal desempeño de sus funciones, le presentó una nota hoy al titular de la comisión de juicio Político, Raúl Ferrazzano, para que reactiva el trámite.

“Pasaron 60 días hábiles y sigue siendo juez. La ley es clara: cumplido este plazo, la comisión de Juicio Político debe expedirse sobre su situación. Hay elementos de sobra para acusarlo”, aseveró el parlamentario opositor.

En sentido similar se expresó el abogado Gustavo Morales, quien patrocina a Alejandra del Castillo en otro de los planteos de remoción contra el juez. En una nota dirigida al pleno de la comisión de Juicio Político, “se solicita que se formule acusación en contra del denunciado juez Pisa y que se inicie el proceso de destitución” ante el jury de enjuiciamiento, expresa el documento ingresado como Expediente 43-JP-21.

El legislador radical José Ascárate, en tanto, recordó que en noviembre de 2020 remitió una nota a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Claudia Sbdar, en la cual detalló las 13 veces en que Tacacho acudió a los Tribunales, entre 2015 y 2020 para denunciar el acoso que sufría. En el texto, el opositor solitaba que se informase “cuales son las medidas administrativas y disciplinarias que tomara en ejercicio del rol de superintendencia de la Corte, respecto a la actuación del juez Pisa, en relación con el sobreseimiento dictado a favor de Mauricio Parada Parejas”.

“Sólo la Corte Suprema puede volver este tema adonde corresponde: rechazar la renuncia para la jubilación y, en su rol de superintendencia del Poder Judicial, aplicar sanciones e inclusive reabrir un pedido de enjuiciamiento político”, manifestó el parlamentario a LA GACETA.

Voces y silencios

“La decisión que se tomó en febrero no fue arbitraria: Pisa había presentado la dimisión condicionada a la jubilación, el gobernador había dictado el decreto de aceptación de esa renuncia y el juez había iniciado los trámites ante la Anses. Entonces, como dicen los considerandos de la resolución, los plazos fueron suspendidos. Vecidos los 60 días, si Pisa sigue siendo juez, debió reactivarse el proceso”, manifestó ayer a LA GACETA el legislador Zacarías Khoder, quien presidió Juicio Político hasta principios de este mes. En la sesión del jueves 6, en el marco de la interna entre el gobernador Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, la Legislatura modificó la integración de esa comisión, que luego pasó a estar presidida por Ferrazzano. Ayer, LA GACETA contactó al parlamentario para consultarle sobre el vencimiento de los plazos del proceso contra Pisa, así como respecto de los pedidos de reapertura. A las 19.12, el legislador escribió por WhatsApp que se encontraba “en un zoom”. Al cierre de esta edición, a las 22.30, no había respondido las consultas de este diario.

Tampoco respondió el legislador de FR Mario Casali, quien votó en favor de la resolución de febrero. Desde su despacho se explicó que había sufrido un problema de salud.

“Mi planteo en la comisión fue que un proceso de enjuiciamiento político sólo puede suspenderse cuando el juez o el funcionario al que se pide destituir presenta su renuncia indeclinable. Pero una renuncia condicionada, ¿qué es? ¿Por qué, si alguien es acusado de desempeñar mal sus funciones, se le va a permitir que siga cobrando un sueldo por ejercer esas funciones hasta que se jubile?”, recordó Pellegrini, el único integrante de Juicio Político que votó en contra de la resolución de febrero que clausuró las actuaciones contra Pisa.

“En el caso de este juez, en particular, argumenté que el proceso debía continuar porque no se trataba de un caso vinculado con un delito de género. Y al respecto hay pactos internacionales con rango constitucional que establecen que cuando haya leyes que representen obstáculos, estas deben ser modificadas. La ley provincial que regula el Jurado de Enjuiciamiento de jueces (8.734) es una norma de jerarquía inferior a la Constitución nacional y a las leyes nacionales dictadas, precisamente, con perspectiva de género”, indicó el legislador del Partido por la Justicia Social.

“Tucumán agoniza”: denuncian una “coraza” entre los tres poderes

“La clausura por parte de la comision de Juicio Politico de las denuncias contra el juez Juan Francisco Pisa por su actuacion en el caso del femicidio de Paola Tacacho es la muestra contundente de que en la provincia hay una coraza de proteccion y encubrimiento entre los tres poderes”, aseveró el ex legislador radical Eudoro Aráoz. “Tucuman agoniza con una Justicia sin dignidad, una Legislatura complice y un Poder Ejecutivo que maneja discrecionalmente un presupuesto multimillonario”, cuestionó el ex presidente del Colegio de Abogados.