La Ley de Narcomenudeo no entrará en vigencia en Tucumán

“Me gustaría que ellos vivieran una semana en el barrio para que se dieran cuenta lo que es esto”, señaló Juana Jiménez, vecina de Villa 9 de Julio. “No les importa nada, pero cuando la droga se les instale en la plaza Independencia, allí reaccionarán”, agregó Mario Toloza, de San Cayetano. “¡No tienen idea de lo que está pasando en la calle! Los transas están apoderándose de todo”, se quejó María Marta de Rodríguez, del barrio Elena White. “Ya no me sorprende nada en esta provincia. La muerte se apodera de los barrios y ellos, con sus trajes y con aire acondicionado, no ven nada”, indicó Fernando Jiménez, de Manantial Sur.

Profundo malestar. Esa fue la reacción que se percibió entre los habitantes de cuatro barrios al enterarse de que la Ley de Narcomenudeo no entrará en vigencia el 15 de abril, tal como se había establecido en la quinta prórroga. Esta norma tiene el objetivo de acabar con las redes de narcomenudeo en la provincia. Para ello, la justicia ordinaria se encargaría de las causas del microtráfico de sustancias, mientras que la Federal iría tras las grandes organizaciones. Pero otra vez no entrará en vigencia.

Esta es una norma que ya tiene siete años de discusión en la provincia. En 2014, con José Alperovich como gobernador, se aprobó la primera iniciativa. A meses de que se pusiera en marcha, el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia una medida cautelar para evitar su aplicación, ya que consideraba que no estaban dadas las condiciones para que se pusiera en marcha. El máximo tribunal le dio la razón y frenó su aplicación.

En agosto de 2019, por iniciativa del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, se insistió con la promulgación de una norma que serviría para que la Justicia ordinaria se hiciera cargo del microtráfico de drogas. “Tenemos una deuda y es la de sacar la Ley de Narcomenudeo”, dijo. Un mes después su proyecto se cristalizó, pero se sancionó otra para evitar la traba legal que le había impuesto la Corte.

Supuestamente, debería haber entrado en vigencia el 1 de enero de 2020, pero por diferentes problemas no se puso en marcha y, días antes, la cámara prorrogó su aplicación para el 1 de septiembre. El 28 de agosto de ese año, los vocales Daniel Leiva, Claudia Sbdar, Antonio Estofán y Daniel Posse, la Corte frenaba su aplicación por ser una norma inconstitucional. Se volvió a prorrogar su puesta en marcha, para el 15 de abril, pero la historia se repitió.

El último no

La Comisión de Seguridad, por pedido de los legisladores radicales Rául Albarracín y Raúl Pellegrini, le envió una nota a la presidenta de la Corte para que informe de las gestiones realizadas para que la ley entrara en vigencia. La respuesta fue categórica: le respondió que la medida cautelar frenaba su aplicación. Pero al mismo tiempo, en la nota, que lleva la firma de todos los integrantes del máximo tribunal, dijeron que sí estaban dispuestos a formar una comisión interpoderes, pero cuando jurídicamente se lo pudiera hacer.

La nueva Ley de Narcomenudeo disponía la creación de una comisión integrada por un vocal de la Corte, el ministro Fiscal, el ministro de la Defensa, los ministros de Seguridad y de Gobierno, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura y tres parlamentarios (dos por la mayoría y uno por la minoría).

Ese grupo, según el proyecto aprobado por mayoría en la Legislatura, con un plazo de 15 días hábiles (tres semanas) debía crear una Mesa de Coordinación Ejecutiva, para que cada uno de sus integrantes propusiese un cronograma de actividades, reformas, adquisiciones y acciones que correspondiese realizar en sus respectivas áreas para que la Ley entrase en vigencia. Pero todo quedó en la nada.

“Algo hay que hacer, pero no de esta manera. No se puede aplicar esta ley, eso está claro. Tendremos que sentarnos a dialogar para encontrar una solución”, expresó una alta fuente de la Corte. “La situación no ha cambiado en lo más mínimo y no contamos con la estructura necesaria”, agregó el vocero. (Se informa por separado).

Las reacciones

En la Legislatura, la información generó sorpresa y malestar. Esta es una de las pocas normas que a lo largo de los últimos tiempos contó con el voto mayoritario. Hubo discusiones, diferencias y planteos, pero a la hora de levantar la mano, todos o casi todos, lo hicieron por el sí. “Estamos en clara presencia de una falta de armonía y sintonía entre los poderes públicos. Se sancionan y promulgan leyes que el Ministerio Público Fiscal en vez de observarlas promueve su inaplicabilidad”, sostuvo Albarracín.

