Las secuelas del caso Tacacho siguen debilitando instituciones

La exhumación del laberinto judicial de expedientes que desembocó en el femicidio de Paola Tacacho corrobora que la verdad duele porque no tiene remedio, como dijo el poeta Antonio Machado. Tacacho llegó a denunciar hasta cómo iba a matarla Mauricio Parada Parejas dos años antes de que aquel la atacara y, luego, se suicidara. Nadie pudo o quiso impedirlo. No sirvieron de nada los pedidos de ayuda sistemáticos; las pruebas; los informes de riesgo; el consejo de internación del femicida; las medidas de restricción de acercamiento e, incluso, la detención de Parada Parejas desplegados en un ramillete de 13 (¿o 14?) causas penales. La exposición de este desastre estatal ciertamente no devolverá la vida a la joven ni a su agresor, pero tampoco está generando el punto de inflexión que reclamó la presidenta de la Corte Suprema, Claudia Sbdar, en noviembre, días después del homicidio. Lejos de implicar un “parteaguas”, las secuelas del caso “Tacacho” siguen demoliendo instituciones.

La pobreza y los condicionamientos de las reacciones; el blindaje político y la ausencia de esclarecimiento de las responsabilidades a un semestre del crimen denotan la persistencia de los mecanismos que posibilitaron el femicidio. Las medidas articuladas hasta el presente expresan, más que la voluntad de revertir y sancionar las falencias detectadas, una posición de sumisión a ese orden degradado. La propia Corte acaba de sumarse a esa tendencia al disponer un sumario administrativo de contornos imprecisos que consiente la opacidad del Ministerio Público Fiscal y que, específicamente respecto de Pisa, resulta tardío puesto que aquel tiene allanado el camino para jubilarse con el beneficio del 82% móvil gracias a la aceptación de su renuncia condicionada por parte del gobernador Juan Manzur y de la ministra Carolina Vargas Aignasse. Por cierto pasa el tiempo y el juez que sobreseyó a Parada Parejas en 2017 continúa tan “pancho” como siempre. El 27 de este mes vencería el plazo legal de 60 días hábiles otorgado a Pisa para jubilarse: si ello no sucediese, la comisión de Juicio Político de la Legislatura recuperaría la facultad de resolver si promueve su destitución.

El sumario impulsado por los vocales Sbdar, Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos en la Acordada 483/21 podría a lo sumo derivar, no ya en la pérdida del haber previsional excepcional, sino en una denuncia penal contra Pisa. A la luz de los niveles superlativos de impunidad de los funcionarios públicos de “Trucumán” ello tampoco acarrearía una investigación seria y un castigo. En 2014, la Corte consideró que el ex fiscal Carlos Albaca podría haber cometido delitos en su actuación respecto del homicidio de Paulina Lebbos y mandó las actuaciones a la Justicia. Siete años más tarde, Albaca continúa gozando de la jubilación privilegiada y su rendición de cuentas se dilata favorecida por la lógica de conclusión de causas del viejo Código que el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse denominó “agujero negro”.

La Acordada 483/21 resulta difícil de descifrar. El texto indica que comprende a los magistrados, funcionarios y empleados de los ex juzgados de Instrucción en lo Penal N°3 y N°5 de esta capital. Más allá de que Pisa, titular de la ex unidad N°3, está con un pie afuera de los Tribunales, ya se jubilaron los dos jueces que subrogaron en el ex N°5, Víctor Manuel Rougés y Marcelo Mendilaharzu, y que intervinieron en causas de Tacacho por lo que los vocales habrían perdido las potestades disciplinarias respecto de estos. En el caso 17.997/18 consta que Mendilaharzu expidió la segunda perimetral favorable a la víctima y que Rougés autorizó la detención de Parada Parejas: ambos acogieron con celeridad los pedidos del ex fiscal Washington Navarro Dávila. ¿Por qué aquellos quedarían asimilados a Pisa si se comportaron en forma opuesta a él?

También cabe la posibilidad de interpretar que el sumario abarca a todas las causas de violencia de género tramitadas en los ex juzgados N°3 y N°5 entre 2009 y 2020. Alertados por el manejo de los casos de Tacacho, los auditores encontraron moras e inconsistencias en otros expedientes a cargo de Pisa, y procesos pendientes de resolución de la época de las subrogancias de Rougés y Mendilaharzu aunque en un contexto de “tramitación aceptable” de estas denuncias de mujeres vulnerables. Curiosamente, la observación relativa al ex Juzgado N°5 autoriza a conjeturar que el femicidio de Tacacho podría haber sido evitado si la Corte aceleraba el sumario abierto en aquel despacho en septiembre de 2019 como consecuencia de los cajoneos y de las anomalías que denunció la entonces titular Carolina Ballesteros. Al igual que la inspirada en el drama de la docente, esa investigación interna global aún en trámite comprendía al conjunto del personal del ex N°5, donde también prestó servicios como interino -y cobró una suma adicional por ello- el juez Pisa.

Un príncipe del foro advierte que la Acordada 483/21 expone las limitaciones de la Corte para regenerar el área tribunalicia más controvertida, la atinente al control de la actividad investigativa de los fiscales. Los vocales mismos exhibieron su imposibilidad al admitir que el Ministerio Público Fiscal encabezado por alguien que, con la excusa de la covid-19, está de licencia hace más de un año, Edmundo Jiménez, les “había impedido tomar conocimiento del trámite” de las causas de Tacacho. Es posible que esta confesión sea única en la historia de la Justicia local: tácitamente quedaría reconocida la supremacía de Jiménez con el voto de su sobrina Rodríguez Campos. A ello hay que añadir que al menos la mitad de los procesos de la víctima comenzaron en la época en la que la Corte conservaba la superintendencia de todo el sistema judicial, poder que la llevó en septiembre de 2016 a aplicar un apercibimiento al ex fiscal Navarro Dávila. Había muchas formas de perforar la resistencia de la organización más cuestionada por el femicidio y renuente a dar explicaciones, pero avanzar exigía una convicción de justicia y un coraje que, si hubiesen existido, quizá habrían impedido dramas como el de Paola Tacacho.