09 Abril 2021
PARROQUIA. La casa parroquial de San Martín de Porres fue la escena del crimen del padre Oscar Juárez, quien murió tras recibir 15 puñaladas. la gaceta / foto de DIEGO ARáOZ
Las idas y vueltas en la Justicia provincial por el pedido de arresto domiciliario para el único acusado de haber asesinado al padre Oscar Juárez generó la reacción de la comunidad que asiste a la parroquia San Martín de Porres.
Hoy, luego de la misa de las 20, los feligreses marcharán con cirios y antorchas alrededor de la iglesia ubicada en Castro Barros y San Martín.
"La comunidad parroquial se encuentra muy dolida e indignada por la falta de justicia", expresa la convocatoria a la manifestación, que comenzó a circular desde ayer por las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea.
Ayer, LA GACETA dio a conocer que la audiencia celebrada en el marco de la causa por el homicidio de Juárez había abierto la posibilidad para que el imputado Jorge Leonardo Herrera obtuviera el beneficio del arresto domiciliario.
Los abogados defensores Manuel Pedernera y Lucas Ramón habían planteado que no existía riesgo de que su cliente entorpeciera el proceso. En principio, la auxiliar fiscal María Azucena Sierra no se opuso, algo que sí habían hecho los letrados Cecilia Robles (por la querella) y Juan Andrés Robles (actor civil en nombre del Arzobispado de Tucumán).
Enterado de la decisión de Sierra, el fiscal de Cámara, Alejandro Noguera, rectificó la postura del Ministerio Público Fiscal. Según confirmaron fuentes judiciales, presentó un escrito ante el juez Emilio Páez de la Torre y solicitó que a Herrera se le prorrogue la prisión preventiva por seis meses. A la auxiliar fiscal, en tanto, se la habría separado del cargo e iniciado un sumario por su tarea.
El miércoles 15 de julio de 2020, la encargada de la limpieza de la parroquia de San Martín de Porres encontró sin vida al padre Oscar, de 67 años. La autopsia reveló que había sido asesinado de varias puñaladas. Según la hipótesis oficial, el joven habría asesinado al padre porque le reclamaba la devolución de unos U$S 60.000, que habían sido sustraídos cinco meses antes del crimen. La causa cuenta con requerimiento de elevación a juicio oral y público por parte de MPF.
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