Caso Tacacho: “Rivadeneira generó una violencia institucional gravísima”

El femicidio de Paola Tacacho volvió a ser colocado sobre la mesa de la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Ocurre que el legislador radical José María Canelada y la madre de la víctima, Mariela Tacacho, solicitaron la destitución de otra autoridad judicial implicada en el trámite de las 13 causas penales promovidas por la joven salteña, la fiscala Mariana Rivadeneira. Según la denuncia presentada ayer, esta integrante del Ministerio Público Fiscal incurrió en mal desempeño por inaplicación de la perspectiva de género prevista en los tratados internacionales para erradicar la violencia contra la mujer. “Rivadeneira generó una violencia institucional gravísima y por ello debe ser destituida”, expresaron los denunciantes.

La impugnación cuestiona la intervención de la fiscala en las causas N° 4 y 5 de Tacacho. El primero de esos procesos fue archivado tras una pesquisa de 24 horas: Rivadeneira lo cerró “por pruebas insuficientes”. En las actuaciones consta que la Policía se dispuso a investigar si el femicida Mauricio Parada Parejas violaba la primera medida perimetral y al día siguiente informó que las averiguaciones habían arrojado resultados negativos. En el caso N°5, Rivadeneira dictaminó que habría vencido el plazo de la restricción de acercamiento dictada el 26 de mayo de 2016, aunque las tres copias agregadas a la causa indican que esta no tenía una fecha de duración determinada. La fiscala añadió que a partir del testimonio del amigo de Tacacho, Marcelo Rodríguez, no se había podido establecer con precisión la transgresión.

Canelada y Mariela Tacacho manifestaron que Rivadeneira tuvo en sus manos la posibilidad de frenar al femicida, pero contribuyó a la revictimización de la profesora de Inglés. “Es inadmisible, luego de los graves incumplimientos mencionados, que la fiscala continúe en el cargo: no adoptó medidas jurídicas ni de otra naturaleza para proteger eficazmente a Paola contra la violencia. Se limitó a resolver de manera abstracta como si lo que estuviera en peligro no fuera la vida de una mujer”, cuestionaron.

Tras el crimen de Tacacho, Juicio Político recibió siete pedidos de expulsión contra el juez Juan Francisco Pisa, quien sobreseyó a Parada Parejas en la causa N°2. El día que vencía el plazo para tomar una decisión, el 24 de febrero, el gobernador Juan Manzur y la ministra Carolina Vargas Aignasse aceptaron la renuncia de Pisa condicionada al otorgamiento de la jubilación con el 82% móvil, acto que suspendió por 60 días hábiles el trámite en la Legislatura.