La cola VIP

Tucumán encontró un singular agujero en el mate de la emergencia mundial del coronavirus: una consideración (no escrita) sobre el “personal esencial” candidato a recibir la vacuna anticovid. Con eso logró no “saltarse de la cola” (que el presidente Alberto Fernández había considerado una picardía, no un delito), sino hacer una fila diferente, la “cola VIP”, acrecentada por el hecho de que los integrantes en el caso conocido en los últimos días son parte de un grupo familiar vinculado a las altas esferas del poder. Esa “cola VIP familiar” escapó a los controles al instalarse en ese agujero en la emergencia, que es haber recibido la vacuna a través de un laboratorio privado al que el Estado le entregó no sólo un lote de vacunas, sino la facultad de decidir a quién inocular con el remedio salvador. Ahí quedaron enterradas las responsabilidades. La ministra Rossana Chahla dijo que el funcionario José Gandur (h) (de Desarrollo Social) se había vacunado por el listado de un laboratorio privado; el gobernador Juan Manzur aseveró días después que este no era el caso de alguien que se haya vacunado incorrectamente y el director de Gestión Sanitaria del Siprosa, Miguel Ferré Contreras, explicó: “nosotros demandamos que el empleador se haga responsable. Es muy difícil controlar de parte del Estado a cada una de las instituciones”.

Debate que crece

Pero esas explicaciones oficiales no pusieron el punto final a la discusión, que se ha metido en medio de lo que se ha considerado una campaña de vacunación correcta y exitosa, pese a las limitaciones derivadas de la insuficiente provisión de vacunas que recibe la provincia, derivada a la vez de la condición de país de fin del mundo que tiene la Argentina en la consideración universal de los candidatos a la vacunación. De ahí deriva el hecho de que la información sobre los lotes del remedio no es clara. Esa recepción irregular ha obligado a pequeños cambios en el orden establecido para la vacunación a mayores de 70 de algunos grupos que no viven en el Gran San Miguel de Tucumán. Ahora dicen que a fin de mes llegarán nuevos lotes de Sputnik V y Sinopharm.

Por eso la discusión no se terminó. Creció esta semana, a medida que se iba conociendo que, además de José Gandur (h), se habían vacunado (en un nodo público) su hermano Javier Gandur (funcionario en el Ministerio de Economía) y su hermana Iliana Gandur (empleada en la casa de Tucumán en la Capital Federal), todos por gestión del mismo laboratorio perteneciente a la esposa del primer vacunado detectado en la familia. Esta semana ya se acumularon tres denuncias para que la Justicia investigue lo que los opositores consideran una réplica del vacunatorio VIP que a nivel nacional ocasionó hace tres semanas la expulsión de Ginés González García del Ministerio de Salud. En Buenos Aires habían vacunado a unas 70 personas entre amigos, simpatizantes del Gobierno y sus familiares, según la lista VIP que las mismas autoridades que corrieron al ministro dieron a conocer.

En Tucumán no hubo voluntad clara de explicitar el listado de vacunados. Mezclados entre los que se vacunaron correctamente de acuerdo a los parámetros establecidos en el plan del Gobierno nacional se esconden los que lo hicieron por izquierda. Los listados se pueden ver. Pero expurgar a quienes lo hicieron incorrectamente es arduo. Hay dudas. ¿Es personal esencial Gandur, de Desarrollo Social, con 39 años? Su jefe, el ministro Gabriel Yedlin -quien tuvo coronavirus- no se vacunó (tampoco el gobernador). ¿Es esencial Javier Gandur, que trabaja con el ministro Eduardo Garvich? (quien sí se vacunó). ¿Es esencial Iliana Gandur, que trabaja con Ricardo Bromberg en Buenos Aires?

