26 Febrero 2021
Caso de ataque a la prensa
El segundo pedido de juicio político que hizo el 5 de febrero el abogado Alfredo Falú contra el ex juez Enrique Pedicone fue desestimado por la comisión de Juicio Político. El letrado acusaba a Pedicone de “mala conducta”, de “falta de cumplimiento de los deberes de su cargo”, y por “actos reprochables” cometidos por el magistrado en la causa “Factor S. A. s/ asociación ilícita y otros delitos”, que actualmente se tramita en la Corte Suprema de Justicia. Falú, que en septiembre había hecho un primer pedido de juicio político contra el juez por su denuncia contra el vocal de la Corte Suprema Daniel Leiva lo acusó en esta ocasión de formar un grupo de poder en el que -dijo- estaría involucrada la periodista de LA GACETA Irene Benito, quien se ocupaba, afirmó el denunciante, de favorecer periodísticamente al juez Pedicone. Agregó que “esta tergiversa sus notas periodísticas en beneficio de los integrantes de dicho grupo”. Este pedido de juicio político fue desechado por la comisión. Falú también había presentado una querella penal contra la periodista y contra el ex presidente del Colegio de Abogados, Francisco García Posse. Estas acciones del abogado fueron repudiadas y calificadas como ataques a la libertad de expresión por la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) -que dijo que que la periodista “sufre una campaña de difamación a raíz de su trabajo de investigación ligado a la corrupción”- y por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que denunciaron una campaña de hostigamiento en contra de Benito.
Sbdar y Posse
El pedido de juicio político contra la presidenta de la Corte Suprema, Claudia Sbdar, y contra el vocal Daniel Posse fue rechazado por la comisión legislativa. Los caciques Santos Eugenio Pastrana, René Ramón Romano, Rolando Florencio Frejenal, Jonathan Edgar Rueda y Antonio Guillermo Carrazano, integrantes de la comunidad aborigen vallista, habían presentado el 5 de febrero el pedido “por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo, ignorancia inexcusable, actos de parcialidad manifiesta y reiteración de irregularidades en procedimiento”, referidos a su decisión de hacer lugar a una demanda de prescripción adquisitiva en un predio de la Quebradita. Los demandantes dijeron que se otorgó ese terreno pese a que “es parte del territorio comunitario”. La comisión rechazó el pedido. A propósito de este caso, el abogado Gustavo Morales presentó ante la Oficina de Gestión de Audiencias una denuncia contra el legislador Jorge Yapura Astorga -ex intendente de Tafí del Valle- por “presunto tráfico de influencias”. Sostiene que el parlamentario “habría hecho valer su condición de funcionario público” para que los caciques efectuaran el pedido de juicio político contra Sbdar y Posse, “con la finalidad única de forzar la renuncia de ambos magistrados, maniobra en la que también habrían participado el presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, y un abogado sexagenario”. Aportó como prueba una fotocopia de la publicación del diario digital “Tucumán despierta”, que titula una nota: “Confirmado: Yapura Astorga ‘sería el ejecutor del golpe institucional a la Corte’”.
El jefe de los fiscales provinciales había sido denunciado por su “dolencia de 11 meses”
La comisión legislativa de Juicio Político dispuso el archivo de una nueva denuncia contra Edmundo Jiménez, ministro público fiscal, fundada en la licencia en la que permanece desde el año pasado con motivo de la pandemia. “El harto cuestionado Jiménez padece una enfermedad tal que le impide trabajar -incluso vía remota desde su domicilio particular- desde hace exactamente 11 meses. Esto incide en el adecuado, transparente y eficiente servicio que deben prestar los fiscales que son, como dice el profesor Alberto Binder, ‘gestoras de los intereses de las víctimas’”, había expresado el abogado Gustavo Morales, quien, además, también había acusado al vocal Daniel Estofán (se informa por separado). Según el denunciante, Jiménez no tenía “la grandeza” de retirarse, pese a su “inhabilidad física sobreviniente” configuradora de “mal desempeño” del cargo de jefe de los fiscales.
El vocal decano había sido cuestionado por el caso “Mayol”
La comisión legislativa de Juicio Político que preside el justicialista Zacarías Khoder bajó el pulgar a una denuncia de mal desempeño vinculada a Elvira de las Mercedes Mayol, la empleada judicial que sostiene que fue acosada por el vocal decano de la Corte Suprema, Daniel Estofán. Este pedido de destitución lleva la firma de Gustavo Morales, el mismo abogado que solicitó sin suerte la expulsión del ministro público fiscal, Edmundo Jiménez (se informa por separado). Morales expresó que Mayol conocía y podía exponer sobre “la relación económica o comercial” de Estofán con un abogado que sería “su testaferro”. “Este letrado, Alejandro Torres, visita diariamente a Estofán en su despacho, lo que es conocido por quienes recorren los pasillos de Tribunales, pero, como en esa destacada película dirigida por María Luisa Bemberg, ‘de eso no se habla’”, relató Morales.
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