Por Álvaro José Aurane
07 Mayo 2021
Termina una semana reveladora para la institucionalidad argentina. La Corte Suprema de la Nación le ha advertido a la Casa Rosada, fallo mediante, que el respeto a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es a prueba, incluso, de emergencias sanitarias. La sentencia versa sobre el decreto de necesidad y urgencia que cerraba las escuelas de la Capital Federal por 15 días, en nombre de mermar la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La resolución judicial, que limita a futuro el accionar del Gobierno nacional respecto del distrito porteño y de las provincias, merece ser analizado desde una perspectiva semiótica, para contextualizar también las reacciones del oficialismo. En el análisis por signos, ¿qué otra sentencia se podía esperar de un poder del Estado que, en plena segunda ola de covid-19, se identifica con una mujer que usa una venda en los ojos en vez de llevar un barbijo en la boca? Ya eso solo es lo suficientemente esclarecedor para entender el pronunciamiento y, también, la animadversión de los jueces contra un gobierno de peronista. Nótese que el escudo del PJ es una versión estilizada del Escudo Argentino. Tiene los colores de la bandera, el gorro frigio, una sola palma de laureles (el justicialismo no anda derrochando), dos manos entrelazadas, aunque no horizontalmente sino verticalmente (la de arriba sería de Cristina) y un sol en la cima, con un solo ojo abierto. En el país de la Justicia ciega, no toleran un tuerto como rey…
La lista de los que no tienen lista
Por suerte tenemos un Presidente que no duda en dejar al descubierto la maniobra de los magistrados. “Yo le digo a la Justicia: ‘Basta, paremos’. Elijan el candidato a presidente que quieran aunque no sea yo, no sea Sergio, no sea Cristina, no sea Axel. Pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos”, expresó el jefe de Estado.
Qué claridad y cuánta honestidad. Porque desde “Justicia Legítima” y adyacencias se usaron sentencias para favorecer a los kirchneristas acusados de corrupción y otros delitos, pero ninguno era candidato. Ahí están, para atestiguar que el Gobierno puede mezclar la Justicia con la Política, pero nunca con las candidaturas, los siguientes mártires:
• El ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido (con arresto domiciliario)
• Los ex funcionarios de esa cartera Roberto Baratta (excarcelado) y Carlos Kirchner (en juicio por presunta corrupción en obras públicas).
• Los empresarios Cristobal López y Fabián de Sousa (excarcelados, se los juzga por evasión).
• El ex intendente de Río Turbio Atanasio Pérez Osuna (excarcelado).
• El líder de Quebracho Fernando Esteche (excarcelado y a la espera del juicio por el Memorándum con Irán, causa que Cristina pidió esta semana que sea declarada nula).
• El ex jefe del Ejército César Milani (absuelto en la causa por el secuestro y la desaparición del conscripto riojano Alberto Agapito Ledo).
• El empresario Oscar Ferreyra, dueño de Electroingeniería (a la espera del juicio por los “Cuadernos de la Corrupción”).
• El ex titular de Yaciretá, Oscar Thomas (excarcelado en la misma causa).
• Los abogados Miguel Ángel Pío (con arresto domiciliario) y Jorge Chueco (excarcelado).
• Los sindicalista Omar “Caballo” Suárez y Juan Pablo “Pata” Medina (excarcelados).
• El piquetero Luis D’Elía (con arresto domiciliario).
• El empresario Jorge Castillo (con arresto domiciliario).
• El ex vicepresidente Amado Boudou y su presunto testaferro José María Núñez Carmona (ambos con arresto domiciliario en la causa “Ciccone”).
• El empresario Lázaro Báez (con arresto domiciliario)
• El ex secretario de Obras Públicas José López (negociando la caución para la excarcelación).
¿Cuál de ellos (sólo para mencionar a 20 compañeros y simpatizantes “K” que recibieron beneficios judiciales desde que Alberto es Presidente) va a ser candidato? ¿A ver?
Politizar, siempre; “electoralizar”, jamás
Entonces una cosa es politizar la justicia y otra muy distinta es “electoralizarla”. Basta con eso y basta también con ese descomunal invento antidemocrático llamado “República”. ¿Qué es eso de que los poderes son independientes y se controlan entre sí? ¿A quién se le ocurrió maniatar a los gobernantes electos por el pueblo con esa injuria de que nadie debe tener más poder que el que la ley le confiere? El autor de todas estas criminalidades era el “falsafaz” Charles de Secondat, que se presentaba como “filósofo” cuando, en realidad, era un aristócrata: señor de la Bréde y barón de Montesquieu. Hipócrita…
Terminemos con esta conjura: los jueces no pueden impedir que el Presidente gobierne como parezca... Sí puede Cristina, porque a ella la eligió el pueblo (y porque ella lo eligió a Alberto). Pero los jueces no, porque nadie los votó. ¿A quién le ganaron?
Claro que no son todos los jueces. Una excepción la da ese egregio paradigma de la Justicia independiente que es Eugenio Zaffaroni, quien puso equilibrio en la balanza judicial. En una entrevista en Radio 10, el martes, puntualizó: “Si las medidas son absolutamente irracionales la Justicia puede intervenir. Tendría que ser algo muy grosero…”. Y resulta que el DNU 241/2021 dictado por Alberto era un poquito irracional, pero no “absolutamente”. ¿Con qué descaro, entonces, actúa la Corte? Que el Presidente, con esa mirada amplia de paisajista de la política, dicte una medida que comprende a toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (no figura en la Constitución como unidad territorial), llevándose por delante a la Ciudad de Buenos Aires (ella y su autonomía si están expresamente establecidas en la Carta Magna) puede ser una barbaridad, pero definitivamente no es una “grosería”. ¿Entonces? ¿Qué hacen los vocales de la Corte metiendo sus togas donde no les corresponde?
