Por Gustavo Rodríguez
07 Mayo 2021
“No quiero aparecer en ningún medio. Tengo un chiquito discapacitado que lo llevo al médico y no quiero salir en ninguna foto”, dijo María Helena Lazarte, quien está acusada de hurto y desobediencia judicial en dos procesos que se abrieron en menos de tres meses. El llamativo planteo fue rechazado de lleno por la jueza María Carolina Ballesteros.
El incidente se produjo antes de que comenzara una audiencia virtual. Se la realizó de manera virtual para definir dónde debía depositar los $10.000 de caución real que se le había impuesto para que recuperara la libertad. Cuando el periodista de LA GACETA se identificó, la acusada salió del alcance de la cámara y los defensores comenzaron a pedir que se obligara al cronista a abandonar el debate. La magistrada observó lo que estaba sucediendo e intervino en el acto pidiéndoles a las partes que explicaran los motivos del revuelo.
“Mi defendida tiene dos hijos menores y la prensa ‘escracha’ a las imputadas llamándolas ‘mecheras’, sin importarles nada. No quiere que su identidad sea revelada y mucho menos que su rostro aparezca en ningún lado. Ella tiene derecho a que se preserve su identidad para evitar ser estigmatizada”, señaló Marcela del Valle Ledesma, una de las defensoras de Lazarte.
Iván Escobedo, el otro patrocinante de la sospechosa, dio otro parecer sobre la cuestión: “la prensa no puede vulnerar los derechos a la intimidad de los imputados porque estamos hablando de una investigación incipiente. Ya se han visto varias audiencias en las que los acusados participan de espaldas para evitar que sus rostros sean divulgados en los medios de comunicación de la provincia”.
El auxiliar fiscal Exequiel Filmann rechazó el pedido de los defensores. “Las audiencias son públicas y no veo el motivo por el cual se prive al medio más importante de la provincia de cubrir lo que aquí ocurra. No hay ningún impedimento legal”, razonó.
La jueza Ballesteros no tardó ni un minuto en resolver la cuestión. “No haré lugar al planteo de los defensores porque no estamos ante un caso en el que se exija legalmente mantener en reserva la identidad, como son las causas de abuso sexual y en las que intervienen menores como acusados”, explicó.
“El código establece claramente que las audiencias, salvo las excepciones que ya argumenté, son públicas. Si fueran presenciales, y el periodista estuviera en la sala, no podría pedirle que salga porque debo respetar que se cumpla con el derecho de informar. Además, todos los imputados deben comportarse con decoro y no es correcto que ningún imputado participe de espaldas”, agregó la magistrada.
Un largo camino
Lazarte fue detenida el 13 de enero, también acusada de cometer un hurto simple. La atraparon transeúntes en la esquina de Salta y Mendoza junto a otro hombre y los acusaron de robarle un celular a una mujer. La auxiliar fiscal Florencia Cocimano, al tratarse de un delito excarcelable, no pidió que se le dicte la prisión preventiva, pero sí que cumpliera con una serie de medidas hasta tanto se cerrara la investigación (el plazo máximo es de seis meses).
Entre ellas, se le dictó la prohibición de ingresar a una zona limitada por calle San Lorenzo (sur), Santiago del Estero (norte), avenida Sáenz Peña (Este) y Catamarca (Oeste) y medidas de protección a favor de las víctimas. Pese a la oposición de los defensores Escobedo y Ledesma, el juez Gonzalo Ortega aceptó el planteo.
El 14 de abril, Lazarte volvió a ser aprehendida en 24 de Septiembre y Buenos Aires, acusada de haberle robado dinero a un hombre de más de 80 años. La víctima, un ex magistrado, prefirió no hacer la denuncia y pidió que no se siguiera con la investigación. El auxiliar fiscal Filmann no pudo acusarla del hurto, pero sí por desobediencia judicial, ya que violó la prohibición de transitar por el microcentro. Solicitó la prisión preventiva por 15 días. Los defensores no se opusieron, pero sí solicitaron que la medida se diera a través de un arresto domiciliario, ya que tenía dos hijos menores de edad y era el único sostén de la familia. No obstante, el juez Eduardo González aceptó el planteo de la parte acusadora y la envió a un calabozo.
