Por falsificar actas, un juez de Paz afronta su quinto sumario

Lídoro Alberto Macedo marcó un récord disciplinario en el Poder Judicial de Tucumán: por quinta vez desde 2011 afrontará un sumario administrativo. El juez de Paz asignado a la oficina de Estación Aráoz (Leales) será investigado por conductas que ya habían dado lugar a un pedido de destitución que finalmente rechazó la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Según Raúl Scrocchi, Macedo falsificó instrumentos públicos y cometió irregularidades en la provisión del polémico servicio de las bodas a domicilio. El detalle de estas anomalías consta en la Acordada 316/21, donde los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos encargaron la pesquisa a la secretaria de Superintendencia, Gabriela Blanco, quien será asistida por la funcionaria Lorena Díaz Lozano.

Llamativamente Macedo fue denunciado en agosto de 2019 mientras los legisladores analizaban la petición de expulsión formulada por la propia Corte con los votos de Posse, Sbdar y el camarista Alberto Martín Acosta. El juez de Paz no pudo ser ubicado ayer, pero dos años atrás había anunciado que haría comentarios a la prensa “cuando se jubile”.

Los hechos que desencadenaron este quinto sumario se remontan a una presentación del prosecretario del Juzgado de Estación Aráoz, Carlos Roberto Fauze, quien expuso que Macedo había “apalabrado” a la empleada Silvana Soraire para que “en forma secreta” le proporcionara los libros de matrimonio. Según la Acordada 316, como Soraire no accedió, el juez de Paz subrogante (originalmente ejercía funciones en San Pablo, pero la Corte lo trasladó por las denuncias que recibió allí) habría presionado a sus colaboradores David Jiménez y Nancy Albarracín hasta lograr su objetivo. Albarracín declaró que Macedo se presentó en su vivienda particular para reclamar con urgencia las llaves del Juzgado y que su hija se las entregó por tratarse de un superior.

Al parecer, el juez de Paz celebró una serie de bodas por su cuenta y las registró con datos apócrifos. Esto ocurrió en momentos de cuestionamientos intensos hacia esta modalidad de enlaces que generan ingresos adicionales e informales para los jueces de Paz. Por casar fuera de la provincia, tres funcionarios judiciales (José Luis Guerra, Josefina Penna y Juan Cipriani) fueron sometidos al escrutinio de la comisión de Juicio Político, pero los legisladores tampoco encontraron pruebas de mal desempeño para impulsar la destitución (en el ínterin, Guerra accedió a la jubilación con el 82% móvil).

Más allá de intervenciones cuestionables en matrimonios puertas afuera, Macedo dejó plantados a los novios Rosa Tamara Salazar e Iván Darío Lugones que acudieron a dar el sí en su despacho. Fauze acotó que esta ceremonia debía ocurrir el 6 de septiembre de 2019 a las 11, y que los contrayentes se presentaron con la debida antelación junto a sus testigos, familiares y allegados: “pero tras esperar hasta las 12.30, se retiraron sin que Macedo explicara el motivo de su inasistencia”.

“A partir de una investigación sumaria, Scrocchi consideró que Macedo cometió las siguientes irregularidades: 1) falsificación de instrumento público al hacer constar que los matrimonios se realizaron en Estación Aráoz cuando ocurrieron fuera del Juzgado y de su jurisdicción; 2) violación del artículo del Código Civil y Comercial de la Nación que establece que alguno de los cónyuges debe tener domicilio en el ámbito de competencia del oficial que celebra la boda, e 3) incumplimiento de la circular 11/18 del Registro Civil Central que obliga a pedir autorización para sacar los libros de la oficina”, expresó la Corte.

El secretario Scrocchi recordó que Macedo acumulaba varios sumarios y sanciones. En la base de acordadas abierta al público se puede reconstruir ese historial hasta 2011. En octubre de aquel año, la Corte suspendió cinco días sin goce de haberes a Macedo por “propasarse” en la resolución de un amparo a la simple tenencia, y la morosidad en el diligenciamiento de cédulas y oficios.

El 13 de marzo de 2012, el alto tribunal ordenó un segundo sumario luego de que el abogado Federico Colombres denunciara irregularidades respecto del diligenciamiento de cuatro cédulas de juicios de la firma Citrusvil. El 21 de mayo de 2013, la Corte abrió un tercer sumario como consecuencia del llamado de atención severo que Elena Gasparic, titular del Juzgado en lo Civil en Documentos y Locaciones N°6 de esta localidad, impuso a Macedo “por desobediencia reiterada a una orden judicial” en un proceso de desalojo. Los vocales constataron las anomalías y sancionaron a Macedo con otros 15 días de suspensión.

En 2017 comenzó la cuarta investigación interna. Tras más de dos años de trámite, la Corte consideró acreditadas numerosas faltas desde inasistencias reiteradas hasta actas de nacimiento, matrimonio y defunción incompletas. A eso se sumaba la costumbre de celebrar bodas en cualquier localidad con el sello del Juzgado de San Pablo, pese a que el funcionario ya no trabajaba en esa oficina. La Corte añadió que en esa fecha Macedo estaba imputado en seis causas penales y tenía una restricción de acercamiento por una denuncia de violencia de género. En la acordada en la que pidieron la destitución, los vocales achacaron al funcionario “irresponsabilidad”; “habitualidad o reiteración de las conductas irregulares”, y un comportamiento privado reñido con el decoro y la dignidad que deben guardar los integrantes de la Justicia.

Después del retiro: “Hablaré cuando me jubile”, había prometido el juez de paz cuestionado

Lídoro Alberto Macedo no pudo ser ubicado ayer, pero sigue vigente su promesa de hacer comentarios cuando pase al sector pasivo -podría aspirar a obtener la jubilación con el beneficio del 82% móvil-. “Hablaré cuando me jubile, si es que me dejan jubilar. Mis hijos y mi hermano (Eudoro Albo, magistrado del Tribunal de Impugnación de la capital) trabajan en los Tribunales, y no quiero perjudicarlos”, había explicado el juez de Paz a LA GACETA en junio de 2019. En ese momento tenía 67 años: Macedo llegó a su cargo en 2001.