25 Marzo 2021
POLÍTICA DE ESTADO. Gracias a la ley de fomento de biocombustibles, en 15 años se pusieron en marcha 54 destilerías de bioestanol y biodiésel.
Trabada la prórroga de la actual ley de biocombustibles que rige desde 2006, los industriales tucumanos miran con atención el borrador que se gestó en el entorno del presidente del bloque oficialista Frente de Todos (FdT) en la Cámara Baja, Máximo Kirchner. Ocurre que, hasta el 12 de mayo, cuando vence el marco regulatorio vigente, continuarán las negociaciones.
A primera vista, esa iniciativa beneficia a las petroleras, perjudica principalmente a las provincias del centro productivo (Santa Fe y Córdoba) y afecta también a los distritos del Norte, entre ellos Tucumán.
El texto kirchnerista hay una marcada diferenciación entre el bioetanol de caña de azúcar y el bioetanol de maíz: del 10% de corte de bioetanol, el 6% debe provenir de la caña de azúcar (Tucumán y el norte) y el 2,5% debe provenir del maíz (Córdoba).
Pero esto no es todo, el texto reserva al secretario de Energía de la Nación -en calidad de autoridad de aplicación- la facultad de incrementar el corte del biodiesel sobre la base de la necesidad, pero también de reducirlo a un 3%, en casos de que se considere que el producto escasea o de que se den variaciones abruptas en el mercado, que dificulten que se mantenga el porcentaje original de la mezcla.
La segunda cuestión del proyecto de Kirchner que perturba a los industriales y a los productores tucumanos en especial es el hecho de que las fábricas que elaboren bioetanol deben entrar en la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME).
De esta manera, muchos ingenios azucareros quedarían fuera, al igual que los grandes productores.
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