23 Marzo 2021
Foto de Archivo La Gaceta
La causa “Tártalo” por delitos de lesa humanidad se encuentra radicada en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de lo ordenado por el punto 32° de la sentencia condenatoria y por disposición de ese tribunal revisor.
La sentencia se había dictado en octubre del año pasado. Luego de años de espera, el Tribunal, conformado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y José Quiroga Uriburu, dictaminó 16 condenas y nueve absoluciones en la llamada "Megacausa 14" de Tucumán, que juzgó los delitos de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia II-Tártalo.
De los 25 imputados, 16 recibieron penas y nueve resultaron absueltos, en la causa conocida como "Operativo Independencia II" que juzgaba presuntos delitos de lesa humanidad contra 335 víctimas.
En el marco de esta megacausa se juzgaron centenares de violaciones graves a los derechos humanos, perpetradas en la provincia entre febrero de 1975 y julio de 1977. Estos hechos fueron investigados en cinco causas que se unificaron.
Aquel 2 de octubre del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán había condenado a la pena de cadena perpetua a los imputados Fernando Torres, Luis Orlando Varela y Adolfo Ernesto Moore. En tanto que sentenció a la pena de 18 años de prisión a Alberto Héctor Rafael Montes De Oca y José Carlos Sowinski; a 16 años a Benito Palomo y Carlos Alberto Lafuente; y a 14 años a Rolando Reyes Quintana, Ricardo Oscar Sánchez, Félix Insaurralde, Hugo Javier Figueroa, Guillermo Agustín Ugarte, Ángel Custodio Moreno y Luis Armando De Cándido. Por su parte Juan Francisco Nougués y Ernesto Rivero fueron condenados a 10 años.
En su resolución, además, los jueces absolvieron a nueve de los imputados.
Representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en su rol de querellantes, habían pedido la condena a prisión perpetua de 15 imputados: cuatro de ellos integrantes del Ejército; tres, de Gendarmería Nacional, y ocho de la Policía provincial.
Cerca de 1.000 testimonios y 12 inspecciones oculares a diferentes centros clandestinos, además de abundante prueba pericial respecto de la localización de las fosas comunes -usadas para la inhumación clandestina de personas- y de la identificación de sus restos óseos pudieron determinar la responsabilidad de los condenados. De las 335 víctimas de estos hechos, 264 padecieron los crímenes durante el Operativo Independencia, entre febrero de 1975 y marzo de 1976.
Tanto la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como el Ministerio Público Fiscal sostuvieron a lo largo de todo el proceso legal que la continuidad represiva entre ambos períodos formó parte de un único plan sistemático de aniquilamiento, tal como ya fuera establecido en la primera sentencia del juicio por los crímenes del Operativo Independencia de setiembre de 2017.
El debate se había iniciado el 9 de diciembre de 2019 con prueba producida en dos megacausas anteriores -Operativo Independencia I y Arsenales II-Jefatura II-, que fue incorporada conforme a las reglas de la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal.
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