03 Marzo 2021
EN LA MIRA. La distribución y aplicación de los antídotos contra coronavirus pusieron a Chahla en primera plana. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE FLORENCIA ZURITA
La vacunación de funcionarios públicos en la provincia podría llevar a la ministra de Salud, Rossana Chahla, ante la Justicia debido a la denuncia penal, en su contra, que realizará hoy el legislador José María Canelada. Por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, además, el parlamentario incluirá en el escrito al secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, y al funcionario José Antonio Gandur.
Según Canelada, la presentación judicial se basa en las contradicciones en las que incurrieron las autoridades sanitarias de la provincia. Luego de que se conoció que el funcionario Gandur había recibido el antídoto contra la covid-19, sostiene el parlamentario opositor, que la ministra Chahla aseguró que "lo había hecho de forma privada".
Asimismo, en la denuncia se cita al director de Gestión Sanitaria, Miguel Ferre Contreras, quien habría afirmado que toda la vacunación se concreta en el sector público.
"Las contradicciones se abonaron con declaraciones del diputado y ex ministro de Salud, Pablo Yedlin, quien abrió la puerta a que hubiera vacunaciones en lugares privados al señalar que 'si este señor Gandur se vacunó en un laboratorio privado, fuera de la norma, la dueña o dueño del laboratorio tendrá que dar sus explicaciones'. Incluso, el gobernador Juan Manzur habló del caso Gandur y señaló que se entregaron vacunas: 'el caso es que hay muchos colegas y hay mucha gente que trabaja también en el sistema de la seguridad social, que es lo que se han entregado las vacunas para que toda esta gente que trabaja también en el sistema de salud, en los sanatorios, en los laboratorios, o en otras instancias, también figuran dentro de los parámetros críticos para ser vacunados', sostuvo Canelada mediante un comunicado de prensa.
Por último, el legislador afirmó: "cuando empezamos a solicitar la información de la vacunación en Tucumán, las autoridades juraban que no había irregularidades, que se había hecho todo perfecto y que no había nada que esconder, pero jamás dieron la información. Dicen que el que nada debe, nada teme, pero jamás dieron la información. En su momento solicitamos los datos para que los tucumanos pudieran tener confianza tras el vacunatorio vip. Ahora, el Gobierno de Tucumán debe dar explicaciones de sus propios actos. La esperan el personal de salud que aún no se vacunó, personal de seguridad, personas con problemas de salud, adultos mayores y toda la ciudadanía".
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