Legisladores del bloque Justicialista de Todos elevaron un proyecto destinado a concretar la adhesión de la Provincia a la ley nacional 26.150, de Educación Sexual Integral (ESI).
Se trata de una normativa vigente a nivel nacional desde 2006, pero que no se encuentra operativa en el ámbito local.
De hecho, Tucumán es uno de los seis distritos del país que no cuenta con una ley de adhesión a la ESI.
El texto es impulsado por el legislador bandeño Gonzalo Monteros, y lleva además la firma de Maia Vanesa Martínez, de Pablo Alfaro, de Daniel Deiana, de Roberto Palina y de Enrique Fabián Bethencourt, todos integrantes del espacio político que lidera el vicegobernador Osvaldo Jaldo.
La iniciativa apunta a establecer "la enseñanza obligatoria sistemática y gradual de la Educación Sexual Integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia, en todos sus niveles".
En uno de sus apartados, define la ESI como "la tarea pedagógica que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos relativos al ser humano y su sexualidad, con el objeto de promover el bienestar personal y social".
Además, propone al Ministerio de Educación de la Provincia como autoridad de aplicación de la normativa.
En su artículo 5, el texto indica que los contenidos deberán ser impartidos "en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, de la Ley 26.150 y de sus sus normas complementarias". Además, señala que estarán orientados a:
a) "favorecer el desarrollo de una sexualidad sana, libre, responsable y sin coerciones";
b) "generar conciencia acerca de la necesidad de preservar la salud sexual con el fin de capacitar al alumno para adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia, en la vida sexual";
c) "brindar información científica, precisa, actualizada y adecuada al desarrollo de os educandos, acerca de las distintas etapas involucradas en la Educación Sexual Integral";
d) "conocer las normas que rigen toda conducta humana, relacionada al comportamiento sexual";
e) "favorecer la comprensión del valor de la familia en la formación de vínculos sanos, respetando la diversidad sociocultural";
f) "favorecer el desarrollo de actitudes preventivas, a partir del conocimiento de la realidad y las normas jurídicas que la regulan, a efectos de eliminar todo tipo de explotación sexual, trata de personas, abuso y violencia en cualquiera de sus manifestaciones";
g) "contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, especialmente en aquellas de alta incidencia, prevalencia y mortalidad";
h) "generar conciencia respecto a la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual";
i) "contribuir a la disminución de la morbimortalidad materno infantil";
j) "favorecer la formación de criterios propios afirmados en bases sólidas de creencias y valores".
Con la participación de madres y padres
Entre otras disposiciones, el proyecto señala que la ESI "debe incluir a los padres en sus programas". "A tales efectos, la autoridad de aplicación, deberá garantizar la oferta de actividades y lugares dispuestos para la formación, reflexión y consulta para padres, madres, tutores y/o responsables legales, respetando el proyecto educativo institucional de cada comunidad educativa", detalla el proyecto del jaldismo.
"Los objetivos planteados por la Ley 26.150 no se materializan efectivamente en las aulas de los establecimientos educativos de nuestra provincia, siendo
muy pocos los establecimientos que cuentan actualmente con una materia específica dedicada al tratamiento de tan importante aspecto de la educación de nuestro niños y
jóvenes adolescentes", fundamentaron Monteros y sus pares en la presentación de la iniciativa.
Por ello, destacaron la importancia de establecer "la obligación legal de incorporar en la currícula de todos los establecimientos educativos de la provincia la materia Educación Sexual Integral, la que será incorporada respetándose la realidad sociocultural de cada establecimiento y en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros".
Además, remarcaron que "la educación sexual integral es, sobre todo, educación ciudadana, es siempre una 'educación para decidir', para ser más libres, más responsables y más felices". "La educación sexual integral es un tema de educación pública y por lo tanto las escuelas, sean de gestión privada o estatal, deben abordarlo", aseveraron los legisladores.