“Hablamos de una gran solución para terminar los emprendimientos habitacionales que han quedado truncos durante el Gobierno anterior y que permanecían sin financiamiento”. Así es como Jorge Garber, titular de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) definió -y elogió- la ley recientemente sancionada por el Senado sobre blanqueo de capitales e incentivos para la actividad que desarrolla.
¿En qué consiste la norma? Establece una serie de beneficios impositivos para quienes inviertan en desarrollos inmobilarios nuevos o aquellos que registren un avance menor al 50%. Además, permite declarar de manera voluntaria ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la tenencia de moneda extranjera y/o nacional.
“Uno de los puntos más importantes es que no se va a preguntar la procedencia de los fondos. Así, la plata que uno tiene en el colchón o por fuera irá al circuito financiero sin penalidad. Eso resulta fundamental para que se invierta en inmuebles, repunte la reactivación del sector y se genere una gran cantidad de mano de obra”, examinó Garber en diálogo con LA GACETA.
Quienes blanqueen capitales en los primeros 60 días, tras la entrada en vigencia de la ley, abonarán un 5% de impuesto especial. Entre los 61 y 90 días pagarán 10% y, luego, un 20% hasta los 120 días. El dinero deberá depositarse en una “Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina”.
Un pedido especial
La norma, cuya reglamentación por el Ejecutivo es inminente, exime a los empresarios que accedan al nuevo régimen del impuesto a las Ganancias, IVA y Bienes Personales, entre otras cargas. “Es un gran incentivo que se debe replicar en las provincias. El espíritu de la ley, que llamamos palanca, debe ser acompañado para que los fondos no sean alcanzados por Ingresos Brutos o el TEM (tributo de emergencia municipal”, sugirió el empresario tucumano.
Emprendimientos habitacionales como Manantial Sur y otras viviendas licitadas en San Miguel de Tucumán se verán beneficiados por la ley, según Garber. “Sirve para solucionar casi todos los problemas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)”, observó con entusiasmo.
¿Cuántos empresarios de la construcción de Tucumán podrían acogerse a la ley?, le consultó este diario al titular de la CTC. “El empresario es bastante cauto y esperará la evolución económica. Creo que será a medida que se genere la confianza, que debe ser pronto tras la reglamentación”, opinó y destacó que la ley alcanza “a todos aquellos que tengan dinero ahorrado y quieran sacarlo para invertir en proyectos inmobilarios”.
La norma prevé la creación de un “Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda” que, para Garber, tendrá efectos “inmediatos y tremendos” en la reactivación de la actividad.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, felicitó al Senado por la aprobación unánime de la ley y aseveró que “las inversiones en nuevas construcciones serán eximidas del pago del impuesto de Bienes Personales durante dos años y obtendrán un crédito fiscal igual al 1% del desembolso que realicen”.
No podrán participar del blanqueo aquellas personas que desde 2010 hayan ocupado cargos jerárquicos -ejecutivos, legislativos y judiciales- en la Nación, las provincias y los municipios, entro otras funciones públicas.