Como si no bastara, esperaron a que el decreto expirara en su vigencia para dictar sentencia, así no tuvieron que declararlo inconstitucional. Y eso que los voceros de la Corte mienten que es “un gesto” es, en realidad, una puñalada trapera, dirigida a poner en duda la identidad política del Presidente. Porque si un gobernante no tiene en su haber por lo menos una medida inconstitucional, definitivamente no es kirchnerista…
Todos unidos optaremos
Contra semejante avasallamiento, el Gobierno respondió el miércoles con un acto de la unidad en Ensenada. Cristina no dio un discurso, pero porque ya se había pronunciado por Twitter el martes, cuando dijo que “los golpes contras las instituciones democráticas ya no son como antaño”. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, en sintonía, tomó el micrófono y declaró: “El lawfare es para modificar las decisiones de un gobierno democráticamente elegido. Van a buscar a los jueces para forzar decisiones por fuera del marco democrático”. Entonces, si cualquier decisión judicial que evite que las autoridades políticas excedan los límites de la Constitución es lawfare, el problema (qué increíble que no quieran darse cuenta) es que sigamos teniendo Constitución. Esa obra profundamente anti nacional y popular legada por Juan Bautista Alberdi, que a estas alturas ya debería haber sido declarado “ex tucumano”.
Precisamente, los pasacalles del acto de Ensenada decían “Democracia o partido judicial”. No se trata de que debe primar el Constitucionalismo, y su sistema de relaciones y contrapesos institucionales, para que pueda funcionar la democracia. Eso es un invento de los que no quieren armar un partido y ganar elecciones. Esa disyuntiva de hierro, parece ser, hizo que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no diera un discurso. Según fuentes del Congreso, “el problema es que entre ‘democracia o partido judicial’, Sergio quería elegir ‘o’”.
El fallo de esta semana es la plataforma electoral del partido judicial. Sobre todo, el voto temerario del vocal Carlos Rosenkrantz: “La emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente”, se atrevió a decir. Una cosa es la lectura lineal de esa frase, que es políticamente correcta; y otra es su implicancia. Y lo que el juez está insinuando, en los hechos, es que se tiene que terminar el Gobierno de Alberto y de Cristina, porque esta es una gestión caracterizada por vivir en la emergencia y por ignorar el derecho vigente.
Dando cátedra desde 2013
Sólo a la vuelta de esta semana, el Presidente enfrentó más emergencias que rutinas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, planteó que debía darse una suba de la tarifa de la luz para menguar el déficit por los subsidios. A eso se opuso el subsecretario de Energía, Federico Basualdo. Entonces Alberto respaldó a Guzmán, pero por un ratito nomás. Porque esto detonó una crisis con La Cámpora, ya que Basualdo reporta a Máximo Kirchner y al Instituto Patria. Lo que significa que también se encendieron las alarmas con Cristina y con Kicillof. Así que Basualdo no se va, lo que abrió una crisis con Guzmán; y también con el FMI, que pide bajar el gasto público. Todo esto, además, en un contexto de emergencia económica por la inflación y la recesión; de emergencia social por el crecimiento de la pobreza y el desempleo; y de emergencia sanitaria porque al comienzo de la pandemia, en lugar de negociar con todos los laboratorios, se decidió no acordar con Pfizer (al que le sobran vacunas) y, en cambio, financiar a AstraZeneca (al que le sobran las demandas sólo en la Unión Europea).
Con semejante panorama, ¿encima quieren que Alberto se ajuste a derecho? “No va a haber sentencia judicial que nos diga lo que hay que hacer”, aseveró el mandatario en Ensenada. Claro que los gorilas saldrán a repetir la cantinela de que eso le hace muy mal a la república, pero la verdad es que le hace muy bien a Cristina. Ella decía más o menos lo mismo cuando era Presidenta. Y fue Alberto quien, entonces, le rindió un homenaje, claro que en tono críptico, para hacerles creer a los vendepatria que era opositor. Él tuiteó el 11 de junio de 2013:
Si CFK no entiende por qué la Corte es un ‘contrapoder’ deberíamos averiguar quién la aprobó en Derecho Constitucional. Basta de sofismas!
Qué enorme visión la de este estadista... Parece una crítica, pero él estaba diciendo ya que la Corte no es un “contrapoder” sino una oposición agazapada. Queda claro que quien haya sido el docente de Cristina en Universidad de La Plata lo sabía perfectamente y así lo enseñaba. Pero ahora las cátedras han sido copadas por constitucionalistas destituyentes. Ellos distorsionan la conciencia de nuestros jóvenes haciéndoles creer que está bien que haya un poder del Estado evitando que la ley sea cualquier cosa que se le antoje al gobernante de turno. Docentes de Derecho Constitucional: pongan las barbas en remojo. Ahora vamos por ustedes.
Mientras tanto, que alguien se ocupe al menos de averiguar en la UBA quiénes fueron los alumnos de Alberto…
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