Los mensajes de la inseguridad

Las fotografías de los vecinos del barrio Hipólito Yrigoyen (ex Diza) posando armados se difundieron a nivel nacional. Fueron un claro mensaje: los tucumanos ya no creen en las instituciones del Estado y por eso se organizaron para defenderse de los delincuentes. Esas fotos generaron muchísima preocupación entre los funcionarios por su efecto multiplicador. La formación de estos grupos que intentan frenar a los delincuentes se transformó en un fenómeno social en distintos países de nuestro continente.

José Manuel Mireles Valverde era un médico comprometido con la realidad de su pueblo. Él fue quien fundó el Grupo de Autodefensas de Michoacán, una asociación armada que se formó para luchar contra los permanentes abusos de los narcos mexicanos. Durante años se transformó en un dolor de cabeza para las autoridades de ese país. Él había logrado lo que el Estado no podía hacer: frenar a los cárteles. El profesional, que sobrevivió a un accidente aéreo, a varios balazos y a un encierro en una prisión rodeado de sicarios, murió el año pasado de coronavirus. Su idea fue tomada y adaptada a las realidades de las sociedades de Colombia, Estados Unidos, Perú y Argentina, entre otras.

Los vecinos del ex Diza no se asustaron cuando el país comentó su actitud. Redoblaron la apuesta después de que fueran visitados por los funcionarios de Seguridad. No les creyeron las promesas de que reforzarían la zona con policías y les respondieron que seguirían con su tarea de vigilancia. Un trabajo que puede traer consecuencias inesperadas. Los habitantes hicieron una lectura bastante particular: creen que al difundirse las imágenes, los delincuentes pensarán dos veces en presentarse por allí. Pero también se puede analizar que los ladrones, al saber lo que les puede esperar, irán al todo o nada, a matar o a morir. Le pasó al bollero Juan González que sacó un arma y le disparó al menos seis veces al motochorro que lo terminó asesinando.

El sábado, unos 200 tucumanos se presentaron en la plaza Independencia para protestar por la inseguridad. En la manifestación hubo una situación extrema. Hasta ahora personas desconocidas, arrojaron dos bolsas negras simulando ser cadáveres con los nombres del gobernador Juan Manzur y Claudio Maley responsabilizándolos por las muertes de la inseguridad. El presidente Alberto Fernández también sufrió un ataque similar cuando los ciudadanos se movilizaron para repudiar por los “vacunatorios VIP”.

La tasa de homicidios ha crecido considerablemente en nuestra provincia desde que Manzur comenzó con su gestión. En total, durante sus años de gestión, se contabilizaron 557 crímenes (2017, 117; 2018, 137; 2019, 141; 2020, 155 y en lo que va del año 26), ubicando a Tucumán como la segunda provincia más violenta del país. Está detrás de Rosario, que se lleva todos los laureles con su interminable baño de sangre.

Está claro entonces que este gobierno nunca encontró la solución al problema, pero no menos cierto es que lo de la bolsa es una medida desacertada y desubicada. Utilizar la figura de la muerte para pedir justicia por las víctimas de estos crímenes no es la solución. Es otro mensaje errado que la sociedad debería repudiar enérgicamente.

Y esta semana, la cuestión narco volvió a meter la cola. Mónica Mabel Costilla es una mujer que fue detenida cuando transportaba 119 kilos de marihuana junto a Jesús Bustos, un joven que estaba destinado a cuidar las fronteras de la provincia en tiempos de pandemia. En medio de la investigación surgió que la detenida, que en principio habría sido engañada en esta maniobra, envió mensajes a un funcionario nacional, a un policía en actividad y a por lo menos un empleado del Ministerio de Educación para pedir que la ayudaran. Para la fiscala federal Indiana Garzón no hay motivos para investigar a los que recibieron esos mensajes, pero volvió a quedar al descubierto que personas vinculadas a cuestiones de drogas tienen contactos con personas con poder para pedir ayuda. Ese beneficio no lo tiene un ciudadano común. Es poco probable que un vecino cualquiera difícilmente pueda contar en su celular un número al que pedir protección cuando no pueda salir de su casa temiendo ser víctima de un robo.

El viernes y el sábado dos choferes fueron heridos en asaltos ocurridos en diferentes barrios de Villa 9 de Julio. El caso movilizó a los choferes que amenazan con dejar de hacer ese recorrido si es que no cuentan con protección. No están reclamando algo excepcional, es lo que hicieron sus compañeros de la Línea 17 que dejaron de transitar los barrios de Manantial Sur por la inseguridad. Levantaron la medida cuando se colocó un policía en cada unidad. Algún funcionario de Seguridad trató de tranquilizar a los colectiveros asegurándoles que harían lo mismo. Pero la pregunta es de dónde sacarán los hombres para esa tarea, qué harán si otros colegas pasan por lo mismo en otros puntos de la ciudad. El mensaje de “lo atamos con alambre” en vez de buscar una solución integral, tampoco es bueno y genera ese clima de abandono que llevó a los vecinos del ex Diza a armarse.