Salida alternativa
El martes 27, Escobedo y Ledesma, en una nueva audiencia, solicitaron una salida alternativa para solucionar las dos causas que se le abrieron a su defendida. Propusieron pagarle $10.000 a la víctima del primer hecho y, por la desobediencia judicial, donar $3.000 al Policlínico Villalonga y realizar tareas comunitarias en la Fundación Cedrón, a cambio de que se anulen los procesos en su contra (conocidos jurídicamente como suspensión de juicio a prueba o probations). Los profesionales informaron que el Ministerio Público Fiscal había aceptado informalmente el acuerdo.
Sin embargo, Filmann no sólo desmintió esa versión, sino que rechazó el planteo de los defensores. Relató que a la imputada se le habían acumulado las dos últimas causas, que cuenta con otras dos en el régimen conclusional y que ya se habían archivado al menos nueve procesos en su contra desde 2007 hasta la fecha por hechos similares.
“Destaco que la acusada no paró de cometer delitos. Estamos ante la presencia de un agente primario del delito. En todos los procesos aparece como autora de hechos contra la propiedad, conocidas vulgarmente como ‘mecheras’, flagelo delictivo que afecta día a día a la sociedad tucumana”, argumentó el auxiliar y aprovechó el debate para pedir una prórroga de 15 días de la prisión preventiva. Sus dos peticiones fueron aceptas por el juez Ortega.
Los defensores impugnaron el fallo. El lunes se realizó la audiencia donde los profesionales indicaron que no había motivos para que siguiera encerrada en un calabozo. El juez Facundo Maggio hizo lugar al planteo y ordenó que Lazarte recupere la libertad con la condición de que abone una caución real de $10.000 y cumpliera con las mismas medidas que se le había impuesto anteriormente. Finalmente, el miércoles se resolvió cómo debía cumplimentar el trámite y la acusada quedó libre ayer.
Interpretación: “ellas no quieren que se difundan sus rostros porque saben que es su fin”
María Soledad Pereyra tiene 10 años de antigüedad como empleada de comercio y conoce muy bien el movimiento del microcentro. “A una ‘mechera’ la detienen y no dicen nada, pero se arrima alguien y les saca una foto y se ponen como locas. Ellas no quieren que se difundan sus rostros porque saben que es su fin, que no podrán robar más porque todo el mundo las reconocerá”, explicó la joven de 28 años. “Los comerciantes ya han comenzado a ubicarlas porque más o menos son las mismas de siempre. Cuando descubrimos una merodeando por la zona, primero nos avisamos entre nosotras y después llamamos a la Policía. Ellas se dan cuenta del movimiento y se van”, agregó su compañera de trabajo, Jimena Galindo. Jenifer Herrera señaló que las redes sociales también son una buena herramienta para anular el accionar de estas ladronas. “Suben sus imágenes y comienzan los comentarios de la gente que siempre la ven por el lado de la Muñecas o dicen ‘ella fue la que le robó el celular a mi hija’. También brindan datos del barrio donde viven y con quién se movilizan”, sentenció. “Las chicas de la Guardia Urbana las tienen remarcadas y cada vez les resulta más difícil robar en la zona comercial del centro. Por eso ahora atacan a la gente que está desprevenida”, comentó Luciana Rodríguez.
Los pasos procesales
- Las “mecheras” normalmente son acusadas de hurto simple, delito que contempla una pena mínima de 20 días a dos años, que nunca será efectiva.
- Es difícil que se les dicte prisión preventiva si no tienen antecedentes. Los fiscales buscan entonces la restricción de acercamiento al microcentro.
- El Ministerio Público Fiscal solicitó a sus funcionarios que pidan la prisión preventiva en caso de que tengan condenas. Pero los jueces tienen la última palabra.
- Los magistrados sí están ordenando la detención de los acusados reincidentes que violen la prohibición de transitar por el microcentro.
- Ante este panorama, los fiscales acumulan las causas con el propósito de aspirar a una condena que sea más alta y de cumplimiento efectivo.
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