“Es innegable cómo la droga golpea a los hogares tucumanos y hace perder el sentido de la vida a muchos. También forma parte de la escalada delictual y violenta que nos posiciona en la segunda provincia del país en cantidad de homicidios después de Santa Fe. Esta situación, más que de artilugios dilatorios, requiere de una decisión firme y de una voluntad política de los poderes del Estado de bregar por la salud y la vida de nuestra gente”, agregó el radical.

Por su parte, el presidente de la comisión de Seguridad de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse, señaló: “Llegó la hora de decir basta; no más prórrogas. Le pedimos al Poder Judicial de la provincia que arbitre todos los medios necesarios para dar pleno cumplimiento a esta ley. No podemos, como sociedad, tolerar más dilaciones amparadas en trabas burocráticas o cuestiones operativas. Urge poner todo el esfuerzo necesario de todos los poderes del Estado para combatir el flagelo de la droga, que nos destruye como sociedad”.

“Cada día que pasa sin actuar hay una familia desintegrándose -dijo a LA GACETA-; hay víctimas directas, vidas destruidas, jóvenes muertos, organizaciones delictivas en crecimiento, y, fundamentalmente, la pérdida del temor de una sanción penal. Total, existe la puerta giratoria que permite ingresar por un lado y salir por el otro sin ninguna consecuencia. Sería indignante y una falta de respeto absoluta a la ciudadanía decir que después de 1 año y 4 meses de prórroga el Poder Judicial de nuestra provincia no pudo tomar las medidas necesarias para adecuar su estructura para que entre en vigencia esta norma”, concluyó el legislador oficialista.

Años de prórroga

1- El ex gobernador José Alperovich decide adherirse en  2014 a la provincialización de la lucha contra el narcomenudeo.

2- En 2015, meses antes de que entrara en vigencia, el Ministerio Público Fiscal logra frenar su aplicación con una cautelar.

3- En 2019, se sanciona otra norma para sortear la traba legal con el fin de lograr que la ley entre en vigencia el 1 de enero de 2020.

4- La Justicia vuelve a hacer observaciones y se vuelve a prorrogar la entrada de vigencia. Fijan el plazo para septiembre de 2020.

5- La Corte vuelve a plantear la medida cautelar, por lo que la entrada en vigencia se pospone para el 15 de abril de 2021.

6- El Poder Judicial vuelve a poner trabas y la ley de Narcomenudeo seguirá sin entrar en vigencia. No se sabe qué pasará en los próximos días.

La reacción de los legisladores

› Mario Casali (republicano)
“A las drogas y a las bandas narco hay que combatirlas incorporando las fuerzas nacionales. El Gobierno no tiene entre sus prioridades combatir la droga que afecta a nuestros niños y jóvenes. Muy pronto, Tucumán será tan peligrosa como Cali, Medellín, Bogotá o Ciudad Juárez”.  

› Javier Morof (peronista)
“No hay ninguna acción para tratar de solucionar este problema. Creo que de manera urgente hay que trabajar con el Poder Judicial para solucionar los obstáculos que impiden la aplicación de esta ley. Lo más triste es que hay políticos que aparecen en expedientes y nadie hace nada”.

› Raúl Pellegrini (radical)
“Estamos ante un gran problema. ¿Quién se encarga de combatir el narcomenudeo en Tucumán? La consecuencia es que hay barrios en la provincia donde es más fácil conseguir drogas que comprar un paquete de cigarrillos y esto genera tanto problemas de seguridad como de salud pública”.

› Gerardo Huesen (republicano)
“La ley solamente habilita a tratar el tema desde la faceta judicial, dando intervención a los tribunales locales. Nada se ha dicho respecto de qué rol se le ha dado a la Policía o desde qué punto se ha reforzado la fuerza provincial para que pueda paliar esta grave problemática”.

› José Canelada (radical)
“Las reiteradas postergaciones para la entrada en vigor de la denominada ley de Narcomenudeo no hacen más que confirmar lo que toda la sociedad tucumana presiente: hay connivencia entre el poder y los narcos. No van a hacer nada que pueda alterar esa relación y mucho menos investigar”.

› Daniel Deiana (peronista)
“La sociedad no puede seguir esperando más porque estamos ante una situación de gravedad extrema. No se puede seguir dilatando la aplicación de la ley por el bien de todos los tucumanos. Vamos a insistir desde la Legislatura. El Poder Ejecutivo y el Judicial deben sumarse”.