Confinamiento: Tucumán se cierra hasta el 30 de mayo

“Apenas llegue el decreto, nos adherimos totalmente”. Varias veces durante la jornada, el gobernador Juan Manzur lanzó esta frase. Primero fue a la mañana, durante una reunión con de su gabinete; luego con el equipo jurídico del Estado y más tarde cuando se anticipaba, desde Buenos Aires, que el instrumento legal, el Decreto de Necesidad y Urgencia 334, estaba próximo a ser viralizado. Fue cerca de las 22. Al cierre de esta edición, la Secretaría General de la Gobernación tenía listo el decreto de adhesión de Tucumán al confinamiento de nueve días. En el medio de toda esta frenética noche en el Poder Ejecutivo, la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, confirmó (a las 22,27) la “adhesión total al (DNU nacional) por ser de orden público, respetando la fecha y horario de su entrada en vigencia a las 00 de hoy”. Una particularidad: el decreto provincial necesitaba la firma de cada uno de los ministros. El instrumento, que lleva la firma del gobernador, pasó casa por casa de cada funcionario. En las calles, la Policía iba tomando posición para evitar aglomeración de personas e incumplimiento de las normas de prevención de contagios.

Problemas domésticos

Franco es barbero. Trabaja en Yerba Buena y ayer, cerca del mediodía, estaba pendiente de las noticias a través del celular. “¿Qué va a pasar desde mañana? ¿Podremos venir a trabajar? ¿Y si abrimos y viene la Policía a cerrarnos? ¿No sé qué hacer?, se preguntaba mirando al espejo. La preocupación de Franco fue generalizada. No hubo comerciante, taxista, carnicero, verdulero y empresario que no se hicieran las mismas preguntas.

Algunas respuestas llegaron muy tarde, al filo de la medianoche. Si bien algunos funcionarios sostenían que la población ya estaba preavisada acerca de las medidas generales de confinamiento hasta el domingo 30, otros comentaban por qué razón el borrador del DNU no había sido redistribuido entre las provincias para que tomen los recaudos necesarios e informen a la población los alcances de las medidas.

El presidente Alberto Fernández había adelantado a la docena de gobernadores de la parte norte de la Argentina (incluyendo Manzur) que iba hacia más restricciones. Ese miércoles, el jefe de Estado también deslizó algunas quejas hacia los mandatarios provinciales: el silencio de la mayoría de ellos lo exponía al descontento social y a pagar todos los costos políticos del confinamiento. Esa noche de miércoles, Manzur reunió a concejales capitalinos de Lealtad Peronista para comentarles que se venía dura la mano por el incremento exponencial de los contagios. Fue un adelanto. “Las restricciones serán prácticamente las mismas, respecto de la suspensión de la presencialidad en las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas”, dijo el jueves el gobernador, que había exceptuado a dos actividades productivas: limón y azúcar.

Las quejas del sector privado se multiplicaron durante las últimas 48 horas. Ninguna actividad quiere bajar las persianas en medio de una crisis sanitaria y económica. Hubo llamadas a ministros, que no pudieron contestar con certezas acerca del alcance de las medidas nacionales. En ese período, el gabinete conformó varias comisiones para analizar el impacto y las posibles acciones que, al final, adoptó el Gobierno nacional y adhirió la Provincia para evitar que sigan subiendo los contagios de Covid-19 y colapse el sistema sanitario. De hecho, el DNU nacional pone a Tucumán entre las ocho jurisdicciones con mayor ocupación promedio de camas de terapia intensiva (UTI). Esta semana, el Ministerio de Salud, a cargo de Rossana Chahla, distribuyó más respiradores entre los hospitales destinados a pacientes con Covid, y reconvirtió camas para ampliar las zonas de UTI. La preocupación no es menor. La detección de la circulación de nuevas cepas en Tucumán encendió las luces de alarma. A eso se agrega que la provincia está pintada de rojo en el mapa nacional, al ser considerada de alto riesgo.

Por el lado económico, se analizaron varias acciones para paliar la situación que se le abre al sector privado. El confinamiento tiene un doble impacto. Por el lado de los empresarios, deben asumir los costos fijos con menos ingresos diarios, al restringirse el consumo sin presencialidad. En este aspecto, se sigue analizando un plan de facilidades de pago de deudas tributarias con mayor flexibilidad, una iniciativa que también ronda por la cabeza de varios legisladores. Por el lado del Estado, el menor consumo implicará una baja de la recaudación de Ingresos Brutos, de entre $ 30 millones y $ 50 millones por los nueve días de parate.

Antes de que se conozcan las medidas del Ejecutivo, la Legislatura adoptó acciones para restringir, en su totalidad, el ingreso de personas ajenas a ese poder. Además, el vicegobernador Osvaldo Jaldo dispuso “la presencia laboral mínima y necesaria en cada área, con un horario de emergencia de 8 a 13,30.

Varios ministros permanecieron anoche en la sede del Poder Ejecutivo cumpliendo los pasos administrativos para protocolizar el demorado decreto de adhesión al confinamiento.