Se requiere consenso para enfrentar el drama de la pobreza

El demoledor informe del  Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el aumento de la pobreza en el país –es la más alta en 14 años- ha sembrado gran inquietud sobre el presente y el  futuro de nuestra sociedad. 19 millones de argentinos que residen en las zonas urbanas están afectados, por la mezcla de crisis económica y sanitaria a causa de la pandemia de coronavirus. Las cifras dan cuenta de que el país tiene un 42% de pobreza y 10,5% de indigencia. La situación es particularmente grave en nuestra provincia, donde La tasa de pobreza ha subido del 37,3% en el segundo semestre de 2019 al 43,5% al cierre de 2020, lo que implicó que 392.128 personas de los 902.100 habitantes del Gran Tucumán-Tafí Viejo cayeran en la pobreza.

Se presumían los resultados del informe estadístico. En octubre, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que desde 2010 hace relevamientos de la situación socioeconómica, advertía que casi 2 millones de niños se encontraban en extrema pobreza y que 4,7 millones padecían emergencia alimentaria. Además, la parálisis socioeconómica que ha generado la pandemia ha resquebrajado el esquema productivo y laboral y agravó las condiciones sociales de enormes sectores de la población. Cerca de tres millones de personas han descendido en la pirámide social en 2020, según ingresos, a causa del confinamiento que no les permitió generar dinero para cubrir sus gastos alimentarios y de servicios esenciales y tampoco conseguir empleo estable en la cuarentena. Sumido el país –como el resto del mundo- en la emergencia sanitaria de la Covid-19, algunas historias dramáticas hacían advertir el hundimiento de vastos sectores, como fue hace dos semanas el caso de la niña M., secuestrada y casi milagrosamente rescatada, que conmovió al país. Esa menor de edad vivía en la indigencia absoluta, en la calle, fuera de todo sistema. Ianina Muñoz, coordinadora del Barómetro de Infancia de la UCA, advirtió entonces que en la década que se lleva midiendo los riesgos socioeconómicos “nunca hubo menos de 40% de chicos pobres en Argentina. Hoy tenemos un 64%”.  

Economistas y sociólogos han advertido que la situación es crítica a lo largo y a lo ancho del país. Incluso lo han reconocido los funcionarios públicos, como el ministro de Trabajo, que ha dicho que  “es un desastre, una cachetada el número de pobres que tenemos”. Este estado de cosas no ha sido peor por la cobertura extra de planes sociales que ha dado el Estado nacional durante la pandemia. De acuerdo con los datos del Ministerio de Desarrollo Social, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanzó a 393.000 tucumanos. Esa asistencia permitió a esa franja de la población en parte esquivar la pobreza y en la mayoría de los casos los efectos de la indigencia. En reciente balance de gestión, el titular del área provincial reconoció que las dificultades económicas de todos los sectores se recrudecieron y se incrementó la pobreza entre los grupos más vulnerables; lo que estaba planeado en el cronograma anual tuvo que modificarse y acomodarse a la coyuntura. “Aumentaron las dificultades: violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar. Claramente, la pandemia nos afectó a todos”, dijo el funcionario.

Así las cosas, y con la perspectiva de que se va a agravar la situación sanitaria por la inminente llegada de la segunda ola de contagios, el panorama no es alentador para la reducción de los niveles de pobreza. El país viene de una caída de la actividad del 9,9% en 2020. Los ministros nacionales de Trabajo y de Desarrollo Productivo afirman que “el mecanismo de salida es aplicar un modelo de desarrollo que genere empleo en todo el país; no es un método fácil ni rápido, no tiene soluciones mágicas, pero es el único posible”.

Otros expertos también condicen en que la reactivación de la economía, con la generación de empleo que puede traer aparejada, es la salida. El observatorio de la UCA especifica que la situación actual exige reconocer la existencia de una emergencia económico-laboral que requiere promover la inversión y la creación de empleos en la micro, pequeña y mediana empresa, incluso en la denominada economía social. Para ello hace falta hacer registros claros de los datos socioeconómicos –los cuales han sido deficitarios en el país, señala la UCA- para identificar claramente los principales factores de esta crisis. Además –señalan los expertos- hay que abrir el camino hacia el consenso colectivo para consolidar la reactivación de la economía y de la ocupación, y luego la inversión y el desarrollo económico.