El día del congelamiento, Tucumán procuraba olvidar el año que había marcado profundamente a la sociedad con récords de violencia: los 141 homicidios de 2019 ponían a la provincia, por segundo año consecutivo (aunque con un aumento en las cifras con respecto a 2018) en el segundo lugar en el terrible podio que encabeza Rosario de Santa Fe. La condena al asesino de Valentín Villegas, el 4 de marzo de 2020, llevaba aparejada la idea de que la reflexión derivada de la conmoción que había generadoo en Yerba Buena el asesinato del joven héroe llevaría a cambios sustanciales en la seguridad.
Enero había dejado una cifra de un 40% menos de asesinatos que en igual mes del año anterior. En febrero se había realizado el encuentro del Consejo de Seguridad Interior, con programas para mejorar la indomable realidad (“queremos que la prevención sea una realidad”, decía el ministro de Seguridad, Claudio Maley), y hacía poco, también, se había condenado a perpetua al violador de la niña llamada Lucía, con lo que el Gobierno parecía dejar atrás la horrible imagen de provincia atrasada, a contramano del país, que arrastraba desde que se miró con ojos antediluvianos la violación a una criatura de 11 años y se intentó, con soterrada connivencia oficial, impedir la aplicación de la ley IVE.
El otro pozo, la crisis
Por lo demás, la provincia trataba de salir de ese otro pozo espantoso que era la crisis económica después del salvaje 2019, lleno de sacudones: el Gobierno lograba escaparse de la cláusula gatillo para los sueldos estatales y la Nación prometía $ 1.100 millones en obras. Sólo dos cosas nos mostraban como provincia que involucionaba. Por un lado, el largo paro de choferes de ómnibus en reclamo de sueldos (vinculado a la crisis estructural del sistema de subsidios que le dejaban el 99% a Buenos Aires y el 1% a Tucumán) parecía que iba a repetir el debate del transporte del año anterior; y por otro, la marcha de mujeres del 8 de marzo: “El Gobierno no nos cuida: estamos desprotegidas”, fue el título de LA GACETA del 9, que reflejaba esa realidad indomable.
Entonces llegó el congelamiento. El pánico por el coronavirus, la incertidumbre y el inmovilismo. El día que paralizaron la Tierra trajo consigo el descenso a los niveles de supervivencia básica y la desconfianza hacia el otro; el desbalanceo entre la obediencia a las restricciones y la desobediencia que nos caracteriza; los cierres de ciudades y municipios; la caída en picada de los factores de la economía (en ese marco quedó perdida y desatendida la larguísima y repetida huelga del transporte); el crecimiento de los servicios de delivery; las multitudes de personas vulnerables encerradas en sus barrios; el elogio a los médicos y enfermeros y la atención a sus problemas (hace mucho que se los dejó de aplaudir, a pesar de que muchos han dejado la vida en la lucha contra el virus); la aparición de la “nueva normalidad”; la enseñanza virtual y el teletrabajo.
Otra tarea policial
Cambiaron las tareas habituales de las autoridades: Salud se convirtió en el horizonte donde depositar las esperanzas hasta que se avizorara la vacuna y en segundo lugar la Policía se convirtió en la responsable del orden trastocado de la pandemia: se volvieron noticias las detenciones de personas por violar la cuarentena (a tres días de declarado el aislamiento, ya había 600 detenidos en Tucumán) y fueron notorias las historias de un empleado jerárquico de la Justicia y de un médico que fueron “escrachados”, respectivamente, mientras incumplían el aislamiento y maltrataban a personal de control de countries.
Menos notorias fueron las detenciones de personas de bajos recursos casi obligadas por sus realidades a incumplir las restricciones de circulación. Se secuestraron unos 4.000 vehículos. Apenas hubo algunas denuncias de arbitrariedad policial y todo quedó enmascarado dentro de las restricciones de los derechos individuales de circulación que determinaba la pandemia.
En el marco de incentivos de investigación que el área nacional de Ciencia y Técnica otorgó a Tucumán (junto a Catamarca y Santiago del Estero) para estudiar el impacto de la pandemia en los grupos sociales vulnerables no se pudo chequear lo que ocurría a nivel de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades en nuestra provincia, como sí se hizo en Santiago del Estero. Los fondos llegaron a cuentagotas y bastantes partes de los programas de investigación se ralentizaron.
Problema que creció
Efecto de las limitaciones a la circulación: menos accidentes de tránsito. Lo único. Por lo demás, el cambio de tareas policial no hizo reducir la tasa de criminalidad. El gobernador Juan Manzur, diez días antes del confinamiento, había dicho “hay un problema y estamos redoblando los esfuerzos (en inseguridad)...vemos que crece la violencia intrafamiliar”. Para entonces tenían como programa novedoso el de Cuadrantes de Patrulla, que abarcaba 10 barrios (hoy son unos 50). Con el confinamiento explotaron la violencia de género, las agresiones intrafamiliares e intravecinales y a lo largo del año se vio que la cifra de asesinatos aumentó sin pausa. 2020 fue el peor año en cifras de violencia homicida en Tucumán: 152 crímenes a lo largo del año. Y este 2021, con 32 homicidios, va por la misma senda. El congelamiento inicial y los cambios de hábitos de la pandemia no hicieron variar la tendencia.
Estructuras deformadas
Una mirada comparativa entre marzo de 2020 y marzo de 2021 deja algunas ideas de que hay estructuras deformadas que no varían. Al igual que entonces, hoy sigue la crisis del transporte con paros parciales o totales y la incertidumbre por el futuro. Hoy vuelven los reclamos de comerciantes por la inseguridad en Yerba Buena. Otras cosas van empeorando: la preocupación por el narcomenudeo hoy parece agravada con el aumento de cifras de homicidios vinculados con el negocio de la droga; y la marcha de las mujeres de este 8 de marzo fue la expresión de reclamos a una sociedad en la que la violencia de género no cede. Este año ya se acumulan cuatro femicidios en este Tucumán salvaje, que, por otra parte, ha acumulado hechos de altísima conmoción en medio de la pandemia: los crímenes del obrero rural Luis Espinoza, del productor “Pepe” Porcel (entre otros cinco productores), de la empresaria Ana Dominé, de la pequeña Abigail Riquel (y el salvaje ajusticiamiento popular de su asesino, “Culón” Guaymás), del padre Oscar Juárez y la terrible, trágica experiencia de Paola Tacacho, entre otros.
Acaso, como decían en Italia las tucumanas Cecilia y Ana Alicata, frente a la novedosa emergencia del virus y la pandemia “los argentinos estamos acostumbrados a vivir en emergencia”. Pero en lo que hace a la inseguridad casi estructural provinciana, el confinamiento y la pandemia no han congelado la violencia; al contrario, las cosas han empeorado y la salida se ve lejana, pese a los tibios anuncios sobre medidas de cambio.