Cristina Rojas tiene 38 años, 10 hijos y siete nietos. Todos viven en el mismo lote, en tres casas alrededor de un espacio común. Dos de sus hijas no van a la escuela ni tienen DNI actualizados. “Tengo tres para mandar a la secundaria pero este año no he tenido dinero para anotarlas. Estaban pidiendo $ 1.000. Agatas he podido anotar a los otros dos, uno en segundo y otro en tercer grado de la escuela La Costanera”, cuenta con su hija menor, de cuatro años, en brazos.
Preocupada, dice que “en la escuela todavía no han empezado a dar la vianda”. Recuerda con nostalgia los tiempos en que los chicos comían y tomaban la merienda en el aula. Ya todo ha cambiado. Su hija tiene un celular y por eso los chicos pueden estudiar. “Nos turnamos para hacerles hacer los deberes. A veces yo salgo a vender en el carrro y ella se queda con los chicos míos y de ella, o al revés, me quedo yo y ella sale”, cuenta. Cada hija tiene una tarea: la de 18 años se encarga de la limpieza y de cuidar a sus hermanos menores. La de 14 colabora en la venta de verdura.
Cocinar es el desafío de cada día. $ 550 cuesta cada garrafa y apenas alcanza para poco más de una semana. Comen con dos kilos de fideos. Cristina cobra la pensión por los siete hijos y las hijas más grandes la Asignación Universal por Hijo. “Me gustaría que mi marido cobre un plan. Él recién ahora tiene el DNI. Nunca se ha podido anotar en nada del gobierno”, dice.
A pesar de todo agradece no haberse enfermado de coronavirus. “La gente de Salud no se arrima por aquí. El año pasado han pasado repartiendo alcohol y de ahí nunca más”, cuenta.