Soto y Kaleñuk, en la telaraña del caso Lebbos

La nueva instancia de la investigación del asesinato de Paulina Lebbos pasó como una información de menor cuantía en medio de la avalancha de noticias en una sociedad amortiguada. Después de 15 años, hay un acusado concreto, César Soto, a partir de una hipótesis coherente, y otros tres acusados por el crimen. Antes hubo un acusado, Roberto Gómez: un chip de telefonía a su nombre había aparecido en el celular de la víctima y por ello estuvo tres años con prisión preventiva. Luego fue sobreseído en el juicio de hace dos años. Desde el mismo momento del juicio se pensaba que esta acusación (tener el chip del celular) era poco sustancial para sostener un cargo de homicidio. Ahora, en cambio, el fiscal Carlos Sale dice que Soto, ex pareja de Paulina y padre de la hija de la víctima, la estranguló durante una discusión, aparentemente por celos. Y luego, presuntamente con la ayuda de Sergio Kaleñuk (también acusado ahora), se armó una red de encubrimiento, como una telaraña que tapó a todo el Estado y que con el paso del tiempo convirtió a toda la investigación en un gigantesco rompecabezas que se va desengranando a cuentagotas.

Hendijas en la madeja

A 15 años, en el sinfín de puertas cerradas se fueron abriendo pequeñas hendijas que permitieron avanzar sobre ese rompecabezas. En el primer juicio oral, hace ocho años, fueron condenados tres policías de Raco por adulterar el acta de hallazgo del cuerpo. Allí se reforzó la presunción del gran encubrimiento, que cinco años después, durante el segundo juicio oral a funcionarios del gobierno de José Alperovich, quedaría expuesto en prácticamente todo el abanico de la seguridad. La de aquel lejano 2006 y también la de 2018, ya que de las audiencias hubo policías en actividad vinculados. El subjefe de 2018 debió renunciar, al estar pegado en la telaraña. Ese juicio -que duró un año- mostró de tal manera la enmarañada madeja que era imposible pensar que sólo se tratase de impericia o negligencia de los agentes estatales; y que no existiera la intencionalidad política desde el poder para embarrar todo. "Me encontré una vergüenza técnica", dijo un perito de Gendarmería sobre el trabajo policial en el lugar del hallazgo del cuerpo. "El protocolo fue no hacer una autopsia adecuada", dijo otro perito sobre la tarea forense. El primer fiscal, Alejandro Noguera, se cayó de la causa, envuelto en el escándalo de una cita nocturna en la casa del gobernador José Alperovich. El segundo fiscal, Carlos Albaca, congeló la causa durante siete años y fue necesario que se hiciera una investigación desde la Nación para que le quitaran el expediente, que tenía escondido en su Fiscalía. En el segundo juicio oral, que terminó con cuatro condenados por encubrimiento (entre ellos, el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, el ex subjefe, Nicolás Barrera, y el ex secretario de Seguridad, Eduardo di Lella) aparecieron muchísimas piezas ocultas del rompecabezas.

¿Negligencia o intencionalidad?

Tampoco cabe pensarse en negligencia o ineptitud para que las demoras judiciales llevaran el tercer juicio oral (se debe llevar a cabo contra el ex fiscal Albaca) a un letargo de cinco años sin que se haga nada; y a que ahora, enterrado en el sistema conclusional (es el que se ocupa de las causas que quedaron pendientes del sistema penal anterior), esté bajo las vicisitudes de las recusaciones a jueces y por eso no se mueva.

En cuanto al segundo juicio, sus conclusiones no fueron sólo las cuatro condenas, sino que se pidió investigar por el homicidio a Soto, a Kaleñuk, a Esteban Gómez (hermano del que fuera sobreseído) y al vendedor de celulares Ricardo Atim. Además, se pidió investigar por encubrimiento, falso testimonio y otros delitos más a una veintena de personas. Otra vez la demora judicial casi hizo caer por prescripción este pedido.

