Los episodios de ciudadanos que reaccionan, atrapan y atacan a delincuentes cuando los encuentran in fraganti. Un vecino que “ajusticia” a un presunto ladrón. Las fotos de los vecinos del barrio Diza armados y organizados en “milicias”. Todas estas imágenes forman parte de una realidad que se acentúa y que preocupa. Se trata de un cóctel que incluye: la falta de respuestas del Estado; la desconfianza de la población en las políticas judiciales y de seguridad y la tendencia de la ciudadanía de intentar suplir las tareas que son monopolio de los gobiernos.
Tucumán fue escenario durante los últimos meses de hechos policiales graves que muestran el peligro para víctimas y victimarios de delitos de que este tipo de reacciones se sigan extendiendo. De acuerdo con relevamientos de nuestro diario, los casos de muertes derivadas de hechos por “mano propia” durante 2020 sumaron más de una docena.
Entre los casos más resonantes dentro de esta amplia gama, se encuentra el linchamiento del violador y asesino de Abigail Riquel, en octubre. El cuerpo de la nena había sido encontrado por los vecinos en un descampado en la zona cercana a América y Francisco de Aguirre. Durante tres días, familiares de la niña, vecinos y policías buscaron por igual al único sospechoso. Cuando lo encontraron, una horda lo linchó hasta matarlo. José Guaymás tenía un historial marcado por las adicciones y por un prontuario en el que se acumulaba una veintena de causas por delitos contra la propiedad. Judicialmente, el crimen de Riquel quedó impune.
El más reciente, es el del barrio Diza, al sur de San Miguel de Tucumán. Hartos de la inseguridad, grupos de habitantes se armaron y se dividieron en turnos para patrullar. Con cachiporras, armas y látigos buscan defenderse de la inseguridad. Después de que se viralizaron las imágenes, la Policía prometió que se reforzará la vigilancia en el área. Si bien no se supo de ninguna actuación de este grupo aún, que se replique este tipo de organización implica un riesgo, incluso, para los propios vecinos que podrían no sólo ser víctimas sino quedar involucrados en delitos.
Penalistas y sociólogos vienen advirtiendo desde hace años que la mal llamada “justicia por mano propia” está más cerca de la venganza que de un castigo justo y que más violencia nunca puede ser la respuesta adecuada para la violencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había expresado hace años su preocupación por este tipo de respuestas ciudadanas en nuestro país. Había manifestado que los linchamientos y golpizas son un problema tanto de justicia como de seguridad ciudadana. “Es responsabilidad del Estado, a sus distintos niveles de gobierno, adoptar las medidas necesarias para que los organismos puedan afrontarlo y solucionarlo. Corresponde al Estado el deber de prevención del delito y la resolución de conflictos”, había manifestado la institución dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Naciones Unidas también había advertido que consistían graves atentados contra la vida, la integridad física, el principio de inocencia y el derecho a un juicio justo.
El hartazgo, el enojo y la desconfianza y la búsqueda de mejores condiciones de vida son comprensibles en un contexto en el que la inseguridad es agobiante. La respuesta de la ciudadanía, sin embargo, se suma como un agravante de la realidad y no como una solución. Estas noticias no sólo deben interpelar a las autoridades, sino también a los ciudadanos, sobre todo, a aquellos que se suman y celebran la violencia.