14 Mayo 2021
Poco satisfecho con las respuestas brindadas por el ministro Juan Pablo Lichtmajer, en la primera etapa de la interpelación, el legislador José María Canelada quiso saber más. El dirigente de la Unión Cívica Radical hizo hincapié en la falta de resolución de padrones para que docentes accedan a cargos directivos, la manera en la que se interpretan las leyes vigentes, el manejo de determinadas partidas presupuestarias y la necesidad de que el Ejecutivo publique la ley de titularización docente, que ya fue sancionada.
“Sigo sin comprender cuál es el razonamiento en el que se funda la afirmación que una ley de titularización (N° 9.177) faculte al ministro para hacer designaciones por fuera del procedimiento que establece el estatuto y cómo es que una ley que debía titularizar a los interinos, además se transformó en el resorte institucional para crear cargos”, se preguntó Canelada. Y además le consultó al funcionario del Ejecutivo si no cree que la familia docente “merece poder ascender por sus méritos” a determinados cargos de manera regular.
La comidilla política también tuvo lugar en este transcurso de la extensa jornada. Utilizando los datos expuestos por Lichtmajer, Canelada destacó que el gobierno destinó un 30% del presupuesto a Educación, en 2016, mientras que en este ejercicio se gasta un 20%. “Podría preguntar si a esa decisión la toma Macri o el gobernador”, dijo.
A pesar de la vehemencia de los cuestionamientos, las respuestas del funcionario fueron mesuradas. El responsable de la cartera ministerial negó haber responsabilizado al ex presidente de la Nación por la situación en la que se encuentra el sistema educativo provincial y sostuvo que al comparar las partidas presupuestadas de 2021 con las de hace cinco años atrás se cae “es una omisión importante”. “En el medio hubo una pandemia, señor legislador”, fustigó.
En tono dialoguista, el ministro invitó al legislador a “trabajar juntos” y reconoció demoras en la ley de titularización, a la que calificó como un hecho de “justicia educativa”. “Si bien puede haber una demora, había 10 años de demora previa”, remarcó.
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