En medio de tantas y tan cruentas diferencias, los bloques peronistas encontraron un punto de encuentro en la desestimación de una denuncia contra la fiscala Mariana Rivadeneira por haber archivado dos de las 13 causas penales que promovió Paola Tacacho antes de que su agresor Mauricio Parada Parejas la asesinara. Con este archivo debutó el sector legislativo afín al vicegobernador Osvaldo Jaldo en la conducción de la comisión de Juicio Político. Aunque el desplazamiento de dos legisladores leales al gobernador Juan Manzur en el comité había profundizado las rispideces, la decisión favorable a Rivadeneira avalada por siete votos de la bancada Justicialista de Todos (JdT) y dos de Lealtad Peronista (LP) ratifica la línea judicial trazada en la época en la que el mandatario lideraba la unidad.
El archivo fue formalizado ayer luego de que uno de los legisladores de Jaldo recién llegados a la comisión que tiene en sus manos las carreras de la magistratura y de los altos funcionarios políticos, Raúl Ferrazzano, se quedara con la presidencia. Zacarías Khoder (LP), histórico titular del comité, pasó a la vicepresidencia que antes ocupaba su compañero Sergio Mansilla (LP), mientras que uno de los representantes de las minorías no oficialistas, el alfarista Raúl Pellegrini (PJS), será el secretario. Ferrazzano destacó que estas modificaciones habían prosperado “por unanimidad”.
A la hora de votar respecto de la impugnación contra Rivadeneira articulada contra la madre la víctima, Mariela Tacacho, y el legislador radical José María Canelada, sólo el bussista Mario Casali dictaminó a favor de continuar el procedimiento de expulsión -Pellegrini no asistió a la reunión por un contacto estrecho con un caso positivo de covid-19, según informaron en su oficina-. Casali opinó que las denuncias eran muy graves y que el crimen de Tacacho había calado hondo en la sociedad, pero también advirtió que en noviembre la comisión de Juicio Político había resuelto solicitar explicaciones a Juan Francisco Pisa, juez que sobreseyó a Parada Parejas en la llamada causa N°2.
La postura de los legisladores peronistas implica que Rivadeneira salió mejor parada que el juez, quien en febrero logró frenar su destitución gracias a que el gobernador le aceptó la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación con el beneficio del 82% móvil. Votaron en ese sentido Ferrazzano, Mansilla, Khoder y otros seis integrantes del bloque de Jaldo: Tulio Caponio, Enrique Bethencourt, Norma Reyes Elías, Gonzalo Monteros, Graciela Gutiérrez y Carlos Gómez. La octava representante de JdT, Adriana Najar, se abstuvo “por cuestiones personales”. Al parecer, esta legisladora está involucrada en una causa a cargo de Rivadeneira. Najar no pudo ser ubicada ayer.
Rivadeneira es la integrante del Ministerio Público Fiscal con mayor poder después del titular del organismo, Edmundo Jiménez (con licencia desde hace más de un año). Equiparada por Jiménez a una fiscala anticorrupción en los hechos, concentra todas las denuncias contra autoridades del Estado tanto en el esquema del viejo como del nuevo Código Procesal Penal, además de la investigación de los denominados “delitos complejos”. Rivadeneira recibió otras denuncias de mal desempeño en el pasado, incluso en forma reciente, que Juicio Político siempre desestimó.
“En Tucumán reina la devolución de favores: es un quiste que hay que extirpar”, evaluó desde Salta la denunciante Mariela Tacacho (se informa por separado). Canelada por su parte dijo que Manzur y Jaldo permanecían unidos para garantizar la impunidad.
La resolución con los argumentos de la mayoría estará disponible hoy, según explicó Ferrazzano. En su primera conferencia de prensa como presidente de Juicio Político, el legislador anticipó: “luego de un análisis exhaustivo del caso, decidimos archivar los pedidos de enjuiciamiento en virtud de que consideramos que la fiscala ha actuado dentro del marco normativo y de las facultades que la ley le otorga. Es decir, no hemos encontrado ninguna causal de remoción”. En una conversación con LA GACETA Play, Ferrazzano precisó: “un juez no puede ser juzgado por sus sentencias”.
La víctima: “en Tucumán reina la devolución de favores: es un quiste que hay que extirpar”
“Son cómplices”, dijo Mariela Tacacho acerca de los integrantes oficialistas de la comisión legislativa de Juicio Político que resolvieron archivar su denuncia contra la fiscala Mariana Rivadeneira -el pedido de destitución también lleva la firma del legislador radical José María Canelada-. La mamá de Paola, la joven asesinada el 30 de octubre tras pedir incontables veces ayuda a la Policía y al Poder Judicial, juzgó que este era un nuevo golpe en línea con los anteriores. “En Tucumán reina la devolución de favores: es un quiste que hay que extirpar”, evaluó. Y añadió: “los familiares y amigos de Paola no vamos a dejar esta lucha. Haremos todo lo que haga falta para lograr la justicia que seguimos sin tener”.
Desde Salta, donde vive, la progenitora consideró que Rivadeneira había conseguido “zafar ahora”: “pero te garantizo que por su mal accionar ya recibirá su condena”. La víctima comparó el caso de la fiscala con el de su ex par Carlos Albaca, quien está acusado de perpetrar delitos en la investigación del crimen de Paulina Lebbos: “él logró evitar el juicio político y jubilarse con el 82% móvil, pero su juicio oral y público ya tiene fecha (será en agosto). Nosotros seguiremos ese camino hasta que logremos la justicia que queremos”.