Por Juan Martín de Chazal
10 Abril 2021
El Gobierno nacional anunció la creación de un protocolo de alerta temprana para asistir a aquellas familias locatarias que enfrentan situaciones de desalojos. Tras el fin del decreto que los había suspendido y que había creado la posibilidad de congelar los alquileres durante un año, los inquilinos que hicieron uso de la herramienta desde marzo de 2020 deberán abonar las deudas acumuladas con los propietarios en planes de hasta 12 cuotas. Caso contrario, podrán enfrentar juicios de desalojo.
Ante el recrudecimiento de la emergencia sanitaria, la Federación Nacional de Inquilinos presentó un amparo judicial para que los procesos vuelvan a ser impedidos. Según sus números, cerca del 50% de los locatarios del país -cuatro millones de familias- tuvieron algún inconveniente para pagar el último año. Además, los referentes de la agrupación alertaron por una “segunda ola” de desalojos, en especial en Buenos Aires.
¿Cuál es la situación en Tucumán? Fernando Guzmán, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán (CCIT), analizó que las nuevas soluciones ofrecidas por el Estado nacional para los inquilinos no deberían calar hondo en la provincia. “Según nuestros informes, en Tucumán fue muy reducida la cantidad de personas que hicieron uso del decreto 320/2020. Entonces serían pocos los que entrarían en el padrón que confeccionen para asistirlos con el protocolo de desalojos”, consideró el referente del mercado inmobilario.
La resolución 5/2021 del Ministerio de Desarrollo Territorial de la Nación estableció grupos que serán prioritarios para recibir ayudas habitacionales. El protocolo creará un censo de hogares que estén atravesando procesos de desalojo en instancia de mediación o juicio, y cuyos contratos hayan estado alcanzados por el decreto 320, que expiró el 31 de marzo. “Aquellos que eran deudores antes de la pandemia no entrarían en el padrón. El Estado procura crear una lista de espera con personas prioritarias en los planes de vivienda para entregárselas con alquileres subvencionados o préstamos con tasas accesibles. El tema será ver la letra chica: si acá en Tucumán demorarán un año en hacer las casas, vamos a entrar en problema si salen desalojos dentro de 60 o 90 días”, advirtió Guzmán.
LA GACETA se comunicó con Gervasio Muñoz, titular de la Federación Nacional de Inquilinos, pero no obtuvo respuestas pese a la recepción de las comunicaciones. Aún no hay plazos concretos para la política pública del Ministerio de Desarrollo Territorial, que aún debe analizar el stock de viviendas disponibles para ofrecer.
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