Dos hombres permanecerán detenidos con prisión preventiva durante dos meses, luego de ser acusados en los tribunales de haber perpetrado una serie de robos en el sur de la provincia utilizando inhibidores de alarmas para automóviles.
Los sospechosos habían sido aprehendidos el jueves pasado, durante un operativo policial efectuado en Concepción.
La causa abierta por el Ministerio Público Fiscal contra ambos tiene su origen en una serie de denuncias realizadas ante la Unidad de Decisión Temprana del centro Judicial Concepción, en la que al menos siete personas afirmaron haber sido víctimas de robos por el uso de un dispositivo electrónico inhibidor de señales utilizado para vencer los sistemas de seguridad y alarmas de vehículos.
La última denuncia data del 19 de febrero, cuando un hombre relató que le habían sustraído $150.000 que estaban dentro de su camioneta, mientras el rodado se encontraba estacionado en el centro de la "Perla del Sur". La víctima, en su declaración, aportó las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas al lugar en la que se logra divisar la maniobra de los delincuentes y el vehículo en que se movilizaban. Estas imágenes resultaron claves, ya que el jueves una patrulla de la Policía reconoció el rodado y procedió a detener a los sospechosos en la vía pública.
En diversas localidades del sur
Ayer, durante una extensa audiencia, la Unidad Investigativa conducida por el fiscal Miguel Varela formuló cargos contra los dos hombres por los delitos de hurto agravado en reiteradas oportunidades, por les imputó delitos registrados en distintas localidades del sur, como Aguilares, La Trinidad, Concepción, Graneros y Monteros.
En todos los casos, los acusados habrían actuado de la misma manera para apoderarse de bienes que van desde dinero hasta dispositivos tecnológicos como notebooks y celulares, según declararon los damnificados.
En este sentido, fuentes del MPF aseguraron que no descartan que se trate de una banda organizada dedicada a este tipo de ilícitos, así como tampoco que surjan nuevos denunciantes a medida que avance la investigación.
Por otro lado, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los imputados, medida que fue concedida por el juez interviniente por 60 días mientras continúa el proceso. El MPF fundamentó este pedido en virtud del riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga que representan los encartados ya que los mismos cuentan con antecedentes.