Tips para jueces deseosos de recuperar el afecto comunitario

Ciertas preguntas son más elocuentes e informativas que las respuestas que provocan. En esa línea se inscribe el interrogante que formuló este jueves el sociólogo Kevin Lehmann en un taller virtual organizado por la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT). “¿Por qué la sociedad se alegra de que existan los maestros y los médicos, pero no los jueces?”, planteó. Y contestó que los ciudadanos no vinculan la tarea que los Tribunales desarrollan con su vida, bienestar, convivencia pacífica y proyecto personal. Guadalupe Aiquel, jueza de Concepción, propuso que para conquistar el cariño de la comunidad había que empezar a mostrarse iguales a sus semejantes. En esa línea, Lehmann aconsejó a sus oyentes: “pidan que dejen de decirles ‘doctores’ a aquellos que no hicieron el doctorado y de ponerse de pie cuando ingresan a la sala”.

Abundaron las sugerencias de cambios de forma durante las dos horas que duró este diálogo en el que intervinieron alrededor de 50 jueces y fiscales locales, entre ellos uno que hizo mucho por tirar abajo la imagen de su estamento, Juan Francisco Pisa. El aún titular del Juzgado Nº1 encargado de controlar la mitad de las pesquisas en trámite con el antiguo Código Procesal Penal escuchó fumando cómo Lehmann decía que le había dolido muchísimo el femicidio de Paola Tacacho, escándalo por el que aquel recibió siete pedidos de destitución hoy suspendidos gracias a la decisión del Gobierno de Juan Manzur de aceptarle la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación con el 82% móvil. Cuando el orador se despedía, Pisa activó el micrófono y lamentó no haber podido relatar su historia. Ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura, el juez se presentó como víctima de una operación mediática que se había cebado con él y brindado cobertura a sus colegas encargados de tramitar las otras 12 causas abiertas en vano por Tacacho para frenar a su agresor, Mauricio Parada Parejas.

La AMT no se pronunció sobre el escándalo de la profesora de Inglés ni acerca de la destitución de Enrique Pedicone, el camarista que denunció al vocal de la Corte, Daniel Leiva. El mismo día que el Jurado de Enjuiciamiento notificó dicha expulsión -con las disidencias del vocal Daniel Posse y del legislador alfarista Walter Berarducci-, la Asociación propaló un comunicado de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) en apoyo del fuero penal tucumano y de aumentos salariales en otras jurisdicciones. Este timing enfureció al gurú del nuevo procedimiento vigente en toda la provincia desde el 1 de septiembre, Alberto Binder. “Justo cuando cometen este atentado contra Pedicone, este verdadero atentado a la independencia judicial, las asociaciones de magistrados tanto de Tucumán como nacional se callaron la boca conscientemente”, lamentó.

Más allá del comentario al pasar de Lehmann respecto de Tacacho, no hubo menciones a los puntos que provocan urticaria, como la ausencia de un decálogo ético que morigere, entre otros dramas, los males del nepotismo y de la familia judicial, o el déficit de imparcialidad advertido en el tratamiento de las denuncias de corrupción. Marcela Ruiz, presidenta de la Asociación, se limitó a decir en la introducción al Zoom que “la comunicación era el tema que mayores inconvenientes les había generado”. “Parece que nada de lo que hacemos alcanza. Se analiza y se toman en cuenta los aspectos negativos, pero nunca las cosas buenas. Esto pasa en casi todos los fueros, pero a los compañeros de penal están atacándolos permanentemente. Hay muchos que son escrachados: cualquiera habla por un parlante al frente de Tribunales. Estamos ante una mirada de la sociedad bastante negativa”, precisó. Lehmann cuantificó que ese malestar alcanzaba al 80% de la población.

El expositor y asesor de la FAM dijo que le resultaba “alucinante” la carencia de números existente en el discurso relativo a la Justicia, e instó a medir el desempeño, y a transparentar las estadísticas de ingreso y de resolución de procesos, difusión que en el sistema judicial local sólo sucede cuando la cúpula lo autoriza, pero no de manera consuetudinaria. “Al exabrupto ‘los jueces no trabajan’ hay que contestar con datos”, recetó Lehmann y desafió a la magistratura a romper el cepo estadístico impuesto por las autoridades. Según su criterio, sólo de esta manera la comunidad podrá advertir que el volumen de conflictos supera con creces las posibilidades de procesarlos y empatizará con los que soportan tales condiciones laborales adversas.

Un magistrado del sur se quejó de que la política arroje a la Justicia la responsabilidad de la inseguridad mientras que una colega de la capital objetó el protagonismo del Ministerio Público Fiscal en las noticias relativas a la persecución de la delincuencia. Frente a estas cuitas, Lehmann aconsejó “hablar con la realidad” a los fines de desmontar las creatividades que fabrica la fantasía: “cuenten el problema que se solucionó y los beneficios sociales de la magistratura. Cuando aquella tiene la palabra, se abre una oportunidad enorme para relatar lo que vino roto y logró reparar. Devuelvan una historia de vida, no el esqueleto jurídico. Importa saber qué pasó, no la cuestión técnica. Exhiban sus vulnerabilidades”.

El catálogo de ideas para recuperar credibilidad descartó que la reconciliación con la sociedad pase por dar buenas noticias. “Esto es una mala idea. Se pacifica mediante el ajuste de las expectativas. No se puede recomponer la cáscara de los huevos que llegaron fritos. Los jueces tienen que aprender a escuchar y a hablar, y asumir el nivel de frustración. La gente cree que ustedes cobran más de lo que cobran y que se la pasan en el jacuzzi”, opinó Lehmann. A modo de cierre, diagnosticó que el Poder Judicial sufría el síndrome de la mujer golpeada: “los magistrados consideran que si habla, no cambiará nada. Pero si lo hacen, generarán adhesiones. Hablen sin dar cátedra, sin latinajos y sin justificaciones. La sociedad tiene derecho a saber qué pasa y no es enemiga de los Tribunales”.