26 Abril 2021
En los tres primeros meses, la Argentina no ha podido encauzar uno de los principales problemas que, desde hace varios años arrastra la economía: la inflación. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 13% durante ese período. Sólo en marzo, cuando la inflación fue del 4,8%, los alimentos aumentaron más que el índice general. Estos datos vaticinan que la pobreza seguirá en aumento y que el Gobierno deberá apelar a los subsidios y al esquema de control de precios para frenar una estampida inflacionaria.
La inflación es un fenómeno en el que se conjugan varios factores, en el que el Estado tiene la posibilidad de actuar directamente para bajar las expectativas. La presión impositiva sigue siendo elevada en un país en el que sus trabajadores deben trabajar más de la mitad del año para poder mantener regularmente el peso de los impuestos y de las tasas municipales. Aún más, a fines del año pasado, el Gobierno nacional ha dado la posibilidad para que las provincias suspendan el proceso de reducción de alícuotas impositivas tal como lo había establecido el Consenso Fiscal. Esta situación deriva en un problema de productividad para las empresas y de mayores costos para el comercio minorista, que intenta sobrevivir -como casi todos los actores de la economía- en la segunda ola de la Covid-19.
El Estado debería contribuir con políticas proactivas que bajen, precisamente, el peso de los impuestos para una economía que aún no logra recuperarse. La última medición de actividad ha mostrado que en los dos primeros meses de este año, el PBI ha caído un 2,4%. Menos insumos implican más costos de producción y, por ende, un incremento en los precios finales. Las mismas estadísticas públicas han dado cuenta de que, sólo en marzo, los productos textiles han crecido un 71%, por la reducción en el ingreso de materia prima.
Las comparaciones son necesarias para saber dónde se encuentra un país respecto de sus vecinos. En esa orientación, mientras las consultoras privadas estiman que la inflación de este año puede cerrar en torno de un 48%, en cualquier Estado de la región se ha proyectado un IPC 10 veces por debajo de aquella cifra, pese a que algunos de esos países han sido más castigados que otros en términos de pandemia.
La Argentina debe aprovechar el shock de los precios internacionales. Por ejemplo, la tonelada de soja cotiza por encima de los U$S 560, pero las necesidades financieras de un país con escasas reservas internacionales en su Banco Central no permiten pensar en la constitución de un fondo anticíclico, como propician algunos economistas para aprovechar las temporadas buenas para acumular algo de ahorro y así atravesar los períodos malos. El Gobierno, además, suma otro factor de conflicto con el campo al advertir que puede aumentar las retenciones.
La conflictividad política y social no contribuye a encontrar salidas consensuadas en un momento complicado a raíz de la segunda ola de contagios de la Covid-19. Las presiones inflacionarias llevan a demandas salariales en función de ese ritmo de los precios, mientras que el sector privado intenta cerrar la ecuación financiera en medio de una prolongada recesión.
La Argentina necesita un plan de contingencia, consensuado con todos los factores económicos, y proyectar el país para el mediano y largo plazo. Eso sigue siendo la materia pendiente de la política sobre la economía.
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