Está en marcha ya el segundo sumario administrativo derivado de un operativo policial anti-covid-19 practicado durante la madrugada del domingo en la zona oeste de la capital. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió que el funcionario aprehendido afectado a su ámbito, Federico José Roldán Vázquez, sea investigado y, eventualmente, sancionado. El lunes, el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf, había suspendido por 30 días y abierto una pesquisa interna respecto del otro funcionario arrestado aquel día, Alfredo Iramain (h). “De las actuaciones surgen cuestiones de hecho que deben ser dilucidadas para deslindar o determinar las correspondientes responsabilidades del secretario Roldán Vázquez”, expresaron los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos.
La Acordada 511/21 cita el memorandum policial del 25 de abril caratulado “Atentado y resistencia a la autoridad seguido de lesiones leves. Causantes: Roldán Vázquez e Iramain. Víctima: Walter Colombres, personal policial. Horario: 3 AM aproximadamente”. Esta minuta narra que Colombres recibió un golpe en el pómulo derecho de parte de Roldán Vázquez y que este a su vez fue golpeado por aquel en el labio. El memo agrega que el funcionario judicial fue introducido en el móvil policial, y que Iramain (h) opuso “una tenaz resistencia” al arresto, y que “largaba piñas y patadas” con “la clara intención de rescatar” a su amigo. Ambos terminaron en la comisaría, donde tuvo lugar la apertura de una causa penal con intervención de la Fiscalía de Delitos de Decisión Temprana de turno.
La presidenta Sbdar solicitó a Roldán Vázquez un informe sobre los hechos, presentación que aquel envió el martes. En un contacto con este diario, el auditor de la Corte de 33 años había expresado su consternación y matizado la versión policial. “Me siento muy apenado por lo que sucedió: jamás quise dañar al Poder Judicial. Yo sólo estaba terminando una reunión con un amigo, no en una fiesta clandestina”, había manifestado.
Según el procurador y secretario judicial “B”, “pasó todo muy rápido”. “Sólo puedo decir que estábamos oyendo música con el celular y que escuchamos un ruido muy fuerte. Me asusté, me arrimé a la puerta y, de repente, me encontré con que mi amigo y yo estábamos en la camioneta de la Policía”, había afirmado Roldán Vázquez, que es hijo del camarista penal jubilado Pedro Roldán Vázquez. El contador Iramain, por su parte, es hijo de Alfredo Iramain, secretario de la Junta Electoral, y presta servicios como delegado fiscal del Ministerio de Seguridad. El procurador había observado que en la información distribuida por la Policía constaba una dirección que no era la suya y que no había recibido quejas de los vecinos.
El parte policial indica que los vecinos de Roldán Vázquez habían alertado sobre la existencia de una fiesta en “el pasaje Cayetano Rodríguez primera cuadra”. “Una vez allí se observó a simple vista que había alrededor de 15 vehículos y que de la casa salía música a alto volumen por lo que el comisario Colombres procedió a tocar la puerta para que apagaran la música y se retiraran del lugar puesto que estaban infringiendo el artículo 205 del Código Penal (sanciona a quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia)”, agrega el texto y afirma que el funcionario increpó a Colombres, y que, luego, se desató la golpiza.
Es la segunda vez que la Corte se ve obligada a investigar a un funcionario por conflictos vinculados a las restricciones de circulación impuestas por la pandemia. El año pasado, el alto tribunal cesanteó -con la disidencia parcial de Posse- al prosecretario Alejandro Vallejo luego de que trascendiera que este había amenazado a los vigilantes de un barrio privado con “hacerles armar una causa penal”. A diferencia de Roldán Vázquez, que carece de antecedentes disciplinarios en su legajo, Vallejo había sido trasladado 15 veces y recibido una sanción previa en 25 años de servicio.