Dudas por la nueva ley de biocombustibles

Los productores de biocombustibles en el país viven por estas horas la incertidumbre propia de los que esperan que se cumplan las promesas reiteradas por el Poder Ejecutivo Nacional. Todos los sectores involucrados, desde el NOA como del NEA, quieren que se prorrogue la Ley 26.093 que rige desde 2006. Ya esa prórroga fue votada por unanimidad en el Senado antes de fin de año y, los promotores de la presentación en la Cámara de Diputados del nuevo proyecto de ley (el Frente de Todos) para reemplazarla, generaron incertidumbre ya que, en caso de avanzar en el Congreso y aprobarse, empezaría a regir a partir del 13 de mayo, un día después de cuando deja de tener vigencia el régimen actual.

Para que ocurra eso, desde ¿el oficialismo estiman que el proyecto podría llegar al recinto en dos semanas, luego de que pase por las comisiones respectivas. Tampoco es seguro que se logrará aprobar un dictamen por la mayoría.

Al respecto, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, precisó que el proyecto presentado en Diputados “define cortes y precios en función de la realidad”. “En la Cámara expusimos nuestra visión respecto de lo que tiene que ser el nuevo régimen, donde se tenga en cuenta a la actividad, que proteja a las PyME y que proteja sobre todo el corte de azúcar, porque es fundamental para el desarrollo de determinadas regiones; pero también que se entienda cuál es el nuevo contexto internacional y el nuevo concepto sobre la transición, 15 años después” de aprobarse la actual ley, apuntó.

Ante este cuadro de situación, la Federación Económica de Tucumán reclamó a los legisladores nacionales de la provincia de un petitorio con una clara postura hacia la extensión del plazo de vigencia de la Ley. “La falta de una normativa que regule la actividad y brinde previsibilidad al sector, sobre todo al esquema de precios que viene en baja, puede ocasionar una brusca caída de la economía en el norte argentino, afectando a la producción, la industria, el comercio y los servicios. Sería darle un golpe de nocaut a la región más pobre del país”, afirmó el titular de la FET, Héctor Viñuales Santafe. También reclamaron por la prórroga al presidente, Alberto Fernández, la Sociedad Rural de Tucumán, la Unión Cañeros de Tucumán (UCIT) y los cañeros del Este y del NOA. Apuntan que sin ley vigente, se expone a 10 provincias, 20 ingenios, 10 destilerías y 200.000 puestos de trabajo a que “le extiendan el certificado de defunción”.