Quedan cuatro días para el 12 de mayo, y por ahora hay un compromiso por parte del secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, de que se firmará un decreto para prorrogar la bendita Ley de Biocombustibles, que se vence ese día. La ley N° 26.093 sobre la Regulación y Promoción de Biocombustibles muere el miércoles, y el sector sucroalcoholero y productor de maíz nacional y regional todavía no saben qué sucederá con su presente y con el futuro productivo de bioenergía.
En nuestra provincia todos opinan que debería suceder, pero las dilaciones que hay al respecto tienen a todos descolocados.
Si no prospera la prometida prórroga de la ley o si no se sanciona un nuevo instrumento que brinde certezas al sector, los productores vinculados a Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) no entregarán caña a los industriales.
Resulta increíble que a la fecha de hoy aún no haya certezas al respecto. Sobre todo debido al impacto económico y social que tiene la industria sucroalcoholera en nuestra provincia, en la región... y en el país, si le sumamos la producción de maíz.
En el mundo la producción de bioetanol es un claro y exitoso sistema de producción de energía limpia y renovable. En 2006 nuestro país inició ese camino con la promulgación de la actual ley, que vence el miércoles.
La producción de bioetanol es un ejemplo de agregado de valor a la producción primaria. Fue impulsada por el Gobierno nacional a partir de la promulgación de las Leyes nacionales N° 26.093 y 26.334 en 2006, y recibió una contundente y favorable respuesta de parte de la actividad privada, con la realización de importantes inversiones desde entonces y hasta hoy.
La Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar (Satca) afirma que si se prorroga la vigencia de la Ley nacional N° 26.093 se dará tiempo para que nuestro país haga un necesario y profundo replanteo de su política energética, cuya principal meta debe ser la descarbonización de su matriz, pues la extracción de combustibles fósiles es la principal causa del incremento de la generación de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, del incremento de la temperatura media de la atmósfera, cuyas tremendas consecuencias están a la vista.
La Argentina tiene un enorme potencial para producir energía a partir del carbono presente en la tropósfera. Una nueva ley permitirá aumentar este potencial, fijándolo como verdadera política de Estado.
Entre los beneficios económicos y sociales que la agroindustria sucroenergética ofrece la Satca los siguientes:
- Colabora en el arraigo de poblaciones rurales, ayudando así a la construcción de un país más federal e integrado. De otro modo, los habitantes de estas zonas se verían obligados a migrar a áreas suburbanas de alto hacinamiento, lo que implicaría para ellos un claro deterioro en su calidad de vida y en las perspectivas a futuro de las nuevas generaciones.
- El bioetanol genera más puestos de trabajo por unidad de volumen que su actual competidor: el petróleo.
- La Argentina tiene una ventaja comparativa muy grande en relación a otros países: la vastedad de su superficie. Los desarrollos biotecnológicos y de ingeniería genética ya en marcha permitirán incrementar la productividad por unidad de superficie (crecimiento vertical), así como habilitar para el cultivo de caña de azúcar tierras marginales, actualmente improductivas o de baja rentabilidad (crecimiento horizontal).
La nueva Ley debería lograr también que se generen ingresos suficientes para que se hagan las inversiones necesarias para disminuir los lógicos impactos ambientales que produciría un aumento en la producción de bioetanol, cuyo principal efluente es la vinaza. Esta tiene amplias posibilidades de ser procesada para que pueda generar energía (gas y electricidad) y fertilizantes potásicos, agregando más valor a la cadena sucroenergética y colaborando en la ansiada y largamente esperada soberanía energética del país.
Res, non verba (en latín, “hechos, no palabras”) decía Catón el Viejo hace más de 2.000 años. Se pueden discutir luego algunos detalles; pero lo primordial es que el Poder Ejecutivo Nacional prorrogue la vigencia de la ley actual, tal como lo prometieron el jueves. Luego, que a la hora de elevar un nuevo proyecto de ley los diputados consulten a los técnicos dedicados a estudiar sobre la producción de bioenergía con la caña de azúcar, que conocen sobre los beneficios con los cuales contaremos al tener una ley que fomente este tipo de producción.