Un pedido de sumario contra Leiva repercute en Sbdar

La denuncia que el ex juez Enrique Pedicone interpuso contra el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, sigue generando réplicas y repercusiones. El último coletazo impactó en la presidenta del alto tribunal, Claudia Sbdar: dos peticionarios de un sumario ligados al Pro, Nicolás Mirande y Fernando Vera del Barco, consideraron que aquella debía ser destituida por la falta de respuesta a la solicitud de una investigación interna, y de la suspensión y de aplicación de sanciones para Leiva que habían formulado el 7 de septiembre. Mirande y Vera del Barco expresaron a la Legislatura que Sbdar había incumplido los deberes a su cargo y beneficiado indebidamente a su compañero. Un informe oficial confeccionado por la Secretaría de Superintendencia refiere que los vocales quedaron el 22 de febrero pasado en condiciones de expedirse sobre si corresponde o no someter a Leiva a un sumario, y castigarlo.

“Llama poderosamente la atención que el Jurado de Enjuiciamiento haya juzgado y destituido a Pedicone con mayor celeridad”, compararon Mirande y Vera del Barco en la denuncia que interpusieron ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura que preside el oficialista Zacarías Khoder. Según dijeron, era “lamentable la terrible mora” advertida cuando se trataba de sancionar a funcionarios de alto nivel jerárquico que debieran ser modelos de conducta para la sociedad.

“Concretamente, la presidenta Sbdar retardó el pronunciamiento sobre pedidos realizados en el expediente administrativo, lo que nos obligó a presentar cuatro solicitudes de pronto despacho con la finalidad de lograr el avance de estas actuaciones que llevan casi seis meses (corridos) de trámite sin haber abordado la cuestión sustancial de la denuncia”, afirmaron Mirande y Vera del Barco. Y ejemplificaron que la sustanciación de una recusación con causa de algunos vocales había insumido “66 días corridos y 45 hábiles”: “esta mora constituye un hecho gravísimo dado el carácter de garante institucional que debiera asumir la Corte, titular y responsable de uno de los poderes del Estado”.

Mirande y Vera del Barco firmaron uno de los tres pedidos de sumario existentes contra Leiva: los restantes llevan las rúbricas del abogado Gustavo Morales y la gremialista judicial Alejandra Martínez, y del litigante Clímaco de la Peña. Todas estas peticiones fueron acumuladas porque se fundan en los mismos hechos: la denuncia penal de Pedicone que refiere, con el apoyo de audios y de un acta manuscrita del secretario Fernando Valladares, que Leiva le pidió el “manejo de las intensidades” de una causa por supuestos delitos sexuales y actos de corrupción endilgados al legislador de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi.  Tal acusación generó siete pedidos de expulsión contra el vocal que la comisión de Juicio Político dominada por el justicialismo procedió a archivar al mismo tiempo que promovía el despido de Pedicone.

El 17 de febrero, el Jurado echó al denunciante de Leiva con el argumento de que había actuado “sin competencia” en dos causas y “violado sistemáticamente los derechos de las víctimas”. En esta decisión pesó de manera dirimente el voto del abogado Javier Critto, suplente en el cuerpo del defensor de Leiva, Esteban Jerez. Critto se unió a los oficialistas Javier Morof, Dante Loza, Alberto Herrera, Sara Alperovich y Federico Nazur mientras que el alfarista Walter Berarducci y el vocal de la Corte, Daniel Posse, se pronunciaron a favor de que Pedicone conservara el puesto.

Leiva enfrenta, por un lado, la causa penal frenada desde noviembre por recursos de per saltum y, por el otro, los requerimientos de sanciones administrativas. Según el informe de Superintendencia, el 17 de septiembre Sbdar corrió vista a Leiva de la presentación de Mirande y de Vera del Barco; el 22, el vocal contestó (dijo que él sólo podía ser investigado y sancionado por la Justicia penal), y el 25 fueron acumuladas las actuaciones promovidas por Morales y Martínez. El 30 de septiembre, Sbdar pidió informes acerca de la causa penal a la fiscala Mariana Rivadeneira y agregó la impugnación del abogado De la Peña. El 7 de octubre y según lo informado por Rivadeneira, la titular del alto tribunal pidió datos sobre el proceso al juez Juan Francisco Pisa, quien respondió dos días más tarde.

La secuencia del trámite indica que en paralelo fue dilucidado el planteo de recusación de los vocales Antonio Daniel Estofán (se excusó), Posse y Eleonora Rodríguez Campos, y que ello obligó a integrar la Corte con el ex camarista Carlos Giovanniello. El 30 de noviembre, el alto tribunal rechazó las recusaciones y confirmó el decreto de Sbdar del 25 de septiembre. Debido a los pedidos de pronto despacho de Mirande, la presidenta dispuso el 9 de diciembre la confección de un informe sobre el procedimiento, que estuvo listo el mismo día. Las actuaciones pasaron para el dictamen el 17 de diciembre, paso cumplido el 22 de febrero. Ahora sólo falta que los vocales definan cómo votarán acerca de su par.

Otra objeción: el caso de una jueza de familia

Nicolás Mirande y Fernando Vera del Barco, militantes del Pro, solicitaron la destitución de la presidenta de la Corte, Claudia Sbdar, por el trámite dado a una denuncia administrativa contra la jueza de Familia, Rossana Martínez, además del impreso al pedido de sumario interpuesto contra el vocal Daniel Leiva (se informa por separado). Respecto de Martínez, Mirande y Vera del Barco dijeron que había habido un retardo injustificado en la resolución de un conflicto relativo al contacto de un padre con sus tres hijos menores de edad. Los denunciantes adujeron que Sbdar no había impulsado la investigación. En un informe elaborado por la Secretaría de Superintendencia consta que Martínez contestó la denuncia; que esta respuesta fue notificada el 26 de octubre y que no hubo más presentaciones desde entonces.