La Mesa de Diálogo de Tucumán, espacio presidido por el arzobispo Carlos Sánchez y que está integrada por entidades de profesionales y empresarios, envió una carta dirigida al gobernador Juan Manzur para expresarle su repudio y rechazo por haber aceptado la renuncia condicionada a la jubilación del juez penal Juan Francisco Pisa.
El texto ingresó el viernes por mesa de entradas de la Gobernación y está firmado por el presbítero José Ignacio Abuin, vicario general del Arzobispado; por la contadora Patricia Manso, titular de la Federación de Entidades Profesionales y Universitarias (Feput); y Luis Assaf, Coordinador de la Mesa de Diálogo. “Este proceder suyo como autoridad máxima de la provincia nos priva como ciudadanos de conocer la verdad, además debilita la democracia poniendo en peligro la autonomía de los ¨Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, los cuales deben gozar de la independencia necesaria”, le expresaron a Manzur en la misiva.
Los firmantes recordaron que el 20 de noviembre la Mesa de Diálogo le envió al Gobernador una carta en la que le solicitaban que no aceptara la renuncia de Pisa, para que pudiera ser investigado por el jurado de enjuiciamiento a fin de conocer si había incurrido en errores o negligencias en las investigaciones que correspondían al caso de Paola Tacacho, la profesora de Inglés de 32 años víctima de femicidio en octubre pasado.
“Si con dicho juez, como usted expresa en el decreto (369/12 MGyJ), hay que presumir de inocencia, debería haber seguido los trámites correspondientes que marca la Constitución y allanarse a la investigación que marca la ley”, manifestaron los firmantes en la carta. Y cerraron: “solicitamos nuevamente que recapacite y reflexione si este es el mejor paso para la consolidación de la democracia”.
La semana pasada, Manzur le concedió la renuncia condicionada al juez Pisa, quien había iniciado este trámite en octubre pasado con el objetivo de acceder a la jubilación como magistrado judicial, lo que incluye el beneficio del 82% móvil. Manzur firmó el decreto horas antes de que se analizaran los siete pedidos de juicio político presentados en la Legislatura.
El magistrado había sido acusado por presunto mal desempeño en una de las denuncias formuladas por la docente salteña en contra de Mauricio Parada Parejas, quien había sido alumno de la víctima. Según la familia de la joven asesinada a puñaladas en pleno barrio Norte, en la capital tucumana, correspondía la remoción del magistrado por no haber dispuesto medidas privativas de la libertad en contra de Parada Parejas, quien había sido denunciado en reiteradas ocasiones por la profesora de Inglés debido al permanente hostigamiento que sufría.
“Hoy volvieron a matar a mi hija y se rieron de todos nosotros. Siento el mismo dolor de aquel día porque Manzur volvió a matar a mi hija”, dijo Mariela Tacacho, madre de la joven asesinada al enterarse de la decisión del Gobernador.