Criterio de prioridades ignorado

El radical José Ricardo Ascárate dice que, aunque fueran esenciales, infringieron el orden de prioridad establecido por la Nación, que dice que primero está el personal de Salud y que siguen los mayores de 70: los de 60 a 69; las fuerzas de seguridad; los adultos menores de 60 de grupos de riesgo; el personal docente y no docente, y, en séptimo lugar, las “otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones según la disponibilidad de dosis”. Aquí entrarían los Gandur, pero parece que no tendrían que haber recibido el beneficio, porque no hay disponibilidad de dosis suficientes siquiera para cumplir con el orden de prioridades de la Nación. El director de Recursos Humanos del Siprosa, Fabio Andina, especificó que el criterio de vacunación fue: primero, “personal de terapias intensivas y consultorios febriles. El ritmo de vacunación se fue incrementando luego, cuando empezamos con los adultos mayores, personal de seguridad y docentes”.

“Mendigando” vacunas

Las autoridades dicen que se entregaron unas 5.000 dosis al sector privado. Es la cantidad de personas que ya se habrían vacunado pertenecientes a laboratorios, y clínicas y sanatorios (faltarían 6.000 más), pero no se sabe cuántos de esos son “vacunados fantasmas”. El titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, Eduardo Vega Olguín, dice que han tenido que andar ”mendigando” por vacunas y que en el sanatorio Rivadavia sólo se vacunó al 30% del personal (específicamente a aquellos empleados que también trabajan en el sector público). Teme que cuando llegue la segunda ola “no vayan a estar preparados”. Vega Olguín advierte que en el Siprosa, “con todos los datos que les enviamos, eligen a quién sí y a quién no”. Lo mismo aseguró el saliente titular de los Bioquímicos, Carlos Fernández: “en el Estado se sabe quién se vacunó y quién no”.

Las denuncias contra las autoridades han sido promovidas por Ascárate (en la Justicia Federal); el ex director de la Asistencia Pública municipal, Eduardo Gómez Ponce (para que se conozca si hay listado VIP) y el radical José María Canelada, quien apuntó contra la ministra Chahla y dos de sus funcionarios, Luis Medina Ruiz y el CPN José Antonio Gandur, padre de los tres hermanos vacunados por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ascárate dice que a ese incumplimiento se agregan cohecho y tráfico de influencias.

La Justicia debe determinar si corresponde actuar. Eso se sabrá en el futuro. Mientras tanto, hay un escándalo social fuerte que deja ver los distintos criterios en el Estado -que es el que aplica la ley-, según las circunstancias. No pasaron tantos meses desde que el Estado sancionó con una multa de $ 240.000 al médico Ernesto Prebisch por violar escandalosamente el aislamiento obligatorio y por poner en supuesto riesgo de contagio a la comunidad. Había salido a andar en bicicleta e insultó a guardias de un “country”. En esos tiempos actuó a full el Ministerio Público Fiscal -en la persona del responsable de la Unidad Fiscal de Enfermedades Sanitarias, Carlos Picón- secuestrando vehículos y deteniendo a personas que incurrían en esta conducta. ¿Recibir una vacuna cuando no corresponde y privar de ella a personas en riesgo no es incurrir en esa conducta? Una comparación arbitraria diría: si se supone que el virus pondría en riesgo mortal al 25% de los contagiados mayores de 70, que haya tres vacunados irregularmente podría incidir en el deceso de casi una de cada tres personas mayores de esa edad que no recibieron la vacuna y se contagiaron. Comparación arbitraria... ¿pero debería investigar el fiscal Picón? ¿Y si hubiera más familias vinculadas al poder que recibieron la vacuna de modo “raro”, como en este caso?

En la nebulosa

En la Nación se eyectó a un ministro y eso dio pie a una guerra con una envalentonada oposición agarrada a la indignación popular por la injusta vacunación VIP. Al revés, en Tucumán hay una actitud de silencio que no ha ayudado a determinar si esto que ha ocurrido en nuestro medio es mínimo o espantoso.

El asunto no entró en las discusiones entre partidarios del gobernador y del vice (que ya están en guerra de poder), ni siquiera en las discusiones para la elección del defensor del pueblo, que acaso tendría que opinar sobre la administración de vacunas si estas no se ajustan a la norma. Es que en Tucumán, por un lado, las conductas públicas no reciben sanción a menos que sean demasiado horrorosas y, por otro, como la determinación de responsabilidad en la entrega de vacunas privadas está en la nebulosa, nadie investiga ni controla, como lo reconocen los funcionarios. Acá le encontraron el agujero al mate.