La ONU alerta sobre la independencia judicial local

Los cuestionamientos existentes a la independencia del sistema judicial tucumano captaron la atención del radar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en el monitoreo de la materia. El tercer pedido de informes remitido a Tucumán en los últimos dos años por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ohchr por sus siglas en inglés), Michelle Bachelet, procura esclarecer la denuncia formulada por Enrique Pedicone, juez destituido el 17 de febrero y denunciante del vocal de la Corte Suprema, Daniel Leiva. Se trata de la primera vez que el organismo multilateral indaga y expresa su aflicción específicamente acerca de las condiciones de imparcialidad imperantes en la Justicia provincial.

El mecanismo fue activado por medio del Poder Ejecutivo de la Nación, que a su vez transfirió el pedido de explicaciones a la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Juan Manzur; a la Corte local que preside Claudia Sbdar y al Jurado de Enjuiciamiento a cargo del vocal Daniel Posse. Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la Independencia de los Magistrados y Abogados, mandó la comunicación al ministro de Exteriores de la Nación, Felipe Solá, el 24 de febrero, día que el gobernador Manzur y la ministra Carolina Vargas Aignasse aceptaron la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación con el 82% móvil al juez Juan Francisco Pisa -este funcionario está ligado a otro pedido de informes en trámite en la Ohchr relacionado con el femicidio de Paola Tacacho-. "Quisiera llamar la atención urgente de su Gobierno sobre la información que he recibido en relación con el proceso de destitución del juez Pedicone, que se alega fue iniciado por no resolver diversos casos de acuerdo a las instrucciones recibidas por un alto funcionario de la Corte Suprema (Leiva)", expresó el relator.

Los hallazgos de las relatorías del mecanismo en manos de Bachelet funcionan como insumos para procedimientos especiales, y hasta para la determinación de las responsabilidades y sanciones previstas en los convenios suscritos por el país. Las constataciones de Bachelet dieron pie, por ejemplo, a la exposición de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

García-Sayán explicó a Solá quién era Pedicone, y que en tres ocasiones Leiva habría pedido a aquel que fallara de una manera determinada en los casos del actual director de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio por la Universidad Nacional de Tucumán, Roberto Toledo; del intendente oficialista de Tafí Viejo, Javier Noguera, y del legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). En cuanto a este último episodio, García-Sayán refirió: "el 28 de julio de 2020, aproximadamente a las 8, Pedicone recibió una llamada del vocal de la Corte en la que aquel le solicitó una reunión, la que sucedió a las 9 del mismo día. Allí Leiva pidió al juez que retrasara la investigación (de Bussi) para que no llegara a la Corte. El caso se encontraba relacionado con un alto funcionario tucumano acusado de abuso sexual y de estafas".

“Tomen medidas”

El relator dijo al ministro del presidente Alberto Fernández que por este último hecho Pedicone presentó una denuncia penal, pero que la fiscala Mariana Rivadeneira y el juez Pisa resolvieron no aplicar el nuevo Código Procesal Penal; no aceptar la participación del denunciante como querellante y desechar las grabaciones que aquel había hecho para probar su versión. Y añadió que estas cuestiones habían sido objeto de un recurso de per saltum que estaba pendiente de resolución en la propia Corte. García-Sayán manifestó que, por el contrario, la Legislatura resolvió acusar a Pedicone y el Jurado de Enjuiciamiento lo destituyó por seis votos contra dos (los legisladores oficialistas Javier Morof, Dante Loza, Alberto Herrera y Sara Alperovich -Hacemos Tucumán-; el abogado Javier Critto y el fiscal de Estado de Manzur, Federico Nazur, formaron la mayoría mientras que el vocal Posse y el legislador alfarista Walter Berarducci quedaron en minoría). Según la comunicación, esto habría ocurrido en el contexto de vulneraciones a las garantías esenciales.

"Sin perjuicio de la veracidad de las alegaciones recibidas, quisiera expresar mi profunda preocupación por la expulsión de Pedicone supuestamente por no resolver diversos asuntos de conformidad con las presiones e intromisiones del vocal de la Corte, y por denunciar dichas interferencias en el ejercicio de su actividad jurisdiccional", transmitió el relator de origen peruano, que antes había integrado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y agregó: "si resultara cierta la alegación, habría una clara violación al principio de independencia judicial según el cual los jueces deben resolver los asuntos con imparcialidad, basados en hechos y en consonancia con el derecho; sin restricción alguna, y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas de cualquier sector o por cualquier motivo".

García-Sayán pidió a Solá que lo ayude a aclarar la denuncia que había recibido de parte de Pedicone y que, para ello, le envíe la siguiente información: 1) comentarios adicionales respecto del reclamo; 2) datos acerca de las acusaciones realizadas contra Pedicone; 3) detalles sobre la actuación del juez Pisa y una respuesta sobre en qué medida esto puede considerarse acorde al nuevo Código Procesal Penal en vigor desde el 1 de septiembre; 4) precisiones relativas al recurso de per saltum; 5) especificaciones respecto del procedimiento cumplido por el Jurado de Enjuiciamiento; 6 y 7) una explicación acerca de cuál fue el motivo de la destitución del ex juez, y si este veredicto se ajusta al principio de independencia judicial y puede ser recurrido, y 8) un informe particularizado sobre las medidas adoptadas por el Estado tucumano para garantizar la imparcialidad de la magistratura.

García-Sayán dijo al canciller Solá que en 60 días toda esta actuación iba a ser publicitada e incluida en el reporte dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. "A la espera de su pronta respuesta, quisiera instar a su Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas, y para investigar, procesar e imponer las sanciones a los responsables de las violaciones alegadas. Quisiera asimismo instarlo a que tome las medidas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan".