La comisión de Juicio Político de la Legislatura emitió una resolución en la que repudió la violencia que sufrió Paola Tacacho y reivindicó las convenciones internacionales que protegen a las mujeres, pero consideró que ello no autorizaba a solicitar una rendición de cuentas a Mariana Rivadeneira, una de las fiscalas que archivó causas de la joven, como pretendían la madre de la joven, Mariela Tacacho, y el legislador José María Canelada (UCR). Con esta decisión debutó la conducción afín al vicegobernador Osvaldo Jaldo, sector que tomó las riendas del comité encargado de investigar el mal desempeño de las autoridades del Estado y, en el supuesto de los jueces, fiscales y defensores oficiales, promover su destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento.
“La denuncia formulada se inscribe en la compleja problemática de la violencia de género que en nuestro país adquiere ribetes particularmente graves”, dijeron los peronistas, que en Juicio Político mantuvieron la unidad del período anterior a la división del bloque. Y añadieron: “el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia y discriminaciones tiene en nuestro ordenamiento reconocimiento constitucional. Se trata de un derecho humano fundamental merecedor de una tutela diferenciada”.
Los fundamentos del archivo de la denuncia contra Rivadeneira no habían trascendido, aunque las dos bancadas oficialistas habían comunicado hace una semana la desestimación de la impugnación -el comité delibera a puertas cerradas, y no publicita ni los cuestionamientos recibidos ni las resoluciones que adopta-. Votaron a favor de la fiscala los legisladores Raúl Ferrazzano (presidente), Gonzalo Monteros, Sergio Mansilla, Enrique Bethencourt, Mariela Reyes Elías, Carlos Gómez, Zacarías Khoder, Tulio Caponio y Graciela Gutiérrez. Mario Casali (Fuerza Republicana) fue el único que se expidió a favor de dar trámite a la acusación mientras que el alfarista Raúl Pellegrini no asistió a la reunión y la legisladora oficialista Adriana Najar se excusó porque está involucrada en una causa en la que intervendría Rivadeneira.
Los oficialistas recordaron que el Estado se había comprometido a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer mediante la aprobación de la Convención de Belém do Pará y de otras normas. Incluso afirmaron: “la contracara de tales derechos es la obligación de los poderes públicos de garantizar la efectivización de estos mediante ‘su diario accionar’”. Según los legisladores, su adhesión a la normativa de protección de la mujer corre por una cuerda y su función en la comisión por otra, y que ellos no podían juzgar a los magistrados por el contenido de sus sentencias. “La prudencia aconseja que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito judicial”, afirmaron.
Rivadeneira había sido cuestionada por archivar sin investigar dos de las al menos 13 causas que promovió Tacacho antes de que el femicida Mauricio Parada Parejas la asesinara, objeciones que recoge y amplía un nuevo pedido de destitución de tres feministas . En su dictamen en minoría, el bussista Casali había dicho que correspondía requerir una explicación por la gravedad de los hechos y porque esa había sido la postura de la comisión respecto de Juan Francisco Pisa, juez que sobreseyó a Parada Parejas en 2017.
Ministerio Público Fiscal: el comité difirió una decisión respecto de una impugnación contra Jiménez por su licencia
La nueva conducción afín al vicegobernador Osvaldo Jaldo de la comisión legislativa de Juicio Político optó por postergar una decisión acerca del pedido de destitución articulado contra el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, como consecuencia de la licencia que tomó hace más de un año con motivo de la pandemia. El tema no fue tratado en la primera reunión presidida por el peronista Raúl Ferrazzano -sustituyó a Zacarías Khoder, legislador del sector del gobernador Juan Manzur, quien se quedó con la vicepresidencia-. El plazo para resolver si se archiva o se activa la impugnación presentada por el abogado Gustavo Morales vencería a comienzos de junio. Morales dijo que Jiménez padece una inhabilidad física y que, por ello, debería ser separado del cargo.