La ONU pide otro informe por violencia a la Justicia local

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) requirió informes a las autoridades sobre el tratamiento otorgado a las 13 causas penales (14 incluido el fuero civil) que inició Paola Tacacho en la Justicia de Tucumán antes de que su agresor Mauricio Parada Parejas la asesinara y se quitara la vida. Es el segundo pedido de explicaciones que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ohchr por sus siglas en inglés), Michelle Bachelet, dirige a esta provincia por un caso de violencia institucional y contra la mujer en los últimos dos años. En 2019, esta institución internacional había solicitado información sobre el caso de “Lucía”, la niña abusada que manifestó la decisión de interrumpir su embarazo.

La intervención de la Ohchr fue instada por Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) el 25 de noviembre. La denuncia remitida “con el consentimiento de los familiares de Tacacho” refiere que la víctima no sólo perdió la vida por la imposibilidad de acceder a la justicia, sino que sus parientes también se habían topado con la resistencia de los Tribunales a rendir cuentas acerca de lo ocurrido. “Más grave aún es la situación de la familia de la víctima, que sólo pudo conseguir los datos de las causas referidas por medios periodísticos, pese a sus reiterados pedidos al Poder Judicial para que se les facilite un informe oficial de cada causa que promovió Paola”, indica el documento elaborado por la ONG que dirige Fernanda Marchese.

El organismo de Bachelet debe difundir la comunicación cursada al Estado argentino (por medio de la Cancillería), y las respuestas recibidas de parte de reparticiones públicas ligadas a la protección de los derechos humanos y del sistema judicial tucumanos. La publicidad de las actuaciones está prevista para mediados de marzo. Estas gestiones están orientadas a transparentar y monitorear posibles transgresiones a los compromisos jurídicos asumidos, y a la elaboración de informes que llamen la atención sobre el incumplimiento de los tratados internacionales. Los hallazgos de la Alta Comisionada funcionan como insumos para procedimientos especiales, y hasta para la determinación de las responsabilidades y sanciones previstas en los convenios suscritos por el país. Las constataciones de Bachelet dieron pie, por ejemplo, a la exposición de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán recibió ya la solicitud de datos emitida por la ONU. El alto tribunal integrado por los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos abrió una auditoría inmediatamente después del crimen de Tacacho, pero esta investigación interna sólo logró determinar qué acaeció con el proceso cerrado el 5 de junio de 2017 por el juez Juan Francisco Pisa, quien desestimó el pedido de juzgamiento que había formulado el fiscal Diego López Ávila y sobreseyó a Parada Parejas. Los auditores liderados por Luis Lezana Flores detectaron que Pisa había declarado la inocencia del femicida sin actualizar sus antecedentes. “El acusado contaba con cuatro registros penales por el mismo tipo de delito (violencia) al momento de la sentencia (de Pisa)”, apuntaron los auditores Mariana Tasquer y Agustín Ladetto. Tras el crimen, Pisa recibió múltiples pedidos de destitución, pero este miércoles el gobernador Juan Manzur y la ministra Carolina Vargas Aignasse otorgaron al juez el “ticket” para que este se retire con una jubilación mensual superior a los $ 300.000 al aceptar su renuncia al cargo.

Según la Corte, el acceso a los pormenores de lo acaecido en los demás casos que impulsó Tacacho y el avance de la auditoría depende del Ministerio Público Fiscal encabezado por suplentes debido a la licencia del titular Edmundo Jiménez. Con los votos de Sbdar, Estofán y Posse, el alto tribunal requirió el 11 de noviembre al entonces jefe subrogante de los fiscales Alejandro Noguera que informe el trámite y, en su caso, remita copias (Leiva y Rodríguez Campos consideraron que las copias debían quedar afuera de la petición y que esta también debía abarcar al ministro público de la Defensa, Washington Navarro Dávila). El 18 de diciembre, los cinco vocales reiteraron la solicitud, y reenviaron al Ministerio Público Fiscal una carta documento donde las familiares de Tacacho solicitan sumarios administrativos para los jueces y fiscales que manejaron las denuncias contra Parada Parejas. Ante la Legislatura, Pisa también exigió copias de los 13 expedientes.

Andhes refirió la situación a la ONU: dijo que la Corte había pedido informes sin lograr resultados. “No se conocen otras medidas implementadas. Desde el femicidio (ocurrido el 30 de octubre) no hubo respuestas para la familia ni avances significativos en las investigaciones judiciales”, expresó la ONG. Y agregó que Tacacho había sido “víctima de violencia estatal por omisión”, además de víctima del acosador que la mató: “se violó su derecho a vivir una vida libre de violencias y al acceso a una respuesta judicial efectiva, y no se protegió su integridad física. Como consecuencia de ello, Paola fue asesinada por Parada Parejas, por también por un Estado que la abandonó y facilitó su crimen. Es clave analizar la relación entre el sistema judicial y la tragedia de Paola Tacacho, que es un caso testigo del fracaso de la Justicia tucumana”.