Biocombustibles: advierten que no hay tiempo suficiente para tratar el proyecto nuevo en el Congreso

Las inquietudes son mayores que las certezas y el tiempo se acaba. A tan solo 19 días del vencimiento del régimen de promoción actual, el nuevo proyecto de ley para los biocombustibles encuentra a los diputados tucumanos en posiciones disímiles. Si bien todos han manifestado su apoyo al fortalecimiento de la política sucroalcoholera, las miradas varían por los plazos vigentes y por una serie de cuestiones técnicas contempladas en el texto presentado esta semana.

El proyecto lleva la firma de cuatro de los cinco oficialistas que representan a la provincia en la Cámara Baja: Pablo Yedlin, Mabel Carrizo, Mario Leito y Carlos Cisneros (Gladys Medina no justificó la ausencia de su nombre). Entre los opositores, sólo Domingo Amaya (PRO) ha participado en la iniciativa, que fue presentada junto con 10 parlamentarios más.

¿Qué sucedió con el resto de los representantes, en particular dentro de Juntos por el Cambio (JxC)? A pesar de la intervención de Amaya, miembro de su mismo interbloque, los radicales José Cano y Lidia Ascárate definieron el proyecto como “oficialista” y marcaron algunas diferencias.

“Que hayan firmado tantos diputados tucumanos quiere decir que seguramente está bien medido para nuestra provincia. Ahora bien, en JxC, como espacio plural y federal, nos queremos asegurar de que nadie salga perjudicado. Debemos buscar consensos y llevar adelante una revisión técnica completa, lo cual lleva tiempo”, advirtió Ascárate a LA GACETA. “Queremos consultar a todos los actores involucrados, y no sólo pensando en Tucumán. La Unión Cívica Radical (UCR) tiene estructura orgánica en todo el país, así que velamos para que nadie se vea afectado”, ahondó.

La diputada opositora destacó que el tema define “el futuro de la matriz energética del país”, por lo que “es necesario asegurarse de que no se vaya para atrás”. “Mi propuesta es que el presidente (Alberto Fernández) prorrogue el régimen actual, que ha dado muy buenos resultados, mientras desmenuzamos todos los factores para una nueva ley que cuide el medio ambiente y dé seguridad a las inversiones. Además, no hay tiempo para que el proyecto presentado sea tratado en las dos cámaras del Congreso en tres semanas”, aseguró Ascárate.

Si bien no descartaron apoyar eventualmente la iniciativa, en la oposición expresaron dudas por otros puntos establecidos. En especial, generó desconfianza que la Secretaría de Energía pueda quedar facultada a elevar o disminuir “discrecionalmente” los porcentajes mínimos de mezcla.

“Defender a Tucumán”

Amaya manifestó ayer un criterio divergente. “Más allá de los lineamientos del bloque, voy a defender los intereses de Tucumán. Por eso soy el único de JxC en haber firmado el proyecto; no tengo por qué recibir órdenes de nadie para definir lo que es bueno para la provincia”, lanzó el ex intendente capitalino. E insistió: “el sector sucroalcoholero se diferencia enormemente de la producción hecha a partir de maíz y soja, que son commodities con precios internacionales en alza”.

Justamente, una de las cuestiones que mantiene en vilo tanto a opositores como oficialistas es que el nuevo proyecto reduce a 5% la mezcla obligatoria del biodiésel en el gasoil, desde el 10% actual; mientras mantiene en 12% la de bioetanol en la nafta (determina, como el régimen actual, un corte del 6% para el generado con caña de azúcar).

Amaya reconoció que los tiempos legislativos no son favorables para que avance la iniciativa antes del 12 de mayo, pero dijo que intentarán que llegue al recinto. “Hablé para que sea girado de inmediato a las comisiones de Energía y Presupuesto. De todos modos, pedimos al presidente de la Cámara (Sergio Massa) que en principio se prorrogue la ley actual”, dijo. El año pasado, el Senado aprobó la extensión por unanimidad, pero luego no prosperó en Diputados.

El diputado del PRO elogió varios aspectos del texto que rubricó. “Contempla un tiempo mayor que el que establece la prórroga porque hablamos al menos hasta 2030, con posibilidad de una prórroga por cinco años más. Eso da mayor previsibilidad a los industriales y, lo que es más importante, defendemos la actividad azucarera para que no se pierda empleo”, puntualizó.

En el Frente de Todos

En el oficialismo, en tanto, Yedlin planteó que la intención es que salga la ley nueva, más que prorrogar la vigente. Sin embargo, aclaró que aún no es posible hablar de fechas concretas. “Pasa que hay muchos otros temas pendientes por definir en Diputados. Podrían dar los tiempos, pero depende. Una herramienta que siempre está es pedirle al presidente que prorrogue el régimen por decreto”, analizó.

Al igual que Amaya, Yedlin relativizó los cambios que el texto nuevo introduce para otros combustibles de origen vegetal. “El maíz es más demandado y su precio internacional va en aumento. La situación del azúcar es otra, así que la redacción del proyecto tiene su lógica. Sería una ley que le daría a la industria sucroalcoholera del Norte argentino un horizonte claro dentro del mediano plazo. Es muy importante para Tucumán sacar una norma definitiva así”, destacó el diputado justicialista.

¿El proyecto nuevo podría prosperar en el Congreso? Los cambios en el maíz y en la soja generan dudas en representantes de distintos espacios, pero en el Frente de Todos creen que los números serían suficientes en caso de que finalmente llegue a debate.