En el Poder Ejecutivo cayó como una bomba el avance contra Lichtmajer

Ni el gobernador Juan Manzur ni el vicegobernador Osvaldo Jaldo levantan el pie del acelerador; muy por el contrario, lo van pisando progresivamente más a fondo. En una carrera furiosa por el poder -que se adelantó dos años- realizan maniobras cada vez más arriesgadas para sacar ventajas y desestabilizar al otro. Dialogar mientras se avanza a toda máquina es imposible. Pisar el freno no parece una opción (al menos en el corto plazo) y mucho menos dar marcha atrás (algo imposible según cada vez más dirigentes). Ambos se muestran decididos a hacer lo que sea necesario para dejar al otro -y a sus “compañeros”- en el camino.

Luego de tenerla un mes en modo hibernación, Jaldo reactivó todos los motores de la Legislatura para esta dura pulseada contra la Casa de Gobierno. Y el primer movimiento fue fuerte: la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales dio un dictamen -por unanimidad y sin participación del manzurismo- para que el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, vaya a la Cámara a brindar un informe pormenorizado sobre casi un centenar de preguntas y denuncias sin responder.

“Cruzaron una línea”

La novedad cayó como una bomba en 25 de Mayo y San Martín, donde interpretaron que la jugada “es un ataque de frente a la institucionalidad” y a la gestión de Manzur. “Lo que han hecho no tiene nombre. Hasta acá era todo un ‘juego’, pero acá cruzaron una línea”, expresó un integrante de la mesa chica del mandatario.

Entre las respuestas que buscan los parlamentarios de parte de Lichtmajer están: cuál es el estado de las escuelas, si hubo nombramientos sin seguir los canales correspondientes, cómo se invirtieron los $2.700 millones que la Nación anunció que giraría a la Provincia para obras, si los establecimientos cuentan con la infraestructura necesaria para su funcionamiento, y cuál es el impacto de la covid-19.

También por Maley

Fuentes legislativas afirmaron a LA GACETA que el pedido de interpelación será parte de la sesión del jueves 6 de mayo y que cuenta con los votos suficientes para su aprobación. “Vamos a ir para adelante”, subrayó un jugador de peso en el jaldismo. De ser sancionada la resolución, se notificará formalmente al ministro y se le brindaría cinco días hábiles para que reúna toda la información necesaria para dar las explicaciones en el recinto (Art. 57 de la Constitución).

El jaldismo y la oposición buscarán el miércoles darle curso también a los pedidos de interpelación contra el ministro de Seguridad, Claudio Maley, para que dé respuestas sobre la inseguridad. Se prevé que el dictamen sea ingresado en la sesión.

“Vamos a avanzar para que la sociedad tucumana vea cuál es la realidad de la educación en Tucumán; a los docentes y a los niños de la comunidad educativa la Legislatura quiere defenderlos”, dijo el presidente de la comisión, Javier Morof (Justicialista de Todos). Agregó que el ministro no respondió nunca los pedidos de informes y que se les “reía en la cara” porque -según él- el estado de las escuelas no condice con lo que declaró ante la prensa.

Entre los expedientes que se agruparon contra el ministro están: una denuncia planteada por la supervisora Andrea Miguel; requerimientos de los radicales José María Canelada y José Ricardo Ascárate, y del ex republicano Juan Rojas; y pedidos de informes de algunos gremios.

“Ante esta situación de oscuridad que ha generado el propio ministro, las denuncias que recibimos y las escuelas que vemos caerse a pedazos, celebro que venga a dar explicaciones”, dijo Canelada. Ascárate, a su vez, remarcó: “hay que devolver a la institución legislativa el rol de contralor del Poder Ejecutivo y empezar a demostrar que los funcionarios deben dar las explicaciones de todos sus actos y del uso de los recursos que tienen asignados”.

De la reunión también participaron los jaldistas Raúl Ferrazzano y Adriana Najar, y la legisladora republicana Nadima Pecci. Esta última remarcó que el ministro debe explicar también en qué se invirtió el presupuesto 2020 del Ministerio de Educación (unos $36.000 millones) ya que -según dijo- en la Cuenta de Inversión figura ejecutado completamente aunque no hubo clases presenciales.

Fuentes de la cartera de Educación, en tanto, indicaron que no recibieron ninguna notificación formal como para emitir un comunicado y que aguardarán el procedimiento siga su curso.

Cruce en las redes

A través de Twitter, el vicepresidente primero de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse, dijo que hay un “frente opositor”, conformado por macristas y jaldistas, que avanza contra el gobierno de Manzur. “Es la primera vez desde la vigencia del sistema unicameral en Tucumán que desde el mismo ‘oficialismo’ se avanza en un dictamen para interpelar a un ministro del Ejecutivo. Sepa la sociedad que las motivaciones son sólo políticas”, dijo el legislador manzurista y valoró los esfuerzos que hace la Provincia para sostener el dictado presencial de las clases.

Roberto Palina (PT) salió al cruce de Vargas Aignasse, a quien le respondió con una foto suya de cuando fue candidato del Frente Renovador (FR) de Sergio Massa, quien apoyó a José Cano como candidato a gobernador en 2015. “La basura no se esconde bajo la alfombra. No hay un ataque al Gobierno, como cuando quiso ser intendente por el macrismo en 2015”, disparó el jaldista. El manzurista lo acusó de mentir. “Yo fui candidato del FR, jamás con el macrismo”, dijo.

Interrogantes

El bloque Lealtad Peronista, de 14 miembros, anticipó que no está en condiciones de sesionar sin empleados (fueron cesanteados unos 1.100). Sin embargo, algunos integrantes no descartan ir al recinto a defender al Gobierno si los dictámenes ingresan a la sesión. Remarcaron que los legisladores que impulsan los pedidos son los mismos que votaron para que Eduardo Cobos esté al frente de la Defensoría del Pueblo.

En la oposición, en tanto, no descartaban que lo sucedido ayer termine siendo sólo una escalada de amenazas para negociar con más fuerza en la interna.

Contratos y polémica: proyectos por transparencia y austeridad

Que el vicegobernador reconociera que los 14 legisladores del bloque Lealtad Peronistas contaban con 1.100 contratos provocó malestar entre parlamentarios de la oposición. A trazo grueso y en promedio, son 78 empleados por cada miembro del espacio afín a la Casa de Gobierno. Sin embargo, la distribución no es equitativa dentro de la Cámara. Según trascendió, varios legisladores tendrían más de 100 contratos, otros alrededor de 50 y algunos por debajo de los 20. En la oposición hablan de cifras mucho más magras, incluso por debajo de una quincena de contratados entre asesores y dirigentes territoriales. Hay varias iniciativa sin dictamen en post de mayor transparencia en los poderes del Estado. Federico Masso (Libres del Sur) y José María Canelada (UCR) presentaron proyectos para que la Provincia adhiera a la ley nacional de acceso a la información pública (N° 27.275). En tanto que Nadima Pecci (FR) presentó en 2019 un proyecto de ley para que haya transparencia, austeridad y reducción del gasto político en la Legislatura (el Presupuesto para 2021 ronda los $9.000 millones).