14 Mayo 2021
Penal Villa Urquiza. Archivo
Tres ex guardiacárceles del penal de Villa Urquiza son procesados con prisión preventiva, acusados de ser partícipes necesarios de la sustracción, la retención y el ocultamiento de Mario, quien nació en esta cárcel entre mayo y junio de 1976, durante el cautiverio de su madre, y recuperó la identidad en 2015.
Es el primer procesamiento que se dicta la Justicia Federal en Tucumán por un caso de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado.
El juez federal Fernando Poviña compartió los argumentos de la fiscalía, declaró los hechos juzgados como crímenes de lesa humanidad y encuadró el caso dentro del plan sistemático de apropiación de niños y niñas que se llevó a cabo en los ‘70.
Los tres procesados son Daniel Arturo Álvarez, Santo González y Francisco Alfredo Ledesma, actualmente detenidos con prisión domiciliaria por la condena por crímenes de lesa humanidad cometidos contra prisioneros y prisioneras políticas en aquella cárcel, que les fue impuesta a fines de 2014.
La Justicia consideró que la responsabilidad de los tres penitenciarios se encontraba acreditada por los asentamientos en sus legajos, que los ubican en el lugar de los hechos, por sus participaciones en otros crímenes y, fundamentalmente, por la declaración de la madre del joven recuperado, víctima que logró sobrevivir al terrorismo de Estado y que en su testimonio "identificó a los encartados como parte integrante del grupo que la mantuvo en cautiverio y participó de la sustracción de su hijo".
Cómo fueron los hechos
La investigación de este caso se inició en 2005, cuando la mujer denunció por primera vez en la fiscalía los hechos de los cuales había sido víctima entre 1975 y 1976. Sin precisar la fecha exacta, narró que fue secuestrada en el centro de San Miguel de Tucumán y luego llevada a una comisaría, a la Jefatura de Policía y finalmente al penal de Villa Urquiza.
En la cárcel, contó, estuvo siempre aislada, sin contacto con otras mujeres ni varones, y fue víctima de delitos aberrantes, que se acreditaron en el juicio por crímenes de lesa humanidad conocido como “Villa Urquiza” que concluyó con sentencia a fines de 2014.
El juez destacó que en aquella sentencia se probó que la víctima "no se encontraba registrada en los libros del penal, y también se acreditó la permanencia de otras personas en calidad de desaparecidas, que permanecieron en calidad de secuestradas". Al cabo de ese juicio fueron condenados nueve acusados por delitos cometidos contra la mujer, entre ellos Álvarez y González.
Cuando la mujer comenzó con trabajo de parto fue llevada a un salón y tirada sobre un colchón, "en condiciones infrahumanas". El juez indicó que "en esas condiciones y custodiada por [una] persona nació un bebé, varón, que fue envuelto en una colcha y sustraído de la esfera de custodia de su madre".
A la mujer "no le permitieron verlo ni tomar contacto con él, y pese a que siempre pensó que había tenido un varón, no lo pudo corroborar", agregó el magistrado. "Luego del parto [...] le vendaron nuevamente los ojos, le colocaron algodón en sus genitales y le dieron inyecciones, que le dijeron que eran para evitar que produjera leche", narró el juez. La mujer recuperó la libertad poco tiempo después, cuando la subieron a un camión en la cárcel y la hicieron descender a la vera de una ruta, describe la resolución judicial.
La investigación de la fiscalía pudo determinar que el bebé fue entregado al comerciante José Espinoza López, de nacionalidad española, quien por medio de Celia Magdalena Jordán y Miguel Ángel Amado, lo entregó a su vez al matrimonio de Alcides Santiago Bravo y Cecilia Magdalena Raggiardo, quienes vivían en la ciudad de Las Rosas, provincia de Santa Fe. Todas esas personas fallecieron.
Espinoza López habría recibido un pago a cambio de la entrega del niño al matrimonio Bravo-Reggiardo, quienes luego lo inscribieron como hijo biológico en base a una partida de nacimiento confeccionada con un certificado de nacimiento de contenido apócrifo firmado por el médico Manuel Pérez Solares, también fallecido. La víctima fue inscripta como nacido el 6 de mayo de 1977 en Las Parejas, Santa Fe.
El juez explicó en la resolución que en 2015, tras el fallecimiento de la pareja Bravo-Reggiardo, Mario se presentó en Abuelas de Plaza de Mayo y manifestó dudas sobre su identidad. En base al cotejo de ADN realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos se corroboró una probabilidad de maternidad del 99,9999% respecto de la mujer víctima del secuestro en la dictadura.
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