A 15 años, ¿se vuelve a una hipótesis que casi era elemental al comienzo del caso? Alberto Lebbos cuenta que al día siguiente de la desaparición de Paulina él mismo llevó a Soto a la Dirección de Investigaciones y pidió que se averiguara sobre él. "A la hora lo soltaron", dijo. "Después él reconoció la paternidad de mi nieta y con ello el fiscal Albaca me quitó el rol de querellante y se lo dio a Soto, que tuvo dos abogados -uno de Familia y otro de Penal- para defenderlo". Soto fue mozo de bar, luego tuvo empleo en la Legislatura (en la oficina de Juan Eduardo "Pinki" Rojas) y ahora es cuentapropista con un sueldo ínfimo.

¿Por él se organizó todo el gigantesco operativo de encubrimiento que involucró -como está probado- a los más altos niveles de la seguridad del Estado y que se mantuvo impune durante 15 años? La respuesta podría estar en el vínculo con Kaleñuk, que en 2006 era asesor de Gabinete (con rango de subsecretario) de la Secretaría General de la Gobernación, vinculado a su padre (el fallecido ex jefe de Gendarmería Alberto Kaleñuk, que era secretario privado de Alperovich).

Ahora Kaleñuk está contratado en la Legislatura con un sueldo de $ 150.000, lo cual, en opinión de Lebbos, es un hecho que se podría relacionar con el encubrimiento. Falta probar que Soto y Kaleñuk hayan tenido vinculación. El primero negó conocerlo (aunque él pintaba pasacalles para la "barra decana") y el otro aún no habló. Pero los elementos surgidos durante el juicio de 2018 -entre ellos, que Kaleñuk activó su teléfono en la zona del domicilio de Soto en la mañana del homicidio- llevaron a que fuera acusado.

La teoría de los "hijos del poder" parece postergada, mas no eliminada.

La razón oculta

Tampoco la teoría de la incidencia de la mafia de la barra brava del fútbol -Kaleñuk se ocupaba de reparto de entradas y en el juicio fue careado con el "barra" Gustavo "Gordo" González-. Y la teoría de contactos narco en el marco del homicidio tampoco se descarta. Hay un elemento contra Soto y fue expuesto por sus propios padres al declarar en el juicio: "Él andaba por Villa 9 de Julio. Fumaba ‘porros’. Iba a buscarlo a toda hora a la zona de la Diagonal Chaco”, detalló su padre, Agustín Emilio Soto. ¿De esta relación de adicción a las drogas se podrá llegar a un vínculo con el narcotráfico? Lo claro es que “la causa de Paulina está atravesada por terribles delitos de encubrimiento", dice Lebbos. Y agrega que para ello debe haber una razón.

La sencillez de la nueva acusación parece abrir una puerta lógica que hace preguntarse por qué tantos años de protección a quien la asesinó. La política metió la cola y enmarañó todo, cuando el Principio de la Navaja de Ockam dice que la hipótesis más sencilla es la más probable, razona Lebbos. "Acerca de cómo la política se ha entrometido en todas estas cuestiones, en el imaginario hay una creencia: que son relaciones muy poderosas, que son esas telas de araña que tiende esta gente. Pero las cosas no son tan complejas". Para ejemplificar cómo se puede enmarañar todo, Lebbos dice que "los políticos tienen tres respuestas: 1) Que es un problema de larga data (por eso mismo, solución de larga data). 2) Que es un problema complejo (de difícil solución). 3) Que es un problema de todos (y entonces todos somos responsables). Pero no es así. Ya lo han dicho los grandes pensadores de la humanidad: para llegar a un destino, el camino es el más simple, no el más complicado".

Por ahora la solución del caso está lejos. Falta que se avance en esta investigación, que se vaya a juicio, que se sustancie el juicio a Albaca. ¿Cuánto tiempo más pasará? "Este caso de Paulina es la prueba más contundente del horror del sistema político", dice Lebbos. Y añade, "los juicios han abierto la posibilidad de investigación, de que aparezcan pruebas".

Entre la desazón por las demoras y la esperanza de las nuevas puertas que se abren, Lebbos concluye: "Espero que se resuelva. No les quiero dejar esta carga a mis hijos. Esto es una zozobra permanente".