“¡No puedo creer la película que hay en Tucumán!”, dijo Mariela Tacacho

Mariela Tacacho, mamá de Paola Tacacho, dijo que volvía a Salta devastada por la decisión del gobernador Juan Manzur de aceptar la renuncia del juez Juan Francisco Pisa e impedir el enjuiciamiento de su desempeño en uno de los 14 procesos (13 penales) que había promovido su hija contra el femicida Mauricio Parada Parejas. La progenitora se exaltó cuando este diario le consultó acerca del comunicado del Ministerio Público Fiscal que manifiesta que las causas en cuestión eran de “interés exclusivo” de ella y de su entorno, y que ya habían sido “puestos en conocimiento”. “¡No puedo creer la película que hay en Tucumán!”, exclamó Tacacho.

Valeria Madrazo, una de las abogadas locales de la familia, luego aseguró que no habían recibido las respuestas esperadas ni de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ni del Ministerio Público Fiscal, y añadió que seguían esperándolas. “Nadie contestó la carta documento”, comentó la letrada, que precisó que el 22 de diciembre se reunieron con cuatro vocales del alto tribunal: Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse y Daniel Leiva. Aquella misiva del 14 de diciembre responsabiliza a las autoridades judiciales por los daños y perjuicios sufridos, y solicita la apertura de sumarios administrativos para todos los jueces y fiscales que intervinieron en los expedientes que instó la profesora de Inglés. Madrazo refirió que, si bien el fiscal Carlos Sale había gestionado el envío de datos, este no estaba investigando a sus pares y magistrados que pudieron impedir el femicidio. “Tampoco nos notificaron acerca de la apertura de ningún tipo de sumario en el Ministerio Público Fiscal”, agregó la abogada.

Más allá de Pisa, se desconoce a ciencia cierta quiénes actuaron en las restantes denuncias de violencia y de acoso, y cómo. Según la Corte, esta información debe ser proporcionada por el Ministerio Público Fiscal, órgano al que se la requirió dos veces en el ámbito de una auditoría inconclusa. Por iniciativa de la ONG Andhes, en el tema se involucró la propia Organización de las Naciones Unidas, que ya requirió datos sobre el caso “Tacacho” a la Justicia local.