La decisión tomada por los bloques del jaldismo y de la oposición de llevar al recinto del Poder Legislativo al ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, para que rinda cuentas por el estado de las escuelas de la provincia y por las denuncias sobre presuntas designaciones irregulares en la cartera a su cargo no registra antecedentes recientes en el ámbito de la política provincial.
Han pasado 15 años de la última vez que la Legislatura de Tucumán interpeló a un ministro del Poder Ejecutivo (PE). Fue una sesión maratónica, de más de 14 horas, en la que se trató un caso que todavía genera conmoción entre los tucumanos: el asesinato de la estudiante de Comunicación, Paulina Lebbos.
En abril de 2006, con el visto bueno del entonces gobernador, José Alperovich, la bancada oficialista convocó a la sede legislativa a Mario López Herrera, quien se desempeñaba como ministro de Seguridad.
En aquellos años, el hoy senador nacional afrontaba una tensa interna con su vicegobernador, Fernando Arturo Juri (hoy presidente del Concejo Deliberante de la Capital).
De todas formas, tanto alperovichistas como juristas avalaron la citación a López Herrera.
Legisladores oficialistas, radicales y bussistas, entre otros, indagaron al funcionario alperovichista por las hipótesis que se manejaban con relación al crimen de Paulina. Además, le consultaron por los cuestionados ascensos a policías que habían intervenido en el caso, entre otros puntos.
Antes de finalizar la sesión, los legisladores aprobaron un proyecto de ley impulsado por el entonces legislador Sisto Terán Nougués para enviar todas las actuaciones surgidas de la interpelación a Herrera directamente a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
A 15 años del crimen de Lebbos, el caso continúa impune, aunque sí se dictaron condenas contra funcionarios policiales y autoridades de Seguridad -entre ellos, Eduardo Di Lella, Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, quienes integraban el equipo de López Herrera- por el encubrimiento del asesinato de la estudiante de Comunicación.