UN CASO EMBLEMÁTICO. El mayor imputado por el crimen de Enzo Mariani fue condenado en marzo; el adolescente espera recibir la sentencia. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
A.A.R fue encontrado penalmente responsable de la muerte del mozo de Ramón Costilla. Lo mismo sucedió con C.N.A, autor material del homicidio del operador de la empresa de cable CCC, Enzo Mariani. Sólo resta que un juez especializado en Niños, Niñas y Adolescentes le aplique una pena. Pero no pueden dictar la condena porque los profesionales de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) no se presentan en las audiencias a formalizar los informes que realizaron. Esta situación no sólo se da en estos casos emblemáticos para la sociedad tucumana, sino en al menos otras 20 situaciones como esta.
En agosto, a través de una acordada, la Corte Suprema de Justicia de la provincia dispuso que todos los casos en los que estuvieran implicados menores debían resolverse con las normas del nuevo código procesal penal. Se tomó esta decisión pensando en cerrar unos 3.500 expedientes de manera más rápida y que no quedaran arrumbados en el régimen conclusional. Para el máximo tribunal era tan urgente la situación, que aclaró que esta resolución también afectaba a los mayores que estaban coimputados con los adolescentes.
A partir de octubre comenzó a percibirse una avalancha de adecuaciones de causas. Con la misma velocidad que impone el digesto, los expedientes se fueron resolviendo. Las normas establecen que un juez común debe definir si es penalmente responsable un menor. Si se confirma su culpabilidad, es un magistrado el que debe fijar la condena.
Para ello, se realiza una nueva audiencia. Los magistrados antes de tomar una decisión, deben escuchar las pretensiones de todas las partes y un informe sobre cómo actuaron los acusados con las medidas socioeducativas (antes se las llamaba medidas tutelares) que les impusieron. El problema radica en que los profesionales de la Dinayf elevan sus conclusiones por escrito, pero no se presentan a las audiencias a explicarlos oralmente, tal como lo estipula el nuevo código.
“Es un problema grave que ya se ha planteado en varias oportunidades. El nuevo código establece que todo debe ser reproducido oralmente, por lo que es necesario que estén en los debates para responder las preguntas de todas las partes. El informe no es determinante, pero sirve para tomar una decisión”, comentó un funcionario judicial.
Aviso
El problema fue advertido hace casi dos meses. El juez Federico Moeykens envió un oficio a la Dinayf en el que solicitaba que tomara todas las medidas pertinentes para ordenar a los profesionales que se presentaran a oralizar sus expedientes, pero su planteo no fue escuchado. Su par Ana Iácono también realizó gestiones para evitar que se repitieran este tipo de situaciones.
“Se está formando un cuello de botella, que si no se soluciona pronto, generará un problema importante”, advirtió un juez. El fiscal de Robos y Hurtos II Diego López Ávila aclaró que este es el último eslabón de una larga cadena de inconvenientes que se están presentando con este tipo de expedientes. “Hemos atendido causas que tienen más de 10 años y que quedaron muy cerca de prescribir por el paso del tiempo. Hay casos que están para cerrarse, pero no se lo puede hacer porque no se cumple con este paso”, explicó.
“No se pueden cerrar procesos y, además de no darles respuestas a las víctimas que vienen esperando hace años, todo el sistema pierde el tiempo con audiencias que no se hacen, complicando a todos”, opinó el fiscal de Homicidios I, Ignacio López Bustos. “Le pedí a la jueza Iácono que cite como testigo al funcionario para que esté obligado a presentarse y si no lo hace, será llevado por la fuerza pública y aceptó el planteo”, agregó.
La falla en el sistema está generando situaciones paradójicas en tribunales. Los mayores que llegan acusados con los menores por algún tipo de delito terminan siendo condenados más rápido que los adolescentes, cuando en realidad, la acordada de la Corte establecía que esta adecuación era justamente para acelerar los procesos en contra de los adolescentes. Otra vez el caso Mariani sirve como ejemplo: el adulto fue condenado a 16 de prisión a través de un juicio abreviado, pero el menor, considerado como el autor del hecho, aún espera la sentencia en su contra.
Más complicaciones
El seguimiento de las medidas socioeducativas era controlado en un primer momento por los equipos interdisciplinarios que tenía cada uno de los ya desaparecidos Juzgados de Menores de la Provincia. Esa tarea, con la reforma judicial, quedó en manos de la Dinayf. Ellos son los responsables de velar por el cumplimiento de las normas que se les imponen a los adolescentes en conflicto con la Ley.
“Cuando los chicos están alojados en el Instituto Roca no hay mayores problemas porque son sus profesionales los que explican la conducta que tuvieron en los últimos tiempos. Los que fueron llevados al penal porque cumplieron 18 años también cuentan con referencias, pero generalmente se relacionan con el cumplimiento del reglamento carcelario, que nada tiene que ver”, comentó una magistrada. “Hay veces que ni siquiera contamos con los informes de los profesionales por el paso del tiempo”, agregó un funcionario del MPF.
En los últimos días surgió ese problema en otra audiencia de un caso conflictivo. Un integrante del clan Ale, junto a otro menor, deben ser enjuiciados por el crimen de Roberto Cabrera, registrado en febrero de 2008. Moeykens le exigió al representante del MPF que en nuevo debate procurara encontrar la carpeta con los informes de uno de los imputados.
El acusado, que tenía 16 años el día del hecho, no pudo precisar la última vez que lo entrevistaron, pero sí dijo que terminó la secundaria, consiguió trabajo, que es padre de una niña y que vive en una casa propia que adquirió con el fruto de sus ahorros. ¿Es suficiente esa información? No, porque falta que un profesional dé a conocer su opinión. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando una respuesta de la Justicia.
Sin respuestas: funcionarios de la Dinayf prefirieron no dar explicaciones sobre este problema
Un vocero del Ministerio de Desarrollo Social adelantó que la situación de los retrasos con las condenas no se debería a que no se hayan presentado informes en tiempo y forma. “Existía un equipo técnico en la Justicia que se encargaba de estas cuestiones y que recientemente fue disuelto. Por eso algunos de estos trámites se han demorado”, argumentó la fuente, que aclaró que la Subdirección de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal podría explicar con mayor precisión esta circunstancia.
LA GACETA se comunicó el jueves con la subdirectora, Marcela Portnoy, quien respondió que debía avisar a su superior, Mariana Cirelli, titular de la Dinayf, para que esa funcionaria respondiera a la consulta o bien autorizara a la consultada a realizar declaraciones. Nuestro diario también intentó comunicarse directamente con Cirelli, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Las claves del problema
La Corte Suprema de Justicia ordenó que todas las causas en la que estén involucrados menores sean resueltas con el nuevo código procesal penal.
En las audiencias, los magistrados resuelven si los adolescentes son responsables penalmente del delito por el que afrontan cargos.
Un juez especializado debe imponerles la pena. Para ello, deben tener en cuenta los informes de las medidas socioeducativas que se les impusieron.
Esos informes deben ser explicados oralmente, pero los de la Dinayf no se presentan en la audiencia a hacerlo, por lo que un juez no puede fallar.
