Nace una casa para pacientes ambulatorios de salud mental a partir de un juicio abierto en 2006

Tras la muerte de sus padres, María Isabel Gramajo fue internada en el Hospital Nuestra Señora del Carmen. Aunque al comienzo la internación lucía justificada, con el tiempo comenzó a ser evidente que la estancia en aquella institución pública de salud mental no obedecía a un criterio médico sino a la realidad de que Gramajo, aunque poseía una vivienda, no tenía a dónde ir, como suele suceder a los pacientes de su patología. El caso desembocó en una solución única e inédita: la transformación del inmueble de Gramajo en una Casa de Convivencia para ella y otras mujeres en su mismo estado que posibilita la experiencia del nuevo paradigma jurídico fundado en la integración comunitaria gradual y los derechos humanos.

Los antecedentes de esta historia constan en el juicio de “insanía y curatela” iniciado en 2006. La serie de sentencias emitidas por la jueza de Familia N°7 de esta ciudad, Ángela Rossana Martínez, ilustra sobre el camino complejo recorrido hasta la creación de esta institución en el ámbito del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) que procura revertir la carencia de políticas públicas dirigidas a uno de los sectores más excluidos de la sociedad. Esa discriminación e invisibilización llevó a Martínez a resolver que la casa tomara la denominación de la paciente que había precipitado su fundación.

“El instituto deberá llevar el nombre de la propietaria del inmueble como recordatorio del daño ocasionado por el encierro prolongado; de la necesidad de inclusión en la comunidad y del respeto por los derechos humanos de quienes padecen enfermedades mentales”, ordenó la jueza en un pronunciamiento de 2017. Y agregó que el cumplimiento de los derechos exige la exhibición de la problemática, la concientización y la educación: “sólo de esta manera será posible cambiar el modelo caracterizado por el encierro, el abuso de poder, el maltrato y el abandono de las personas que conforman este colectivo vulnerable”.

Un cartel colocado en la fachada de la propiedad ubicada en la calle José Manuel Estrada del barrio Esteban Echeverría informa que allí funciona la Casa de Convivencia “María Isabel Gramajo” como un brazo de “externación” de El Carmen. La gestión de la institución y los tratamientos de rehabilitación dependen del hospital del Siprosa: un equipo se ocupa de preparar a las pacientes dadas de alta para que puedan paulatinamente enfrentar un mundo que en líneas generales no comprende las enfermedades mentales, y, por ello, las rechaza y estigmatiza.

El entrenamiento requiere desde contención y dinámicas de trabajo en grupo hasta la enseñanza de tareas domésticas. A las limitaciones que las dolencias de esta clase implican para la vida corriente hay que sumar las secuelas de la internación prolongada, que dificulta la interacción puertas afuera.

El proceso iniciado hace 15 años acredita los escollos que enfrenta la reinserción prevista en las leyes y tratados internacionales, que desterraron los llamados “loqueros” y “manicomios” con el espíritu tutelar y cosificador, que considera a la enfermedad mental como una invalidación permanente. Ocurre que los pacientes que carecen de familiares o de recursos materiales terminan expuestos a desenlaces crueles e indignos. Eso incluso acontece a quienes dispone de algún tipo de medios, como Gramajo. Según los registros, los padres de esta adulta bregaron para que, a posteriori de su deceso, la cuidaran, pero quienes debían ocuparse de ella se quedaron con su casa y promovieron su hospitalización por un lapso indefinido. Gramajo ingresó a El Carmen el 12 de diciembre de 2007 y seguía allí en 2016, pese a que estaba en condiciones de egresar desde 2011.

Enfoque innovador

El desamparo comenzó a ceder cuando la curadora original fue desplazada y sustituida por Lilia Estela Salim, defensora de Menores e Incapaces N°1 de la capital. En audiencias y presentaciones en las que también intervinieron Liliana Torres y Verónica Parache, profesionales del equipo del Hospital del Carmen, y Teresa Ivankow, funcionaria judicial a cargo de articular medidas en materia de discapacidad, salud mental y consumo problemático de estupefacientes, las partes dieron forma a la salida progresiva de Gramajo, que inicialmente estaba afuera sólo dos horas al día. A partir de allí y en paralelo al desarrollo del juicio sucesorio, Martínez ordenó el desalojo cautelar del inmueble de Gramajo; prohibió a los ocupantes acercarse a la propietaria; dispuso una consigna policial para impedir usurpaciones y autorizó el “plan de externación” propuesto por El Carmen.

La materialización de la Casa de Convivencia no fue fácil porque había que articular un proyecto sin precedentes en la provincia y superar abundantes cuestiones burocráticas. Si bien Gramajo disponía de una vivienda, esta debía ser acondicionada en múltiples sentidos para que aquella pudiese habitarla y seguir recibiendo la atención sanitaria apropiada. En palabras simples, había que generar un cuidado especial inexistente en el Siprosa. La coordinación requirió del trabajo conjunto del sistema judicial, y de los ministerios del Poder Ejecutivo que conducen Rossana Chahla (Salud) y Gabriel Yedlin (Desarrollo Social) -en ese momento, el médico Walter Sigler, hoy director general de Salud Mental y Adicciones, encabezaba El Carmen-. En el ínterin, la propiedad desocupada fue vandalizada y atacada, y su deterioro se convirtió en una barrera más para el objetivo de que Gramajo egresara del hospital.

La búsqueda de una alternativa condujo a la siguiente innovación: con la intervención de Salim, la paciente, que carece de herederos, donó al Siprosa su bien con el cargo de que esa agencia ponga en marcha un hogar para ella y otras pacientes similares. La donación consta en la sentencia del 1 de junio de 2017 donde Martínez autorizó su procedencia siempre y cuando el Estado garantice la manutención y los tratamientos de Gramajo así como las refacciones y demás gastos que demande el funcionamiento del instituto, y que este iba a continuar existiendo tras el fallecimiento de la donante. La jueza advirtió que si esas obligaciones no se verificaban, la donación sería revocada. Con un paso lento, pero sostenido, la iniciativa prosperó. Un proceso judicial dio lugar así al nacimiento de la Casa de Convivencia que rompe el esquema “hospitalocéntrico” que condenaba a quienes sufrían enfermedades mentales a la pena del aislamiento perpetuo.