El Fiscal de Homicidios del Centro Judicial de la Capital, Carlos Sale, requirió la elevación a juicio de la causa por el crimen del jornalero Luis Armando Espinoza (31 años) de Villa Chicligasta.
Del hecho, registrado en mayo del año pasado en esa localidad, están imputados del delito de “homicidio agravado por la participación en grupo y el uso de arma de fuego” nueve policías y dos civiles. Todos, entre ellos el comisario Rubén Montenegro (jefe de la comisaría de Monteagudo), se encuentran alojados en el penal de Villa Urquiza.
El requerimiento fue confirmado por el letrado Leandro Juárez, defensor del jefe policial, quien anticipó que va a plantear su oposición al pedido al considerar que no están aún reunidos la totalidad de los elementos probatorios de la investigación.
El abogado también adelantó que va a demandar el “sobreseimiento” de Montenegro “al estar determinado que llegó 20 minutos después al operativo que ordenó para desarticular en plena pandemia una carrera cuadrera en que fue muerto Espinoza”. Aseguró que hasta ahora la única arma que, de acuerdo a las pericias, sería con la que se disparó contra la víctima es la correspondiente al oficial José Morales.
Según Juárez, las pericias también establecieron que el automóvil del comisario no tenía rastros biológicos que permitan sostener que fue en el que se trasladó el cuerpo de la víctima.
Espinoza fue asesinado a balazos el 16 de mayo durante un procedimiento contra una carrera cuadrera del que participaron nueve uniformados de la comisaría de Monteagudo. El cuerpo del difunto, luego de un intenso y amplio rastrillaje, fue hallado seis días después a mitad de una caída próxima a La Banderita, a orillas de la ruta nacional 65, en el límite con Las Estancias (Catamarca).
Según se deslizó, los investigadores pudieron dar con los restos de la víctima merced a que uno de los policías se quebró y brindó datos sobre el lugar. De lo contrario hubiera sido imposible. Pues el sitio está a más de 80 kms de Monteagudo y en medio de una serranía boscosa. La causa se inició en el Centro Judicial de Monteros con el viejo código de procedimiento penal y, al ponerse en vigencia el nuevo, pasó a ser residual en la fiscalía de Sale, en la capital, según explicó Juárez.