26 Febrero 2021
UNA GRAN COLECCIÓN DE VEHÍCULOS. En 2019, remataron los autos deportivos -valuados entre U$S 19.000 y U$S 41.000- incautados a Báez.
Hace 18 años, antes de que Néstor Kirchner llegara a la Presidencia de la Nación, Lázaro Báez era monotributista y sólo tenía una casa en Santa Cruz. Una década después, el ex empleado bancario ya acumulaba 1.412 propiedades y vehículos, entre casas, departamentos, terrenos, estancias, empresas y otros inmuebles. En 2013, declaró ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que poseía $ 66 millones. Sin embargo, en 2016 el Tribunal de Tasaciones de la Nación le atribuyó un patrimonio de más de $ 3.000 millones, por entonces equivalente a U$S 205 millones.
La condena a 12 años de prisión que el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 emitió contra Baéz es, en esencia, por el lavado de unos U$S 55 millones cuyo origen ilícito está relacionado a la corrupción. Los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez dictaminaron el decomiso de U$S 61 millones y de $ 4,7 millones. Además, multó al titular de Austral Construcciones por U$S 440 millones.
El fallo de la denominada “Ruta del dinero K” tomó una determinación sin precedentes en la historia judicial argentina: aplicó multas por U$S 4.354 a la veintena de condenados anteayer. Del total, U$S 1.320 millones corresponden a Báez, su familia y la empresa que dirigió.
Las cifras récord surgen de las disposiciones de la ley de lavado de dinero, sancionada durante el Gobierno de Fernando de la Rúa, que faculta a los jueces a aplicar multas de hasta 10 veces el monto lavado. En este caso, los integrantes del TOF N°4 multiplicaron por ocho los U$S 55 millones que Báez malversó entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Kirchner y Cristina Fernández.
En aquellos años, el empresario fue uno de los principales contratistas de obra pública con la compañía que creó tras dejar, en 2003, su puesto de cajero en el Banco de Santa Cruz. Báez fue incluso quien construyó el mausoleo en donde descansan los restos del ex mandatario.
La investigación judicial se inició en 2013 en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, tras una investigación llevada adelante por los miembros del programa Periodismo para Todos (PPT). La mira estuvo puesta en una red de cuentas bancarias abiertas en el exterior que era utilizada, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero al país. Por aquel entonces, Báez procuraba hacerse cargo de la construcción de dos represas en Santa Cruz.
Posibles derivaciones
Con ell fallo del miércoles, el TOF N° 4 entrabrió la puerta para apuntar la investigación hacia Cristina Fernández. Al considerar como ilícito el origen del dinero que cobró el empresario por medio de la obra pública durante la gestión de la ex presidenta, los jueces han permitido que los funcionarios públicos de la época queden bajo la lupa.
La vicepresidenta ya es juzgada en la causa “Vialidad” como posible jefa de una asociación ilícita agravada por haberse cometido contra la administración pública. Esta se suma a los casos de “Hotesur” y “Los Sauces”, que ya investigan los lazos comerciales entre Fernández y Báez.
La opositora Margarita Stolbizer, una de las denunciantes de la “Ruta del dinero K”, sostiene que el titular de Austral Construcciones era beneficiado de forma directa por la ex jefa de Estado con contratos de obra pública en Santa Cruz. Como contraprestación, Báez pagaba supuestos retornos a través del alquiler de habitaciones el hoteles de la familia Kirchner en la Patagonia.
Por lo pronto, las condenas de Báez (12 años de prisión) y sus cuatro hijos no están firmes. Los defensores de la veintena de condenados ya anticiparon que apelarán e insisten en que son víctimas del Lawfare. Sin embargo, quedó en evidencia la existencia de una mega red de corrupción.
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