Buscan generar empleo con un proyecto para promover inversiones en la construcción privada

Con el objetivo de generar las condiciones para que se vuelva a generar trabajo local y se brinde una ayuda al desarrollo de la economía provincial, se presentó un proyecto en la Legislatura de Tucumán para adherir al régimen nacional destinado a promover las inversiones en la construcción de obras privadas. 

La iniciativa fue presentada por el parlamentario radical José María Canelada y lleva el apoyo de su par José Ricardo Ascárate.

Tras la presentación del proyecto se advirtió que era necesario "volver a entusiasmar a los argentinos para que se animen a generar trabajo local. La gestión nacional de la pandemia nos dejó magros resultados sociales, con una tasa de pobreza que supera el 40% de los argentinos y 22 mil empresas cerradas. En Tucumán se perdieron 10.000 puestos de trabajo privado formal y como mínimo la misma cantidad en el sector informal. Además, unos 500 empleadores dieron de baja su actividad. Ante ese panorama, necesitamos un Estado presente, que no suelte la mano de los inversores y que anime a otros a seguir este rumbo. Un Estado que cuide empleos. No se puede seguir dejando que queden a la deriva".

El régimen nacional plantea promover las inversiones a la obra privada a través de dos caminos: generando beneficios impositivos para aquellos que decidan invertir en la construcción de nuevos inmuebles y a través de un programa de normalización de moneda extranjera o nacional no declarada. 

En la iniciativa local, Canelada agregó un artículo para que todas las operaciones que se realicen bajo el paraguas de esta norma queden exentas del pago de impuesto a los sellos. "No sólo es una oportunidad para generar empleo en un momento crítico. También lo es para replantear la enorme presión impositiva de esta provincia", propuso.

Por otro lado, en forma conjunta con ese proyecto también se presentó una iniciatva para adherir a la ley nacional 27.614, también con la autoría de Canelada y el apoyo de Ascárate. Se trata de la norma que regula el financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación que tiene por objeto establecer el incremento progresivo y sostenido del presupuesto destinado a la función ciencia y técnica, por su capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental.

Entre otros beneficios, esta norma prevé el fomento para la generación de nuevos empleos de calidad a través de la transferencia de tecnología y la incorporación de personal proveniente del sistema científico y tecnológico en el sector productivo nacional, la formación de profesionales y técnicos, la generación de incentivos para la inversión del sector privado en actividades relacionadas, y la estimulación de la generación de divisas mediante la exportación de productos y servicios con agregado de valor y el fortalecimiento del proceso de sustitución de importaciones.