18 Mayo 2021
MENOS TIEMPO. El proyecto limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación. TELAM
El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar este martes en un plenario de comisiones con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, para que el pleno del cuerpo pueda tratar la próxima semana la iniciativa que cambia el modo de elegir al procurador general y establece plazos para su mandato, básicamente.
Desde las 19, el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales debatirá la iniciativa enviada por el Senado y cuyo texto cuenta con una serie de modificaciones propuestas introducidas por el ministro de Justicia, Martín Soria, en pos de obtener el consenso. Amén del debate de hoy, el gobierno de Alberto Fernández encuentra cada vez más espinoso el terreno para la discusión en el recinto y dilata la votación. De hecho, el sufragio final sería en al menos tres semanas.
En octubre del año pasado, los senadores le dieron media sanción a un proyecto que reforma la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el organismo que reúne a los fiscales federales y que se encarga de impulsar las investigaciones de los delitos graves ocurridos en el país. La propuesta impulsada por el oficialismo modifica algunos aspectos neurálgicos del organismo: las mayorías necesarias para nombrar al procurador, la duración de su mandato y los mecanismos para remover fiscales.
Pero, ¿por qué es importante este debate? ¿qué rol tiene el procurador? La Procuración General de la Nación es una suerte de cuarto poder, independiente de los otros tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Así se resolvió en la reforma constitucional de 1994. Pero el procurador no sólo es el jefe de los fiscales y el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es también quien diseña la política criminal del país. Esto se da a través de pautas generales impartidas por el procurador, como la creación de fiscalías especializadas en determinados fenómenos delictivos, como el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos y la trata de personas.
¿Qué dice el pulso a pulso de la votación de esta tarde? Todo indica que el oficialismo cuenta con las firmas necesarias en ambas comisiones para alzarse con el dictamen, gracias al ya anunciado respaldo del mendocino José Ramón (Unidad para el Desarrollo) -integra la comisión de Justicia- y más allá del rechazo de Graciela Camaño (Consenso Federal), quien forma parte de ambas comisiones.
Así las cosas, el Frente de Todos cuenta con 18 firmas propias en Asuntos Constitucionales, sobre los 35 integrantes de la comisión. Es decir, no necesita de aliados para obtener allí el dictamen. En la de Justicia, en tanto, reúne a 15 de sus 31 integrantes, por lo que el aporte de Ramón le permite llegar a las 16 firmas para imponerse a un eventual dictamen de rechazo de los 14 representantes de Juntos por el Cambio y de Camaño.
Juntos por el Cambio evaluó la posibilidad de no presentarse nuevamente a debatir el proyecto, tal como lo hizo el 26 de abril y el viernes pasado, en la reunión convocada para escuchar a integrantes del Poder Judicial. La principal alianza opositora decidió rechazar el proyecto que impulsa el Gobierno, al advertir que su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo, describieron.
"Sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto. Lo rechazamos porque una vez más quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar. Todos podemos dejar de ser libres con esta ley", escribieron en un comunicado dado a conocer en las últimas horas.
Sin embargo, ayer resolvieron que los casi treinta diputados de ese espacio que integran ambas comisiones se harán presentes en un anexo, para no perder la posibilidad de firmar dictamen y para hacer escuchar sus reclamos. El proyecto del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general.
Lo más popular
